La Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de un grupo de camaristas de La Plata que obstaculizaba la investigación de una organización de funcionarios judiciales y abogados especializados en saltar el corralito en tiempo record a cambio de un porcentaje. Un sector del tribunal bonaerense había eliminado como prueba los registros de llamadas realizados y recibidos por dos juzgados de esa jurisdicción. El máximo tribunal tomó cartas en el asunto y ayer dispuso que los cruces de comunicaciones deben ser tenidos en cuenta para sacar conclusiones.
En el ámbito de la Cámara Federal de La Plata se abrieron sumarios administrativos a raíz de las denuncias de abogados que señalaron la existencia en los juzgados federales 2 y 4 de un sistema para privilegiar a ciertos estudios en el trámite de amparos contra el corralito. La principal pesquisa interna quedó a cargo del camarista Román Julio Frondizi y recogió testimonios alarmantes: desde relatos sobre clientes tentados por abogados que les ofrecían resultados en 48 horas (repartiendo el beneficio con jueces y empleados) hasta una ex secretaria del juzgado 4, a cargo de Julio César Miralles, que reveló que allí funcionaba un “juzgado paralelo” por la tarde para acelerar ciertos expedientes. El rastreo de los llamados mostró infinidad de contactos fuera de horario con abogados repetidos cientos de veces.
Con una mayoría conformada por Sergio Dugo, Alberto Durán, Julio Reboredo, Antonio Pacilio y Carlos Antonio Vallefín, la Cámara platense invalidó el análisis de las comunicaciones telefónicas (hecho con un sistema que reporta llamadas entrantes y salientes) con el argumento de que era una “intromisión a la privacidad”. Los camaristas Frondizi y Leopoldo Schiffrin, en desacuerdo, solicitaron la intervención de la Corte y denunciaron “una atmósfera de intimidación destinada a impedir el progreso de las averiguaciones”.
Todos los miembros del alto tribunal –menos Carlos Fayt que votó en disidencia– advirtieron que “anular los entrecruzamientos de los registros telefónicos” reduce abruptamente “el material probatorio reunido e impide profundizar en aspectos decisivos” del sumario en trámite. Para los supremos “la gravedad y extensión de los abusos investigados” obligan a revocar la decisión mayoritaria de la Cámara platense. Advierten también que los funcionarios judiciales, en virtud de sus cargos públicos, gozan de “menor grado de protección del ámbito de la intimidad” que “el común de los habitantes”. Y dejan asentada su “preocupación por el estado en que se encuentran sectores del fuero federal de La Plata” donde, advierten, se registra una “situación de inusitada gravedad institucional”.