Mientras duhaldistas y solipsistas sacan a luz por la campaña electoral los manejos económicos de los que antes no parecían haberse enterado, las cárceles de la provincia cuya administración comparten revientan de hacinamiento, corrupción y violencia. Con un promedio de un asesinato por semana y una práctica cotidiana de palizas y torturas, las marcas del sistema penitenciario bonaerense superan incluso las de Mendoza, que han motivado la intervención del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La cosmética intervención dispuesta en el SPB no ha modificado la situación que se vive en los penales bonaerenses, con su capacidad de alojamiento colmada, que desborda sobre las comisarías policiales, distrayéndolas de su función de seguridad. Las fotos que acompañan esta nota, tomadas por abogados defensores durante sus visitas a personas privadas de su libertad, eximen de mayores comentarios.
La extorsión a intendentes con fondos públicos que denuncian los partidarios de Eduardo Duhalde y la caja negra legislativa que describen los fieles del gobernador Felipe Solo son métodos coherentes con las políticas compartidas por unos y otros que han hecho de Buenos Aires una Provincia Cromañón y que tienen en sus cárceles un testimonio irrefutable. Desde la asunción de Solo han muerto en esos verdaderos campos de concentración tantas personas como en el boliche de Omar Chabán que no controló el gobierno de Aníbal Ibarra. Sólo la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el mes próximo volverá a escuchar a las autoridades de la provincia y al Centro de Estudios Legales y Sociales, que presentó un hábeas corpus colectivo y preventivo, puede poner coto a esa barbarie, ya que la indiferencia cómplice ha contaminado también las instancias del ministerio público y del Poder Judicial bonaerenses que, salvo encomiables excepciones, prefieren simular que todo está bien en el mejor de los mundos. El ministro de Justicia Eduardo Di Rocco admitió ante la Corte Suprema que 8.000 de los 30.000 detenidos bonaerenses son inocentes y serán absueltos por los jueces cuando terminen sus procesos.
El 14 y 29 de diciembre y el 5 de enero, el defensor general de San Nicolás, Gabriel Heriberto Ganón, y la defensora de San Isidro, María Dolores Gómez, visitaron la Unidad Penal 21, de Campana, luego de recibir denuncias sobre maltratos y hambre. La primera constatación fue que en una unidad concebida para 350 detenidos, se amontonan 1002, lo cual de por sí ya viola el precepto constitucional por el cual las cárceles deben ser sanas y limpias y no mortificar a quienes cumplen allí una pena.
En el sector Sanidad encontraron a un detenido que yacía sobre un colchón húmedo, con “palazos en las patas y golpes en los oídos”. El director explicó que el quirófano no se utilizaba por falta de un cirujano entre el personal médico. Agregó que “tampoco tienen psiquiatra y considera que lo necesitan”. En la cocina observaron que para el almuerzo se estaba preparando un guiso de verduras, en tres ollas que sólo parecían contener agua. Recién pescando con un cucharón encontraron “carne con huesos y verdura mal cortada”. En anteriores informes los defensores habían señalado que esas instalaciones son pequeñas para semejante cantidad de internos. “Se observan condiciones deficientes de higiene y los pisos mojados, grandes cantidades de moscas especialmente sobre la mesada donde se observan algunas albóndigas”, que refuerzan la dieta de los presos con HIV y trastornos digestivos. Al recorrer celdas y pabellones, encontraron a numerosos detenidos con heridas cortantes infectadas y supurantes, sin atención médica ni antibióticos o calmantes para el dolor. En cambio se distribuyen grandes cantidades de psicofármacos para drogar a los detenidos.
Reclamos reiterados se refieren a la morosidad de los plazos judiciales, a la falta de información sobre el estado de las causas y el cómputo de la pena, a la desatención de la Procuración General provincial, a las audiencias que se postergan sin razón, a la imposibilidad de comunicarse con los jueces, a las dificultades de todo tipo para las visitas familiares, incluyendo los traslados a lugares distantes sin aviso, a los estados depresivos que cada una de esas cosas provoca. Un preso dijo que quería conocer a su papá, detenido en otra cárcel; otro pidió que se trasladara a la misma unidad a su hermanito, desde otra UP.
