Al explicar los porqués del proyecto, los diputados afirmaron que si bien se habían aumentado las penas para la mayoría de los delitos, esto no incluía los casos de corrupción. Sin debate y mano alzada, ayer tuvo media sanción una iniciativa que agrava las penas para “los funcionarios públicos que reciban dinero o cualquier otra dádiva para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”. En el recinto el proyecto tuvo un cambio no menor: las penas previstas originalmente entre cuatro y diez años bajaron su graduación de tres a ocho. El cambio les permite a los acusados obtener la excarcelación. La iniciativa será de reclusión más inhabilitación absoluta y perpetua si el autor fuere “el Presidente de Nación o vicepresidente, un gobernador o vicegobernador o el jefe o vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interventor federal, ministro, legislador, intendente concejal o funcionarios de jerarquía de organismos del Estado”. Promovida en primera instancia por la bonaerense Mirta Pérez y luego hecho suya por la Comisión de Legislación Penal, la iniciativa pone como antecedente el caso de los presuntos sobornos en el Senado cuando en el 2000 se discutió la ley de reforma laboral. Originariamente el proyecto contemplaba el cumplimiento de la pena. Algo descartado luego de que en el recinto se modificaron los máximos previstos.