La Corte Suprema resolvió beneficiar a todos los jueces nacionales con un aumento salarial del 30 por ciento, una medida que incluye a los propios ministros que integran el tribunal. También extendió al personal bajo su órbita el reescalafonamiento más una suba del 10 por ciento que dispuso el mes pasado el Consejo de la Magistratura para el resto de los empleados judiciales y que hizo estallar entonces una disputa de poder entre ambos organismos. La posibilidad de concretar esta disposición quedaría supeditada, según plantea la resolución firmada, a que el Poder Ejecutivo autorice el presupuesto necesario.
La Corte había hecho varios intentos para frenar el incremento salarial general dispuesto por el Consejo para jueces y empleados, pero todos naufragaron. Argumentaba que los consejeros carecen de facultades para modificar remuneraciones y que lo estaban haciendo por fuera del presupuesto autorizado. En el cuerpo de consejeros ayer hubo interpretaciones diversas del nuevo pronunciamiento cortesano: un sector lo tomó como un acercamiento, otros decían que es “antirrepublicano”.
A fin de la semana pasada, cuando ya era un hecho que el Consejo pagaría la suba prometida y que el Gobierno no lo impediría, los supremos empezaron a analizar otros atajos. Más allá del debate jurídico, cargaban con reclamos extra. Por un lado, sus empleados pedían aumento ya que quedaban excluidos del resuelto por el Consejo por depender de un presupuesto aparte. Y, además, a los magistrados no les alcanzaba con el 10 por ciento sino que querían el 30 por ciento. Si no, decían, sus sueldos quedarían cercanos o pegados a los de funcionarios de menor rango. La acordada de la Corte eleva los haberes de los jueces a medida de sus pretensiones con retroactividad al mes de septiembre. Para el personal dependiente del alto tribunal, la rejerarquización y el plus se aplican desde octubre. El texto instruye a la Administración General para que gestione “el incremento del total del crédito presupuestario” y también le requiere al Ejecutivo un ajuste de presupuesto para el Poder Judicial, para solventar el aumento otorgado por el Consejo. Aun así, ratificó lo que sostuvo días atrás: “Que el Consejo de la Magistratura carece de atribuciones para modificar el total de los créditos presupuestarios asignados a esta jurisdicción”.
La resolución suprema consiguió mayoría ayer, con el voto de Carlos Fayt (que incluyó fundamentos aparte en nombre de la supremacía de la Corte). El martes ya habían dado apoyo Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Raúl Zaffaroni está en España y Antonio Boggiano, tambaleante en su cargo, no quiere firmar nada.
En el Consejo, varios de sus miembros analizaban por la tarde qué postura adoptar. Quienes interpretaron la acordada de la Corte como intento de acercamiento, o como una propuesta, intentarían que el cuerpo convalide el aumento a los jueces. Pero aún no está claro que esa idea tenga apoyo. Hay quienes apuestan a abreviar la brecha salarial entre jueces y empleados.