Un grupo de familiares de víctimas del desastre de República Cromañón pidió a la Justicia la extensión del plazo previsto por el gobierno porteño para la reapertura de locales bailables. A la solicitud se le sumó la creación de un grupo integrado por especialistas universitarios en materia de seguridad para dictar normativas de control y llevar a cabo las inspecciones. El pedido fue formulado por la organización Que no se repita, que integra el abogado José Antonio Iglesias –cuyo hijo, Tomás, murió en la tragedia–, quien llamó “farsa” a los operativos dispuestos por la Secretaría de Seguridad porteña, porque “están al frente de inspectores sin idoneidad y que son los mismos que habilitaron Cromañón”.
El escrito llegó hasta el despacho del juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño, Hugo Zuleta, sobre quien pesa la decisión de dictar o no una medida cautelar que evite las reaperturas. El texto sostiene que el origen del incendio se vinculó a una “cadena de negligencias, actos dolosos, omisiones y conductas deleznables”. Y cita un informe de la Defensoría del Pueblo que estima que el 85 por ciento de los locales bailables no reúne las condiciones mínimas de seguridad, para luego afirmar que si se decide la reapertura de esos lugares “sería dar carta blanca a la continuidad de un sistema viciado y corrupto que podría cobrarse aún más víctimas”.
Con estos argumentos, los familiares también pidieron al magistrado que resuelva “establecer un mecanismo de seguimiento y control de las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno porteño”. Y califica de “espectáculo payasesco” a los controles que efectúa el área del flamante secretario de Seguridad, Juan José Alvarez.
Iglesias explicó a este diario que “no se puede estipular” el plazo de reapertura de los boliches, porque ello depende de la finalización y evaluación de las inspecciones, para lo cual sería necesario el accionar de la comisión propuesta a la Justicia. Sobre este aspecto, consideró que ese grupo debería ser el encargado de “determinar las medidas adecuadas para prevenir incendios y ver si los locales están en condiciones de abrir”; estaría encabezado por especialistas del Consejo de Profesionales de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la UBA y titulares de las cátedras vinculadas a la seguridad.
El motivo de esta elección de cargos se debe a que “se necesita gente idónea” para los controles dispuestos en la ciudad, porque en “los operativos que se están haciendo no pueden seguir al frente los mismos inspectores que habilitaron Cromañón y carecen de confiabilidad porque demostraron ser todos una manga de corruptos y no reúnen las exigencias mínimas para dar credibilidad a lo que hacen”. “Sólo se hacen porque los medios de comunicación los miran, pero son una farsa.”
Informe: Adrián Figueroa Díaz.