Se complica la situación judicial del diputado y líder piquetero Luis D’Elía. El juez federal Jorge Urso, que investiga la toma de la comisaría 24ª, firmará en las próximas horas un pedido de juicio político para poder ordenar su detención porque considera que los delitos que se le imputan son “graves”. Además de los destrozos que se produjeron en la seccional, le adjudican haber impedido la salida de personas que estaban haciendo trámites, es decir, le imputan haber cometido privación ilegal de la libertad. Por otra parte, el ex funcionario y fiscal José María Campagnoli no concurrió ayer a la declaración indagatoria a la que había sido citado por cuarta vez. Pero logró pasar la cuestión al fuero ordinario y sacarlo del federal, a cuyos jueces recusó en su conjunto por “enemistad manifiesta”.
Un funcionario vinculado a la defensora Perla Buck, que representa a Campagnoli, indicó a Página/12 que “hubo una confusión con las fechas y por eso pidió una aclaración al juzgado”. Sin embargo, este diario pudo saber que el ex subsecretario de Seguridad presentó un hábeas corpus preventivo ante el juez de instrucción Ricardo Warley porque el juez Urso tiene intenciones de detenerlo si no se presenta a declarar. Fuentes allegadas al ex funcionario precisaron que Warley rechazó el amparo, pero el asunto pasó en consulta a la Cámara del Crimen, que citó para hoy a Campagnoli y a Urso. El juez debería explicar por qué quiere detenerlo.
Urso considera que tanto Campagnoli como Norberto Quantín, ex secretario de Seguridad y actual fiscal de Cámara, “se escudan en su cargo para no concurrir a las citaciones”, según confió a este diario uno de sus colaboradores. Ante los reiterados faltazos del ex funcionario y el anuncio de Quantín de que hoy tampoco acudirá a la audiencia fijada para su indagatoria, Urso había evaluado la posibilidad de enviar los antecedentes de ambos a la Procuración General de la Nación para pedir su desafuero. Sin embargo, por ahora optó por reiterar los llamados para que acudan la semana próxima.
Distinta aparece la situación de D’Elía. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron su indagatoria, pero Urso todavía no había fijado fecha. Ahora, el juez pretende que la Legislatura provincial decida si “encubre a los piqueteros o permite que se sometan a la Justicia”, según explicaron en el juzgado. En un escrito que presentó, el líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) defendió la intervención del Gobierno en la toma de la comisaría, ocurrida el 25 de junio. Y aseguró que su presencia en el lugar “contribuyó a menguar los ánimos”, agitados a raíz de la muerte del piquetero de esa agrupación Martín “Oso” Cisneros, que fue asesinado en su casa de Olavarría 284, en La Boca. Los manifestantes estaban enardecidos por la inacción policial ante el homicidio.
Sin embargo, al prestar declaración indagatoria el 13 de octubre, el ex comisario de la 24, Cayetano Greco, afirmó que D’Elía “dirigía toda la ocupación” de la seccional policial “con una actitud agresiva”. Según su versión, él ordenó recuperar la comisaría siguiendo órdenes vía telefónica de la jueza de instrucción María Angélica Crotto. La jueza le habría dicho que procediera acorde con su experiencia en esos casos. Pero señaló que Campagnoli se mostró contrario a esa salida por la fuerza “porque dijo que había que encontrar una solución de consenso”. A diferencia de D’Elía y Greco, los fiscales están acusados del delito de desobediencia.
Quantín y Campagnoli eran estrechos colaboradores del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz y fueron relevados del cargo por el presidente Néstor Kirchner el 24 de julio. A partir de entonces, el primero retomó sus funciones como fiscal general ante la Cámara del Crimen, mientras que el segundo ejerce como fiscal barrial en La Boca. Además de los dichos de Greco, la jueza Crotto denunció que la noche del 25 de junio ordenó desalojar la comisaría, pero funcionarios políticos optaron por buscar otro juez para entablar una negociación. En diálogo con Página/12, Quantín afirmó que la jueza nunca dio órdenes porque había delegado la causa a losfiscales de distrito. Por lo tanto no sería cierto que mantuvo una conversación con Greco en la que le indicó que detuviera a los piqueteros y se los enviara al juzgado. “Estábamos todos ahí, y si Greco hubiera recibido esa orden nos habríamos enterado”, razonó Quantín. El fiscal anticipó que no acudirá hoy en un escrito con fuertes críticas a Urso (ver aparte).