Contra viento y marea, el juez federal Jorge Urso quiere sentar en su despacho a los fiscales y ex funcionarios Norberto Quantín y José María Campagnoli para indagarlos en la causa por la toma de la comisaría 24. Por eso, ayer pidió al procurador general, Esteban Righi, que los despoje de la inmunidad de arresto porque no se presentan a declarar y los fueros impiden su traslado compulsivo a los tribunales. Por su parte, el diputado provincial y líder piquetero Luis D’Elia advirtió que su desafuero, ya pedido por Urso, “sería abrir las puertas del infierno” porque en las cámaras legislativas “hay gran cantidad de pedidos similares de jueces penales por hechos de corrupción” y su caso sentaría un precedente.
Tal como anticipó Página/12, Urso firmó ayer un escrito en el que enumeró la cantidad de veces que los convocó y las respuestas de los abogados defensores. “Repasadas las presentaciones efectuadas por los imputados Quantín y Campagnoli, corresponde abordar concretamente sus inasistencias a las audiencias que les fueron fijadas para el día 24 de noviembre y para el día de la fecha (26 de noviembre), respectivamente, que desnudan su empeño por mantenerse al margen del proceso e imponen desembarcar en el pedido que formularé”, escribió el magistrado. A continuación, reprodujo el contenido de la ley 25.320: “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”.
Quantín y Campagnoli, secretario y subsecretario de Seguridad respectivamente al momento de la toma de la comisaría, están acusados en el expediente por haber desobedecido a una jueza de instrucción que habría ordenado el desalojo de la comisaría y la detención de los piqueteros que responden a D’Elía, que habían ocupado el local en repudio a la inacción policial frente al asesinato de uno de sus compañeros, Martín Cisneros. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers pidieron que sean citados a declaración indagatoria y Urso los convocó en varias oportunidades. Campagnoli lo recusó aduciendo “enemistad manifiesta” no sólo respecto de él sino de todo el fuero federal. Quantín calificó la actitud de Urso como “hostil” y solicitó la nulidad de su indagatoria. Incluso anteayer, la Cámara del Crimen le concedió a Campagnoli el hábeas corpus que presentó para evitar ser detenido. Así las cosas, dos fueros quedaron enfrentados y la pelota parece haber quedado en la cancha del procurador Righi. De todos modos, Urso insiste y volvió a fijar audiencia a los fiscales para el lunes y martes próximos.
En este expediente, el legislador y dirigente piquetero D’Elía también está imputado, pero se le adjudican casi media docena de delitos graves. Anteayer Urso pidió su desafuero y detención, de modo que ahora tienen la palabra los diputados provinciales. D’Elía apeló la decisión de Urso, pero reiteró que si ese planteo no prospera renunciará a su banca. Por su parte, la Cámara de Diputados bonaerense se tomará su tiempo y tramitará con “mucha precaución” el pedido judicial, porque “no es un tema fácil” sino que “resulta un asunto delicado”. Así lo aseguró el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Poder Legislativo provincial, el justicialista Carlos Bonicato. También se mostró cauto el presidente de la cámara, Osvaldo Mércuri, al asegurar que si D’Elía no cometió sus presuntos delitos en la provincia no correspondería que pierda sus fueros.