Actas del horror
Lo que sigue es una síntesis de las actas que levantaron los defensores. Para proteger a los presos, indefensos en ese sombrío universo concentracionario, aquí se omitirán sus nombres:
Un detenido llegó caminando con ayuda de otros dos. Dijo que se estaba muriendo de SIDA, que la única medicación que toma es la que le trae su familia y que sólo lo cuidan su primo y un amigo, quienes lo sostenían durante la entrevista. Además tenía una puñalada en la espalda. Pidió que le sacaran una foto para documentar su estado. Tenía fiebre, que por la noche no le permite dormir bien, y dificultades para controlar sus esfínteres. Lo higienizaban otros presos. En Sanidad sólo le aplicaban suero y lo devolvían al pabellón. Había solicitado el arresto domiciliario para que lo cuide su familia. Su mujer viajó doce horas hasta Azul para pedirle al juez que lo dejara morir en la casa, pero no fue atendida y le indicaron que debía presentar un hábeas corpus en Campana. La intervención de los defensores culminó con su traslado a un hospital público, donde se verificó una neumonía, con agua en los pulmones. Mientras pasaban por sanidad, otro preso comenzó a gritar. Cuando los defensores se acercaron vieron que tenía el rostro y las orejas quemadas. “Lloraba manifestando que esas heridas habían sido provocadas adrede.”
Otro detenido dijo que los guardiacárceles ingresaron ebrios al pabellón 1 la noche del 24 de diciembre, y abrieron fuego con perdigones porque los reclusos habían pedido que se les permitiera permanecer reunidos media hora más, por la conmemoración navideña. Mostró una herida supurante por el impacto de un proyectil, sólo cubierta con una venda sucia. El único enfermero que lo trata bien, le pone azúcar en la herida. Pidió ser llevado a un hospital para que lo curaran, porque temía perder la pierna. Otro detenido también mostró una herida de bala sin curación que atribuyó a “los policías que estaban borrachos el 24 de diciembre”. Agregó que no tenía colchón. (Los presos llaman policías en forma indistinta a cualquier agente de seguridad armado.)
Los defensores vieron a un preso desnudo y en estado de pánico. Contó que le dieron cuatro clorazepan, lo golpearon y lo llevaron a los buzones de castigo. Allí lo amenazaron con una escopeta. A las cuatro de la mañana entraron a su celda, le colocaron una horca al cuello y le dijeron que lo iban a matar y nadie lo iba a pagar. Le tiraron una faca y comenzaron a golpearlo a patadas por todo el cuerpo, mientras le decían que le harían pagar una denuncia que había hecho. También le pegaron en los oídos y con palos en la planta de los pies, tratamiento que en la cárcel se denomina pata-pata. Se prendió fuego para que lo sacaran del pabellón de castigo donde estaba enloqueciendo, pero teme que lo maten.
Al ver el estado impresionante de un preso, cuyo ojo supuraba, los defensores lo interrogaron. Dijo que había perdido el ojo hace cuatro años y que no recibía ninguna atención médica. En Sanidad le dijeron que no tenían medicamentos para darle. Varios detenidos pidieron que sus nombres no constaran en el acta, por temor. Uno dijo que en todas las unidades quienes presentaban alguna queja luego morían en alguna pelea, sin que jueces ni defensores realizaran visitas periódicas. Cuando vienen, los interrogan delante de los penitenciarios, lo que los obliga a responder que están bien. Algunos defensores “ven la comida que es incomible y no dicen nada. Prefieren no entrar en los pabellones”. Recordó que en otra unidad escuchó los gritos de unos pibes picaneados en la celda contigua. Sin embargo, ante el juez “no dijo nada por temor por su vida y declaró que no había escuchado nada porque estaba durmiendo”. Agregó que estaban matando a muchos pibes y que “los van a terminar matando a todos”.
