“En los ‘90 la corrupción se gestionaba a través de los bancos y el sistema financiero. En la era Kirchner la matriz se basa en la obra pública”. Con estas palabras, la líder del ARI, Elisa Carrió, presentó ayer un informe sobre lo que definió como “el nuevo circuito de negocios”. Incluyó la opinión de que la Justicia patagónica debió haber procesado por coimas al actual ministro de Planificación, Julio De Vido, por hechos ocurridos cuando era funcionario santacruceño.
Carrió comenzó comparando los fondos por obra pública que recibe Santa Cruz con el resto de las provincias. Explicó que –aunque su población apenas supera los 200 mil habitantes– tiene asignado un presupuesto para viviendas de 191 millones de pesos, superado sólo por Buenos Aires y Santa Fe. Esto le permitiría dar respuesta al 55 por ciento de los hogares con precariedad habitacional, mientras que, por ejemplo, Formosa recibe fondos para resolver sólo el 1,58 por ciento, Chaco el 2,39 y Buenos Aires el 5,5 por ciento.
A continuación, Carrió aseguró que el “costo final de la obra” en la tierra de los Kirchner es entre un 15 y un 20 por ciento mayor. Comparando con otras provincias patagónicas, en Santa Cruz –siempre según los datos del ARI– construir una vivienda de 49 metros cuesta 93.068 pesos, mientras que en Chubut el costo es de 49.840 y en Tierra del Fuego 74.166.
“Esto revela los sobreprecios que se pagan a través de un modus operandi que se repite”, explicó la líder del ARI.
La denuncia fue presentada por Carrió y elaborado por la diputada Fabiana Ríos y la directora del Centro de Estudios para la Gestión Pública del Instituto Hannah Arendt, Paula Olivetto. Allí también se detalla la distribución de la obra pública vial: según los datos del ARI, Santa Cruz “contaba con un crédito de 13.800.000 pesos y hoy su crédito vigente asciende a 178.000.000 de pesos, diferencia otorgada sin la intervención del Congreso”.
Según Carrió, la mayor parte de las obras públicas adjudicadas en Santa Cruz se concentra en un puñado de empresas: Eleprin S.A, Kank y Costilla, Gotti, Palma S.A, Esuco S.A. “La obra pública desarrollada en la provincia del presidente se caracteriza por la concentración económica de los grupos oferentes, la escasa diferencia entre las propuestas de cada una de las ofertas y el importante margen entre el presupuesto oficial y el valor finalmente adjudicado”, sostiene el informe. “Están interrelacionadas entre sí. Compiten en una licitación y forman una UTE (Unión Transitoria de Empresas) para otra. Van separadas a la licitación pero son un solo grupo económico”, agregó ayer Carrió.
Los voceros del gobernador Sergio Acevedo ayer no respondieron.
Carrió señaló también al ministro de Planificación. “De Vido es el responsable de la obra pública nacional, de los desvíos de los fondos de vialidad nacional y viviendas”, explicó. Y agregó que una de las empresas mencionadas, Kank y Costilla, “fue denunciada penalmente por la AFIP de Comodoro Rivadavia por una importante evasión fiscal, facturas y sellos apócrifos. Esta maniobra permitiría el lavado de dinero y el pago de comisiones. En la causa una accionista de la empresa involucra al arquitecto Julio De Vido como facilitador en los procesos licitatorios a través del retiro de sobres de 80 mil pesos”.
Carrió distribuyó una denuncia de la AFIP contra la empresa Kank y Costilla S.A fechada en octubre de 2002, cuando Julio De Vido era funcionario de Santa Cruz. La presentación de la AFIP ante el fiscal busca probar el delito de evasión y partió de la denuncia de “un socio integrante de la firma”, que describió el modo en el que se supuestamente se habría cometido el delito. El denunciante –cuyo nombre la Justicia mantuvo en reserva– señaló a “Julio Debido” como “encargado de distribución de coimas en la licitaciones” por unos 80 mil pesos mensuales. Según Carrió, el apellido mal escrito se debe a que la jueza tomó la declaración y se limitó a escribirlo como sonaba. El nombre se repite en la resolución en la que se sobresee a todos los imputados por el delito de evasión impositiva. Allí “Julio Debido” figura como uno de los integrantes de Kank y Costilla S.A.
Carrió aseguró ayer que en realidad De Vido no formaría parte de la empresa sino que habría funcionado como vínculo entre la firma y el Estado, y que la Justicia optó por señalarlo como accionista para sobreseerlo por evasión impositiva y de este modo cerrar el proceso. “Es notable que no lo haya investigado por coimas, como surge del testimonio. Pero hay que entender que el sobreseimiento se dio poco después de la asunción de Kirchner, cuando De Vido ya era un importante funcionario. Había que cerrar todo rápido”, explicó.
Consultado por Página/12, De Vido explicó a través de sus voceros que la denuncia “es una fantasía, una novela”.
“No vamos a hacer la denuncia penal. No vamos a hacer el trabajo de otros. Los fiscales cobran sueldos de todos los contribuyentes y son ellos los que tienen que investigar. Nosotros aportamos toda la información y si vemos que la Justicia se queda de brazos cruzados haremos los juicios políticos que correspondan. Lo que no queremos es que después alguien se sorprenda. Nosotros aportamos los datos”, aseguró ayer Carrió.
En el final de la conferencia, ofrecida en el Instituto Hannah Arendt, la líder del ARI y candidata a diputada en las elecciones del año que viene aseguró que el sistema podría extenderse a otros distritos. “Todo esto es parte de una típica matriz de negocios de provincias, amplificada por los fondos del Estado Nacional de los que ahora disponen. Vamos a seguir investigando, porque creemos que esto se puede replicar en otras provincias”, concluyó Carrió.