“¿Qué busca?” “¿Aparecer como un mártir?” “¿Se volvió loco?” “¿O tendrá todo arreglado con la Corte para salvarse?” La reacción en cadena que invadió Tribunales tenía a Carlos Grosso como protagonista. Había aparecido a la mañana temprano en el juzgado de Eliseo Otero con una carta que distribuyó por doquier y que decía: “Me presento espontáneamente detenido para demandar que se me haga justicia”. El ex intendente porteño decidió entregarse, con argumentos de víctima, antes de que lo fueran a buscar y quedó preso en la Gendarmería. Estaba enterado, planteó, de que la Sala VII de la Cámara de Apelaciones se preparaba para ordenar su detención por asociación ilícita en la causa en que se lo responsabilizó por la concesión espuria del complejo Golf-Velódromo en 1991.
El ex funcionario que regresó al poder como asesor del fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saá y se fue con un cacerolazo aun antes que el puntano, llegó ayer al juzgado de Otero con su mujer y sus abogados y apoyó sobre el escritorio el texto de su entrega voluntaria (ver aparte). Ese magistrado lo había sobreseído cuatro veces y llegó a considerar que el expediente del Golf-Velódromo estaba prescripto. Cuando en marzo los camaristas de la Sala VII, Abel Bonorino Peró y Juan Manuel Piombo, procesaron con prisión preventiva a Grosso como coautor –junto con otros tres ex funcionarios– de asociación ilícita, Otero lo salvó de las rejas con una exención a cambio de una caución real de 20 mil pesos.
Lo que hizo Grosso para forzar su detención fue retirar la garantía que había presentado, en este caso un departamento. “Nosotros estamos sorprendidos, fue una decisión exclusiva de él que nos comunicó el martes a la noche”, se desentendió Roberto Vald, uno de sus abogados.
Jurídicamente la situación era así: el fiscal Pablo Lanusse había apelado pidiendo que Grosso fuera preso como jefe de la asociación ilícita que se lo acusaba de integrar y los defensores del ex jefe comunal habían presentado ante el tribunal de alzada un recurso extraordinario para que el tema pasara a la Corte Suprema “y los ministros desbarataran la cuestión de la asociación ilícita”, según explicó Vald. El argumento oficial de su cliente es que ante “rumores en los ámbitos políticos y judiciales” que anunciaban resoluciones de la Cámara en su contra, prefería ir preso directamente.
“Grosso se hizo encerrar para poder recurrir directamente a la Corte con un recurso de queja planteando, seguramente, el agravio de su detención anticipada. Pero lo que busca es más, es reeditar para su caso el fallo con que la Corte permitió la libertad de Emir Yoma en la causa armas y de Víctor Alderete en una de las causas de maniobras en el PAMI”, señaló el abogado Eduardo Guarna, querellante en la causa. Según el penalista, además, el criterio sobre asociación ilícita que utilizó la sala VII al procesar a Grosso es opuesto al que usó la Corte al facilitar la libertad de Yoma y también Carlos Menem. “Una estructura de poder puede convertirse en una asociación ilícita cuyos miembros deben ser encarcelados o por lo menos sometidos a proceso”, sostuvieron los camaristas. Los supremos dijeron: “La asociación ilícita requiere pluralidad de planes delictivos y no meramente pluraridad de delitos”.
La causa sobre la licitación del campo de Golf municipal y el Velódromo tiene más de diez años y se inició con una denuncia del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entonces concejal Aníbal Ibarra. El rol de querellante fue asumido por Guarna en nombre de la Defensoría del Pueblo en tiempos en que su titular era Antonio Cartañá. A Grosso y parte de su equipo se los acusaba de haber entregado en forma directa el predio a la empresa Asesores Empresarios SA (AESA) que, según investigadores del caso, integraban ex funcionarios del gobierno menemista y había sido armada para la ocasión. Esa firma fantasma ni siquiera se había presentado a la licitación y fue beneficiada, según fuentes de la pesquisa, con un contrato que incluso la eximía de pagar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y otros impuestos municipales durante los 20 años de concesión.
“Hoy es el día de la asimilación del impacto. No sabemos qué es lo próximo que vamos a hacer, todavía no estamos pensando una estrategia”, eludió Vald, consultado por Página/12. No niega, sin embargo, que el próximo escalón pueda ser la Corte. Si el máximo tribunal derrumba la asociación ilícita, podrían caer otras causas que Grosso tiene pendientes en otros juzgados, como la de la famosa Escuela-Shopping y la del Club Hípico-Velódromo, donde también aparecen licitaciones supuestamente arregladas.