Luis Horacio Santucho era hasta ahora uno de los abogados del doble crimen de La Dársena, la causa que disparó el proceso de intervención federal en Santiago del Estero. Acaba de presentar su renuncia con un escrito de cuatro páginas. El paso al costado, en realidad, refleja las tensiones políticas que atraviesa la provincia. Una parte de los familiares exige una investigación sobre la vieja hipótesis que vincula la fiesta y los crímenes con el hotel del cajero de los Juárez, Néstor Ick, un poderoso empresario santiagueño con causas pendientes en la Justicia. Santucho no comparte esa vía. Cree que beneficia a los responsables de la represión como el ex comisario Musa Azar, procesado por los homicidios. En tanto, a más de veinte meses, los santiagueños aún se preguntan cómo fueron los crímenes.
La causa judicial ya pasó por las manos de cinco jueces desde febrero de 2001, cuando una buscadora de huesos se topó con los cuerpos de Leyla Bshier y Patricia Villalba en un monte de La Dársena. El nuevo poder judicial de la intervención sustituyó a la jueza María del Carmen Bravo por Mario Medina. Medina fue recusado y la Cámara acaba de confirmarlo. Durante su actuación liberó a algunos detenidos, como un ex diputado del juarismo, pero confirmó el procesamiento de siete personas, entre ellas cuatro policías y al ex todopoderoso Musa Azar como jefe del grupo de tareas que habría secuestrado, torturado y matado a Patricia Villalba.
“El doble crimen pareciera que ha ingresado invariablemente hacia el Pozo de Airón –dice Santucho en su renuncia–: Musa Azar, la atroz bestia asesina, comienza a convertirse en el ‘comisario general’. Sus abogados y familiares aparecen mortificados y consternados como si estuviéramos en presencia de un tierno personaje, víctima expiatoria de una campaña organizada para mancillar su inexistente honor.” Según cree, la causa atraviesa “una etapa de acechanzas sobre la verdad y razón”. Renuncia por “principios morales”. La estrategia inaugurada por el apoderado actual de la familia Villalba, dice, “no es compartida por el suscripto”.
Santucho se refería a Washington Inca Cardoso, el nuevo apoderado de los Villalba. Detenido y perseguido político en los ’70, Cardoso patrocinó al diputado José Figueroa en la querella contra los Juárez por la quema de su casa. Ahora es referente de una línea interna del PJ. Como abogado, impulsa la investigación “hacia una hipótesis que jamás se investigó y que existe desde el primer día”, le dijo a este diario. Y agregó: “No estamos descartando la participación de Musa Azar, pero nos metemos en la primera parte de la historia: ¿dónde fue la fiesta?”. Cardoso apunta “al hotel del empresario Néstor Ick”, el magnate de Santiago. Ick fue denunciado por la OA como jefe de la asociación ilícita formada con Juárez para conseguir la privatización de los negocios del Estado. La denuncia incluyó a más de 60 ex funcionarios y está detenida en el juzgado federal, atendido por un viejo amigo del empresario.