Una de las lecciones que pretendió imponer la trágica década de los ’90 a nuestros países es que, bajo el imperio de la globalización financiera, en materia de negocios no existen fronteras. Sin embargo, los mismos que la enseñaban hoy reniegan de la lección. Banqueros, gobiernos neoconservadores y fondos especulativos hoy parecen haberse reencontrado con un mal entendido nacionalismo y salen a defender a los perjudicados de “su país” por las decisiones o políticas del gobierno de “otro país” que, dicen, perjudican a los primeros. El fallo de la Justicia italiana contra un banco que perjudicó, con su accionar, a sus clientes puede empezar a poner las cosas en su lugar. Ser culpable o víctima no se define simplemente por el lado de la frontera en que uno se pare.
Si un ahorrista concurrió a un banco para que lo orientara en cómo manejar mejor su dinero y éste le hizo comprar un título más parecido a un billete de lotería que a un bono soberano, hay evidente responsabilidad del banco, ya sea por negligencia o por mala fe, según sea el caso. Corresponde a la Justicia local (en este caso, la italiana) fallar contra quien perjudicó a un tercero con su accionar, a sabiendas del alto riesgo implícito en el bono que estaba vendiendo. Frente a esta realidad, poco valor pueden tener las declamaciones o descalificaciones contra el país emisor del título (en este caso, Argentina).
Seamos justos. Veamos también qué hay aquí, en este otro lado del Atlántico. Los ministros de Economía –y sus respectivos gobiernos– que, sucesivamente, desde 1998 en adelante, fueron “resolviendo” la imposible cancelación de las deudas que vencían con emisión de nuevos títulos de deuda, cada vez a mayor tasa y por nuevos plazos que otra vez iban a ser imposibles de cumplir, ¿no tienen ninguna responsabilidad jurídica frente a los millones de argentinos que sufrieron sus consecuencias? Los bancos asesores y colocadores de esa deuda entre 1998 y 2001, ¿cumplían una función técnica o eran cómplices de tamaña irresponsabilidad y eventual estafa? Sin embargo, todavía no hay ningún tribunal que por estas tierras haya condenado a ex funcionario alguno por operaciones que, a todas luces, iban a resultar ruinosas para el país y sus habitantes.
Decir que “Argentina” emitió bonos que “Italia” compró es, por lo menos, una formulación engañosa, porque encubre a los responsables. El “negocio global” lo armaron funcionarios de acá, con ayuda de bancos de aquí y de allá. Las ruinosas emisiones, refinanciaciones y megacanjes de Roque Fernández, Machinea y Cavallo fueron abonando el terreno a la peor crisis económica de la historia argentina, cuya consecuencia pagaron desocupados, hambreados y pibes muertos por desnutrición. Los bancos internacionales hicieron el “trabajo sucio” de colocar esos títulos entre incautos ahorristas o rapaces especuladores –estos últimos, expertos en manipular bonos “basura”– en los distintos países en los que operan.
Es muy saludable que un tribunal italiano le haga pagar a un banco su responsabilidad por “engañar” al público. Sería gratificante que un tribunal local condenara a alguno de aquellos funcionarios por su responsabilidad frente a las víctimas internas de sus delictivas políticas. La globalización financiera no reconoce fronteras. La administración de justicia, sí. El ajuste, esta vez, debe ser un ajuste de cuentas interno. Y aunque sea por una vez, que los verdaderos culpables paguen.