A dos años y cinco meses de la masacre de Avellaneda los piqueteros cortaron el Puente Pueyrredón en reclamo de justicia. Fue una jornada de tensión por el operativo policial que, cumpliendo la decisión del Gobierno de no permitir un corte total, impidió que un sector de los manifestantes subieran al puente. Al mismo tiempo hubo fuertes cruces entre las organizaciones de desocupados, enfrentadas sobre la estrategia a seguir para que se investigue a los responsables políticos de la represión.
Por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki irán a juicio oral el comisario Alfredo Fanchiotti, el cabo Alejandro Acosta y un puñado de policías, estos últimos acusados de encubrimiento. Las organizaciones de desocupados plantean, sin embargo, que la masacre no fue un mero exceso policial, sino que el gobierno de Eduardo Duhalde decidió la represión como una forma de disciplinar al movimiento social. Por eso piden que la Justicia cite a declarar al ex presidente y a los funcionarios que pueden haber tenido vinculación con lo sucedido en aquella jornada, que terminó con dos muertos y 33 heridos con munición de plomo.
Hasta aquí las coincidencias. Luego hay dos grandes posturas sobre cómo seguir. Los familiares de Santillán y Kosteki crearon una comisión independiente que buscará hacer presión sobre el Gobierno para que abra los archivos de la SIDE. La comisión tiene una postura crítica hacia la administración kirchnerista, ya que cuestiona al Presidente por haber “incumplido su compromiso” de avanzar en la pesquisa.
“Hace más de un año, Kirchner nos prometió crear una comisión investigadora que finalmente quedó en la nada. No tiene voluntad política de investigar a Eduardo Duhalde, con lo cual termina siendo cómplice”, dijo en una conferencia de prensa el padre de Darío Santillán, Alberto. Por otra parte señaló que ahora no apoyará la eventual creación de la comisión gubernamental porque ha perdido la confianza.
El planteo fue formulado en una conferencia de prensa frente a la estación de trenes de Avellaneda, donde se leyó un documento y se presentó a la comisión independiente que integran además Vanina Kosteki (hermana de Maximiliano), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Juan Carlos Capurro (Comité de Acción Jurídica), James Petras, Hernán López Echagüe, representantes de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, H.I.J.O.S, Correpi, Apemia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, las Defensorías Populares Autónomas y la Asociación de Profesionales en Lucha, con el apoyo del Frente Popular Darío Santillán y el Polo Obrero. Los diputados Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Luis Zamora y José Roselli estuvieron en la marcha para respaldar el reclamo.
Los manifestantes habían anunciado que subirían al lomo del puente para cortar el tránsito como todos los 26, pero se toparon con un despliegue policial que les impidió hacerlo. En medio de tensas negociaciones con el Ministerio del Interior lograron avanzar hasta el pie del acceso, frente al Bingo de Avellaneda y allí la infantería les cerró definitivamente el paso. Para poder hacerlo la misma policía debió cortar el puente, con lo cual el tránsito quedó interrumpido.
A las dos de la tarde un segundo grupo de organizaciones llegó para hacer su movilización. A diferencia del anterior, el sector –integrado por el MTD Aníbal Verón y la Corriente Clasista y Combativa– apoya la creación de una comisión gubernamental y ha modificado su método de protesta, consensuando con los comerciantes de Avellaneda cortes que dejan abiertos carriles de circulación.
El dirigente Juan Cruz Daffuncchio criticó la postura de los familiares. “Rechazar la comisión investigadora es hacerle el juego a Eduardo Duhalde. Descompromete al Gobierno con respecto a la investigación”, dijo. “La iz-quierda oportunista en su ambición mediática y de búsqueda de protagonismo termina lavándole las manos al Gobierno en la investigación.” Daffuncchio también acusó al Frente Darío Santillán y al Polo Obrero de “boicotear” el acuerdo con los comerciantes de Avellaneda. Y se quejó de que la policía, con el mismo objetivo, había mantenido cortada la circulación más de lo necesario.
Por primera vez en muchos meses, el principal aludido de la jornada hizo declaraciones sobre el tema. Entrevistado por la Rock & Pop, Eduardo Duhalde dijo que él está de acuerdo en que “no tienen que quedar dudas” sobre las responsabilidades en los asesinatos de Kosteki y Santillán. El ex presidente consideró, incluso, que “todos los antecedentes que puede haber en los organismos de seguridad tienen que ser públicamente puestos a la luz del día”.