El conflicto institucional entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema es bastante más serio que el dinero que hay en juego. El Consejo ha resuelto un aumento de salarios a judiciales que se ha puesto en marcha y que preocupa al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y a Roberto Lavagna por un eventual efecto cascada.
En la Rosada hay rezongos audibles referidos al presidente de la Corte, Enrique Petracchi, quien lo es también del Consejo. Ocurre que Petracchi no asume los dos roles. “Tiene los dos sombreros, pero sólo se pone uno”, se divierte un conspicuo inquilino de la Rosada. Las quejas no se refieren sólo a la tenida de Petracchi, más bien a su falta de muñeca para pilotear la crisis. De hecho, el presidente de la Corte suele hurtar el cuerpo a las reuniones del Consejo, lo que obviamente le veda cualquier modo de negociación o articulación.
Para colmo, Petracchi mociona un aumento cuya aplicación práctica mejoraría mucho a los jueces y bastante menos a los empleados. Así fue señalado desde el Consejo, desde la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que lidera Julio Piumato y criticado en el Ejecutivo.
El argumento que utilizó Petracchi ante dos ministros del gabinete nacional para justificar su –por empezar antipática e impolítica– moción de aumento para su grey fue la intangibilidad constitucional del sueldo de los jueces. Cuando se le replicó que no se discutía un recorte sino un aumento, lo que dejaba huérfana de sentido a su argumentación, Petracchi replicó que la intangibilidad debía persistir en su relación con el sueldo de los empleados. Es decir, si hay un incremento para los judiciales, los magistrados deben recibir otro equivalente porque de lo contrario, en términos relativos, su retribución es alterada. Una interpretación constitucional novedosa, extensiva, creativa –¿cómo llamarla?–, corporativa. Y bien a trasmano del clima de época al que la renovación de la Corte hizo mucho por mejorar.