Por Victoria Ginzberg

La suerte de la Subsecretaría de Derechos Humanos es incierta. Por ahora, el nuevo gobierno no nombrará a nadie en el área y con el alejamiento de Jorge Taiana y –del ex secretario de Justicia, Alberto Zuppi– se esfumó, entre otras cosas, la pretensión de anular el decreto que impedía la extradición de militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
El nuevo ministro de Justicia, Jorge Vanossi, mantuvo ayer una reunión con los ex funcionarios y le ofreció a Taiana quedarse en el cargo hasta que se “reestructure” el ministerio, pero el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había presentado su renuncia ante el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, en ejercicio de la Presidencia. Más allá de las cuestiones de forma, la realidad es que Taiana comentó entre sus allegados que sentía que no había espacio para continuar las políticas que había delineado junto a Zuppi, por ejemplo la derogación del decreto 1581 que impedía la extradición de los represores argentinos. No está del todo claro, además, que se entiende por restructuración. Adolfo Rodríguez Saá planeaba elevar el área de derechos humanos a secretaría, pero este gobierno podría avanzar en el sentido contrario.
Taiana y Vanossi –que ya se conocían– tienen un trato cordial, pero hay posiciones que los separan claramente. Por ejemplo, luego de que los jueces federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Vanossi criticó los fallos en un artículo que se tituló “el Carnaval de la Inconstitucionalidad”, publicado en La Ley. Taiana no opina lo mismo.
Antes de irse, Zuppi había enviado a Relaciones Exteriores un anteproyecto para derogar la norma elaborada en los últimos días del delarruismo y otro para modificar la ley de cooperación penal internacional para que el Poder Ejecutivo opinara sobre las extradiciones sólo después de que se expidiera la Justicia. Todo indica que el trabajo quedará en la nada. El presidente Eduardo Duhalde afirmó el miércoles en la reunión con los gobernadores que los militares deberían tener la tranquilidad de que no van a ser extraditados y que se debía buscar una función social para los uniformados.
La presencia de Carlos Ruckauf en la Cancillería tampoco augura nada bueno para el derecho internacional de los derechos humanos. Durante su campaña para la gobernación que acaba de abandonar, Ruckauf –cuya frase más sonada en esa época fue “hay que meter bala a los delincuentes”– anunció que promovía que Argentina se alejara del Pacto de San José de Costa Rica porque, argumentó, “impedía el establecimiento de la prisión perpetua para los delincuentes”. Pero pocos dejaron de ver en la idea de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos el objetivo de introducir el debate sobre la pena de muerte.
La probable designación de Horacio Jaunarena en Defensa refuerza la idea que se resguardará el principio de territorialidad, ya que fue esa la posición que asumió su cartera durante la gestión del gobierno de Fernando de la Rúa. Resta saber si se continuará con la postura –que hasta había sido plasmada en el decreto 1581– de enviar las denuncias que provienen del exterior ante la Justicia argentina, tal como lo hizo el mismo Jaunarena cuando Italia reclamó la extradición de Astiz.
Si se convierte nuevamente en ministro la semana que viene, Jaunarena se encontrará otra vez con “El Angel Rubio” en la cárcel, en este caso a pedido de Suecia. Además de Astiz, también está en prisión el militar retirado José Octavio “Balita” Riveiro, que fue arrestado por orden de la justicia francesa. El Gobierno tendrá posibilidad de expedirse sobre el tema cuando Francia y Suecia concreten los pedidos de extradición.
Zuppi y Taiana también habían elaborado sendos proyectos de ley para amnistiar a los presos durante la represión y los incidentes del 17 al 23 de diciembre pasados y para evaluar la situación de los detenidos antes deesa fecha por participar de protestas sociales. Esas normas, como el proyecto para eliminar las figuras de calumnias e injurias del Código Penal, ya fueron enviadas al Congreso, así que deberían ser evaluadas por el Poder Ejecutivo, a menos que el Gobierno decidiera retirarlas.