Los salarios del Poder Judicial siguen generando revuelo por todos los rincones. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, hizo una denuncia penal para que se investigue si el aumento general del 10 por ciento otorgado por el Consejo de la Magistratura viola la ley de administración financiera. La presentación está basada en un planteo del Ministerio de Economía que advierte sobre la posible existencia de delitos. Mientras tanto, la Corte Suprema persevera en su propia pelea de poder con el cuerpo de consejeros. En el acuerdo de ayer analizó medidas contra el incremento en danza y debatió una fórmula para dar una suba del 30 por ciento exclusivamente a los jueces. Al final, los supremos no firmaron ninguna resolución porque no lograron consenso interno.
Esta semana los empleados y funcionarios judiciales, incluidos los jueces, cobraron el plus dispuesto en noviembre por el plenario del Consejo de la Magistratura. Fue del diez por ciento para todo el mundo más el reescalafonamiento de buena parte del personal. La medida, de esa manera, acercó los sueldos de cargos inferiores e intermedios a los de mayor jerarquía. En los tribunales estaban todos locos de contentos con excepción de los magistrados, que quieren más plata para ellos. Tampoco se compenetró con el festejo el personal de la Corte, excluido del beneficio porque el tribunal maneja su propio presupuesto.
A pesar de que no sintonizan en sus intenciones y que tuvieron cortocircuitos, la Corte y el Gobierno vienen atacando con igual ímpetu al Consejo de la Magistratura. Sostienen que la recomposición salarial que dispuso infringe la ley de administración del gasto público por no estar basada en una partida presupuestaria autorizada. Para pagar, los consejeros resolvieron usar un excedente que llegaba a 500 millones de pesos producto del 3,5 por ciento que el organismo recibe periódicamente de la recaudación fiscal. En la Casa Rosada se llegó a pensar en bloquear los fondos o en cortarle el superávit impositivo al Poder Judicial.
- Economía ataca. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía se presentó el lunes ante la Procuración General y le pidió que promueva acciones legales contra la decisión del Consejo de liquidar los haberes con aumento. En días previos, tanto el secretario del área, Carlos Mosse, como el propio Roberto Lavagna habían hecho llegar por escrito a varios despachos de Gobierno y la Auditoría General de la Nación la advertencia de que estaría en juego el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque también hablaron de malversación de fondos.
Finalmente, el procurador Righi giró una denuncia a los tribunales federales para que allí se sortee un juez que se haga cargo de la investigación. Righi, dicen sus colaboradores, no está convencido de que la salida acertada al conflicto sea judicial y que en ese ámbito podría volverse eterna. Entre los jueces federales, los que tienen cuentas pendientes con el Consejo por denuncias que tramitan en su contra estarían especialmente interesados en darle aire al tema (un clásico recurso para presionar). Otro sector sería proclive a excusarse.
- La Corte, obstinada. Los supremos ya apelaron a toda clase de estrategias para disputarle poder al Consejo y reivindicar como propia la facultad de modificar las remuneraciones judiciales. Primero firmaron una acordada suspendiendo el aumento, que los consejeros desoyeron. Luego el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, le pidió presupuesto al jefe de Gabinete para disponer su propio incremento, pensado a favor de los jueces y casi excluyente para los funcionarios inferiores. Sin respuesta oficial y con el reescalafonamiento que irrita a los jueces convertido en un hecho consumado, Petracchi intentó otras salidas en el plenario cortesano de ayer. Su argumento se centra en la intangibilidad constitucional de los sueldos de los jueces que, entiende, se ve afectada al acortarse la brecha en relación con la retribución del resto de los judiciales. Para él los magistrados deberían recibir la suba que reclaman, del 30 por ciento. Los jueces de la Corte analizaron salidas alternativas durante el acuerdo de la mañana. Descartaron hacer ellos una denuncia penal, pero durante todo el día quedó circulando por las vocalías un proyecto para dar el aumento en cuestión a los jueces, previa autorización de una partida presupuestaria, que al chocar con el del Consejo forzaría tarde o temprano una definición. En el alto tribunal, además, creen que el pleno de Consejeros en algún momento se quedará sin dinero para pagar. Con todo, no lograron mayoría para firmar una resolución.