Otro describió un circuito de venta de estupefacientes a cambio de ropa o zapatillas, ante la mirada de los guadiacárceles. En algunos pabellones, a los pibes que ingresan “los chetean a cambio de cualquier cosa de valor” (“Chetear” o “ir de cheto” es quitar algo de prepo a un preso más débil). Explicó que “los pibes que manejan la venta de droga con algunos miembros del SPB la pasan de primera en el pabellón C2, con freezer, videojuegos, videocasetera, la mejor ropa, cancha de paddle, cancha de voley”. Ese mismo detenido describió una sucesión de peleas entre distintos grupos de presos, que terminó con la muerte de uno de ellos, El Oreja Chávez, atravesado por un arponazo. Esa muerte también fue narrada por un compañero del Oreja Chávez, que teme “salir en una bolsa de consorcio”.
Cuando hay problemas en los pabellones o reprimen, cortan las líneas telefónicas, para que nadie pueda avisar fuera del penal. “Al Oreja lo dejaron morir, no bajó a investigar ningún fiscal, ni la policía.” La muerte de Chávez “va a traer otras muertes porque la van a vengar otros presos. Todos sabían que esto iba a pasar pero nadie hizo nada”. Cuando Chávez fue llevado de Sanidad a la celda “estaba moribundo. Pedía por su hijo. Cuando le daba agua vomitaba todo. Tenía una herida en la panza de la que le salía materia fecal”. En Control dijeron que no había refuerzos para sacarlo al Hospital. Chávez llegó a contarle “que lo mataron dentro de una celda entre varios”.
Un tercer preso de identidad reservada por los defensores dijo que en la cárcel se mata por una caja de pastillas. “En Sanidad no hay agujas, ni antibióticos. Cada vez que hay una pelea salen muchos pibes mal heridos por los tiros o por las facas. Hay presos que laburan con la policía y venden las pastillas y la pasan bien. Hay mucho hambre y el hambre trae puñaladas. El rancho es incomible y por un carnet tumbero te matan. Casi todos los pibes tienen marcas de peleas en el cuerpo. Así no se puede vivir. Con la denuncia nunca pasa nada, sólo represalias”. (El carnet tumbero es un pase que se otorga a los privilegiados para circular de un sector a otro dentro de la cárcel.)
Un cuarto entrevistado que requirió la reserva de su nombre por razones de seguridad dijo que “hay un montón de muertes provocadas por el mismo sistema, ya que favorecen los enfrentamientos. La pelea es parte de la vida en la cárcel, más cuando hay hambre y mucha carencia de los familiares”. Agregó que en el taller del penal “arman y cortan autos” y que el personal penitenciario “se roba la carne”, pero explicó que no formalizaría la denuncia porque “sabe que nunca se obtiene respuesta y corre peligro su vida”. Otro detenido dijo que estaba en condiciones de salir en libertad pero que antes el SPB demoraba efectuarle los estudios psicológicos, en represalia por haber denunciado la aplicación de torturas con picana el año pasado. “A todos los pibes que han denunciado los están matando o paseando en camión.” A otros “les dieron visitas, comida y les dijeron que si hablaban los trasladaban”.
Otro detenido imploró que se aceleraran los trámites para su libertad condicional, porque temía “terminar en un cajón”, ya que “muchos de los pibes que conoce de la calle están muertos”. Otro detenido en celda de castigo dijo que el SPB le envió un coche-bomba (es decir un detenido enviado por los carceleros para golpear, herir o matar), y que cuando se estaba defendiendo “le dispararon en el pie”. Otro detenido mostró “una puñalada vieja que supura”, causada por otro coche-bomba. Uno de los presos que habló con los defensores fue golpeado al día siguiente y sometido a una angustiosa ronda de traslados. El 29 de diciembre a las 4.30 fue llevado a la U24. Cuando su madre fue a visitarlo, lo trasladaron a la U23. A la madrugada del día siguiente la mujer llegó a esa cárcel y mientras hacía la cola para ingresar, desde un camión oyó a su hijo gritar que lo llevaban a la U28. Allí le dijeron que estaba en la U9. Cuando llegó a la U9 le informaron que estaba en Magdalena, lo cual tampoco era cierto. Ya sin fuerzas ni dinero, la madre regresó a su casa. Fue necesario presentar un recurso de hábeas corpus para establecer dónde estaba. En tres días, la madre fue obligada a recorrer centenares de kilómetros en vano, como una forma perversa de castigo adicional. Lo mismo pasó con otro de los presos que hablaron con los defensores. Pese a que tenía múltiples heridas infectadas en sus piernas por falta de atención, de madrugada fue cargado en un camión, trasladado a otra cárcel y alojado en una celda sucia y sin comida.
