Una denuncia evitó que las cajas de leche en polvo que el gobierno nacional destinó a las “familias humildes” de Lanús se transformaran en helados que una fábrica del distrito vende por mayor y menor. Las autoridades constataron que “desde un camión municipal” se bajaron en la heladería Serú varios packs de la leche enviada por el Ministerio de Desarrollo Social para comedores y centros comunitarios con el rótulo de “prohibida su venta”. El propietario de la empresa habría reconocido que “la envió la concejal Maruja Bodelo” para una “actividad política”, pero después se desdijo ante la Justicia. La causa, caratulada como “averiguación de ilícito”, quedó paralizada por la feria judicial, aunque aún mantiene en vilo al intendente, Manuel Quindimil, y enfrentada a su propia tropa.
“Están bajando de un camión municipal la leche de los planes en la fábrica de helados”, denunciaron los vecinos. La novedad la llevó hasta el propio despacho de Quindimil un puntero político del ex policía Luis Patti: Claudio Kechichian, que tiene su local partidario frente a la heladería artesanal Helados Serú, en Villa Diamante. Delante de varios de sus colaboradores y del denunciante, el veterano jefe comunal dio la orden de confirmar la denuncia y frenar el escándalo.
Raudamente, dos inspectores municipales llegaron hasta el lugar, pero los empleados de Serú les bloquearon el paso. Entonces, Quindimil le encargó la tarea a su director de Industria, Jorge Sivori, para que resolviera el problema. El intendente no quería quedar incluido entre los sospechados, a pesar de que se trataba de cajas de leche que la comuna debía repartir entre las familias indigentes y que quienes la descargaron en la heladería habían utilizado un camión municipal.
El propio Sivori fue quien venció la resistencia del dueño de la heladería, José Gislak, uno de los mayores contribuyentes del municipio, que –según los concejales opositores– “siempre acompaña con su voto la propuesta oficialista” para la Ordenanza Fiscal Impositiva, que fija el valor de los impuestos que los vecinos deben pagar en el año.
Ya dentro del local, Sivori y los inspectores encontraron “dos packs con 24 cajas de leche Granja Blanca, de 800 gramos cada una, que llevan una leyenda azul ‘prohibida su venta’. Otras seis ya estaban abiertas”, explicó el funcionario a Página/12. La partida era la misma que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envió a distintas comunas del conurbano, incluida Lanús, como “refuerzo alimentario para las familias pobres”.
Ante “la evidencia”, Gislak ensayó una explicación frente al funcionario. De acuerdo con el relato de Sivori a este diario, “el dueño de la heladería dijo que él siempre fue un colaborador y como tal había aceptado un pedido de la concejal Maruja Bodelo, que le entregó la leche, para hacer helados que se repartieron en una actividad (de su unidad básica) en el Día del Niño”. Pero la versión de Gislak muestra problemas para su ubicación en tiempo y espacio. El Día del Niño es en agosto, pleno invierno, y según los testigos la leche la habían descargado el mismo día de la inspección, “desde un camión con la inscripción del municipio de Lanús”, en vísperas de Navidad.
Para algunos de los vecinos de Serú, “no es la primera vez que fabrican los helados con leche de los planes”. Poco tiempo atrás, los vecinos encontraron en un baldío pegado a la heladería, sobre la calle Osorio entre Chaco y Liniers, “decenas de sachets vacíos de la leche Amasuy”, también con la inscripción “prohibida su venta”, pero esa vez con el sello del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia. La “relación política” entre la dirigente justicialista y el heladero tampoco era desconocida para los lugareños. Cada vez que hay un acto importante, “en la unidad básica de la Boledo reparten los helados Serú”, dijeron a Página/12.

El replay

Gislak se desdijo cuando el fiscal Nicolás Vitturi le preguntó si ratificaba los dichos que virtió ante Sivori, que incriminaban a la concejal oficialista y complicaban aún más su propia situación. Consultado por Página/12, Gislak, que “ya habló personalmente con Quindimil”, prefirió no hacer declaraciones y dejó su defensa en manos del abogado Carlos González, que siempre agrega a su nombre “hijo” para diferenciarse de su padre: el ex presidente del Club Lanús y también ex concejal peronista del distrito.
“Es un tema político”, fue la primera respuesta del abogado antes de aclarar que “Gislak es mi representado y no mi defendido porque no está involucrado en la causa”. Sin embargo, González no pudo explicar cuáles podrían ser las motivaciones que involucraron a su representado. “La mercadería (la leche en polvo que bajaron de un camión volcador de basura) la recibieron los empleados. Lanús tiene 5000 empleados, cualquiera puede ganarse una propina para hacer una cosa así. Enseguida llegaron los inspectores”, se justificó el abogado.
González también mejoró a su manera la versión que ahora Gislak niega: “Gislak es un empresario que tiene 30 años en el distrito, por eso la conoce a (Maruja) Bodelo. El siempre ayuda a la gente. Para el Día del Niño entrega leche chocolatada para darles de comer a los negritos del barrio, pero no en verano. Además esa leche no es apta para hacer helados, no se puede mezclar leche común con la leche en polvo”.
Una versión parecida dio María del Carmen “Maruja” Bodelo a Página/12. “A Gislak lo conozco desde hace muchos años, como vecino. Siempre ayuda a la gente. Para el Día del Niño entrega centenares de litros de chocolatada en iglesias evangélicas, comedores comunitarios y distintos centros como los que yo tengo y de los que soy madrina”, señaló Bodelo. Para luego reconocer que Gislak es un gran contribuyente propuesto por el oficialismo y “afiliado al PJ, porque no hay nada que ocultar”. Pero enseguida, Maruja arremetió contra el director de Industria. “No sé por qué dijo eso y me involucró. Yo estaba en el despacho del intendente cuando Kechichian llevó la denuncia y le dijo a Sivori que se encargara. Pero ahora Sivori tendrá que hacerse cargo de lo que dijo de mí ante la Justicia”, insistió Bodelo.
Sivori, siguiendo directivas de Quindimil, abrió un “sumario interno” para los empleados municipales a cargo del camión que realizó la entrega en la heladería, “que ya tenemos identificados”, y efectuó la denuncia ante la comisaría 5ª. El expediente que la policía elevó a la Justicia de Lomas de zamora recayó en la UFI 7, por la que pasaron los fiscales Nicolás Vitturi y Gerardo Laureiro. En la fiscalía se negaron a dar explicaciones la prensa, pero el juez de Garantías Tomás Alberto Bravo, de turno durante la feria, reconoció a este diario que “nadie me solicitó alguna medida sobre ese expediente”.