En la sala de audiencias, los manifestantes, apretujados, quintuplicaban a los consejeros. El silencio explotó cuando el camarista Claudio Kiper, que presidía la sesión del Consejo de la Magistratura, hizo el gran anuncio y ratificó que habrá un aumento salarial del 10 por ciento para los jueces y empleados judiciales a pesar de que una acordada de la Corte Suprema la semana pasada lo dio por suspendido. “La liquidación se realizará, la decisión está tomada y firme”, anunció. Esta definición agudiza el enfrentamiento entre Consejo y el máximo tribunal, que arrastran una disputa histórica de competencias. La situación preocupa en el Ministerio de Justicia.
Hace dos semanas el cuerpo de consejeros, que administra el dinero del Poder Judicial, aprobó una suba en los sueldos y el reescalafonamiento retroactivo al 1º de octubre de buena parte de los empleados. Así, el incremento en muchos casos supera el 10 por ciento. Esa decisión causó revuelo en la Corte, donde seis supremos sostienen que modificar remuneraciones es una facultad que les pertenece. Cinco días después el tribunal firmó una acordada ordenando la suspensión del beneficio. Entonces el Consejo convocó a un plenario para responder y la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) decretó un paro por tiempo indeterminado.
El plenario del Consejo tenía su cita ayer a la mañana y estuvo cerca de naufragar. Una catarata de llamados desde la cartera de Justicia y la Corte a varios consejeros logró que no hubiera quórum. El Gobierno teme que, por efecto dominó, crezca una ola de reclamos del sector público y los tribunales provinciales. El máximo tribunal se anticipa a que sus empleados, excluidos del aumento porque dependen de un presupuesto aparte, exijan más plata. Con once miembros presentes –el quórum es doce–, el pleno pudo hacer una declaración, pero no estaba habilitado para votar nada ni poner en consideración un largo temario pendiente.
Uno de los ausentes fue Enrique Petracchi, presidente de la Corte y del Consejo, lo que desató comentarios porque la resolución del alto tribunal invitaba al diálogo entre ambos organismos. Ante la falta de quórum, Petracchi fue convocado desde el pleno pero en su despacho dijeron que no estaba. “El diálogo debe existir y debe darse en el plenario, no en componendas particulares”, dijo el consejero-abogado Luis Pereira Duarte.
Desde un comienzo fue evidente la disposición de los consejeros a sostener sus atribuciones para elevar sueldos. Los argumentos de esa postura y la contestación a la Corte quedaron plasmados en un documento que elaboró el consejero-académico Humberto Quiroga Lavié y que fue firmado por sus pares durante la tarde. “El Consejo de la Magistratura no ha hecho otra cosa que aplicar sus competencias constitucionales explícitas”, dice. “Ha actuado prudente y razonablemente por disponer de fondos suficientes con un significativo sobrante”, señala.
Finalmente, los consejeros instruyeron a la administradora del cuerpo para que se pague el plus en la próxima liquidación. Una multitud de empleados judiciales dentro y fuera del recinto estalló en una ovación y la UEJN anunció que levantaba el paro. La Asociación de Magistrados igual pide que el refuerzo para los jueces llegue a 30 por ciento. En la Corte siguen sosteniendo que la decisión del Consejo es ilegal y algunas voces relativizan la validez de la declaración del plenario de ayer. Aún no descartan otra intervención. Si el conflicto de competencia se judicializa tendría que resolverlo el propio tribunal supremo, con conjueces. En el Ministerio de Justicia dicen ver con preocupación “el conflicto de poderes” pero apuestan a que haya una negociación entre ambos organismos.