Hábeas corpus
En un recurso de hábeas corpus presentado por el agravamiento de las condiciones de detención, el Defensor General Ganón pidió algunas medidas elementales: separación de procesados y condenados; mejores condiciones de higiene y salud, incluida la mental; alojamiento de los presos en la unidad más cercana al lugar de residencia de sus familias, investigación de las muertes para determinar la eventual responsabilidad del Servicio Penitenciario. En alusión a la responsabilidad del gobierno provincial y de la justicia preguntó si había algún procesado por homicidio, apremios o incumplimiento de sus deberes funcionales. También solicitó que con peritos ingenieros y arquitectos se determinara la capacidad real de alojamiento de la cárcel, se evaluaran su infraestructura e instalaciones y se dispusiera el egreso de la cantidad de internos excedentes. El juez de ejecución penal Edgar Rodríguez comprobó las falencias señaladas y dispuso notificarlas a las autoridades políticas y administrativas para que las corrijan “a la brevedad” (en judiciales esto quiere decir “nunca”). Pero atribuyó la situación a “la emergencia” y remitió su arreglo a la construcción de nuevas cárceles. Sólo admitió el hábeas corpus por el hacinamiento en las 18 celdas del pabellón de castigo y ordenó que no quedara más de un preso por celda. El SPB respondió que era de imposible cumplimiento. Ganón apeló esa decisión y, luego de la visita de fin de año, presentó otro recurso similar en otro juzgado. Su titular, Eduardo Alomar no sólo lo rechazó, sino que impuso las costas al Defensor (tal como hacían los jueces de la dictadura con los familiares de detenidos-desaparecidos) aduciendo que había pretendido burlar el procedimiento vigente “ocasionando una perturbación del servicio de justicia ya que pretende ahora una solución favorable a sus pretensiones desconociendo lo decidido por Rodríguez” dos semanas antes.
Alomar es el mismo juez que hace un año se negó a ordenar en el momento oportuno la biopsia en los tejidos de los presos que habían sido torturados con picana eléctrica, delito que por ello no pudo probarse. Los familiares de otros dos reclusos presentaron otro recurso de hábeas corpus por tratos degradantes e inhumanos. Al apelar su rechazo por los camaristas Pedro Bruno y Oberdan Andrín, Ganón dijo que esos “notabilísimos señores magistrados de la Constitución Nacional y Provincial” se habían pronunciado sin cumplir con el artículo 412 del Código Procesal bonaerense que exige la presencia del detenido ante el juez, y sin la revisión por un médico independiente que reclama el protocolo de Estambul, aprobado en 1999 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La audiencia personal en la que los jueces deben ver a la persona sobre la que deciden fue introducida hace pocos meses en el Código Procesal, por un pedido de la Comisión Provincial de la Memoria a Graciela Giannettasio, que la vicegobernadora hizo tratar por la Legislatura en 24 horas. El 30 de diciembre, pocas horas antes de que ardiera República Cromañón, Andrín y Bruno reiteraron su resolución y denunciaron a Ganón ante la Procuración General por el “tratamiento sarcástico”. Al cierre de esta edición circularon versiones sobre la remoción de los jefes penitenciarios de Campana, pero ni los teléfonos ni la página en internet del Servicio Penitenciario permitieron confirmarlo.