El proyecto de traspaso de la Policía Federal a la Capital, uno de los grandes anuncios con que asumió Juan José Alvarez en la Secretaría de Seguridad porteña después del desastre de República Cromañón, empieza a dar señales de naufragio. O, en el mejor de los casos, de que es una misión políticamente engorrosa para el corto plazo. “No es una prioridad de la gestión nacional”, definió ayer el secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne. “Que no sea una prioridad no implica que no sea una necesidad”, retrucó Alvarez. En el fondo, lo que está en juego son las resistencias de la propia policía, los reparos económicos de las provincias pero, sobre todo, la falta de consenso político ante la incertidumbre sobre quién reinará en la ciudad en 2007. Por ahora, lo único que se trasladaría al ámbito porteño es el cuerpo de bomberos.
La discusión sobre la transferencia de la policía a la ciudad de Buenos Aires es tan antigua como la “ley Cafiero”, una norma sancionada en 1995 que le ha servido al peronismo como instrumento para recortar poder al gobierno capitalino al impedirle contar con una fuerza propia de seguridad armada. Los planes y promesas para revertir ese escenario han resurgido cíclicamente en la última década. En cuanto desembarcó en la Secretaría de Seguridad porteña, en una cruzada política de rescate, Alvarez volvió a poner el tema sobre el tapete. Anunció el controvertido traspaso policial y de la Superintendencia de Bomberos, herramientas con las que Aníbal Ibarra no contaba al momento del incendio de Cromañón. A medida que pasan los días, sin embargo, esa idea vuelve a debilitarse.
“No es una prioridad de la gestión nacional y estimo que tampoco del gobierno de la Ciudad”, dijo ayer Iribarne durante el acto de lanzamiento de una convocatoria para aspirantes a integrar la Dirección de Inteligencia Criminal. Así, desde el ámbito del gobierno nacional, el secretario de Seguridad reforzaba lo que dijo unos días antes el ministro del Interior, Aníbal Fernández: “Esto no es un tema tan simple como ir al supermercado a comprar un paquete de fideos”. Iribarne argumentó que “hay trabas legales que establecen que la seguridad y la justicia de la ciudad de Buenos aires siguen dependiendo de la Nación”. Se refería a que, para traspasar la Federal sería imprescindible reformar la “ley Cafiero”.
“No quiero polemizar, pero sigo sosteniendo que la Ciudad tiene que tener su policía y sus bomberos. Que no sea una prioridad no quiere decir que no sea una necesidad”, dijo Alvarez a Página/12. “Claro que esto no se arregla diciendo pásenlos a buscar y listo. Se tienen que dar las condiciones burocráticas, administrativas y presupuestarias, pero tampoco se puede demorar tanto”, agregó. Visto en detalle, el plan que presentó el secretario de Seguridad porteño a poca de asumir, no habla explícitamente del traspaso de la Federal sino únicamente del de los bomberos.
Más allá de los discursos, tanto en el gobierno porteño como en la Casa Rosada admiten que el panorama posible para los próximos tiempos sólo podría incluir la constitución de un cuerpo de bomberos para la ciudad, que dejaría de depender de la Federal. Serían bomberos que no porten armas. Esta transformación no requeriría modificaciones a la “ley Cafiero”. Bastaría un convenio. Para un cambio a mayor escala la percepción es que “no es el momento” y “no hay consensos políticos”.
¿Por qué? En la Ciudad y en la Nación esbozan razones similares:
- Para que la Capital tenga su policía habría que derogar el artículo 7 de la “ley Cafiero”. Aunque un grupo de diputados nacionales porteños venía trabajando en un proyecto conversado con el Gobierno, conseguir apoyos no parece fácil. Difícilmente las provincias den su aval si no reciben fondos en compensación para sus policías.
- Cerca de Iribarne alegan complicaciones técnicas: la Federal es auxiliar de la Justicia ordinaria nacional y por ende no se debería trasladar una sin la otra. Al menos, dicen, se debería crear una policía judicial.
- Aunque algunas voces porteñas pidieron la inclusión del tema en las sesiones extraordinarias del Congreso, el gobierno nacional no hizo ninguna gestión para eso ocurra.
- La propia Policía Federal es reacia al traspaso. En la institución entienden que perderán poder y quedarán degradados.
- La Federal es también un espacio de poder para los gobernantes que la manejan. Difícilmente en la Rosada quieran cederlo sin tener una perspectiva de quién continuará con la gestión en la Capital después de las elecciones de 2007. Algunos ni siquiera terminan de descifrar las intenciones del duhaldista Alvarez. “¿Para qué arriesgarse?”, pregunta un funcionario.