“¿Para qué reabrir la causa si después la iban a declarar inconstitucional? En Argentina todavía existen judicialmente ciertos resabios autoritarios que protegen a los asesinos. Eso es político y no judicial.” El abogado Adrián Gómez, querellante en la causa de Campo de Mayo, cuestionó de esta manera la decisión de la Cámara Federal de San Martín, que el lunes declaró inconstitucional la Ley 25.779 que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Gómez participó en el acto de repudio a ese fallo que distintos organismos de derechos humanos realizaron ayer en la puerta de los tribunales.
Las organizaciones que manifestaron ayer en San Martín consideraron la medida tomada por la Cámara Federal de esa jurisdicción como “violatoria del derecho internacional”, al mismo tiempo que resaltaron su carácter contradictorio con la decisión adoptada por el tribunal en pleno, que el año pasado ordenó la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de Campo de Mayo.
Los jueces Hugo Fossati, Jorge Barral y Narciso Lugones basaron su decisión en la falta de facultades por parte del Congreso para anular leyes con efectos retroactivos. Para esos magistrados, dicha atribución entra sólo dentro de la esfera del Poder Judicial. Asimismo, consignan que los militares que violaron los derechos humanos tienen “derechos adquiridos” y que quitárselos viola la “seguridad jurídica”.
Adrián Gómez, uno de los abogados querellantes en la causa, cuestionó esa interpretación. Para Gómez, la sentencia es “violatoria del derecho internacional” mientras permite, por el momento, que los “crímenes cometidos en Campo de Mayo queden impunes”. Por otro lado, el fallo, que según confirmó Gómez a Página/12 será apelado, se opone a la decisión adoptada por la misma cámara, que en septiembre de 2003 decidió reabrir las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Por eso Gómez se cuestiona sobre el carácter político de la decisión.
El comunicado de repudio distribuido en San Martín, firmado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Correpi, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S, entre otros organismos de derechos humanos, denuncia que la medida de la cámara “desconoce el reciente fallo dictado por la Corte Suprema que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad” y viola “los compromisos asumidos por el Estado argentino que tiene la obligación de adecuar su funcionamiento y legislación a los parámetros contenidos en los textos internacionales de protección a los derechos humanos”.
La decisión de Fossati, Barral y Lugones beneficiará a los represores Osvaldo García, César Fragni, Raúl Harsich, Alberto Aneto y Santiago Omar Riveros, el único que permanecerá detenido porque está preso también en la causa de robo de bebés.
Ana María Asturillo, querellante en el juicio por la desaparición de sus padres y cuñada, lejos de un resignado silencio expresó: “Pido justicia por el pasado, para que el futuro tenga justicia. No quiero que en este país, por más ideas políticas que tenga, desaparezca una persona más”.
Al lado suyo estaba el padre de Floreal Avellaneda, un adolescente de 15 años secuestrado durante la última dictadura y en cuyo asesinato participó Harsich, uno de los acusados en la causa. Frente a la posibilidad de que sea liberado, se cuestionaba: “Nosotros teníamos entendido que las leyes de la impunidad eran nulas y que los iban a juzgar. Sin embargo, los detuvieron y ahora los ponen en libertad”.

Informe: Carolina Keve.