Los oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense que según la administración provincial fueron relevados a raíz de los abusos y maltratos en contra de las personas detenidas, en realidad fueron adscriptos a la Dirección de Seguridad, lo cual más se parece a un premio que a un castigo. Esto implica que ni siquiera se les abrió un sumario administrativo. Así consta en la Orden del Día 011/05 del SPB, publicada el 14 de enero. Entre ellos está Raúl Armando Larroca, el ex director del penal donde los presos son sometidos a tratamientos similares a los que imperaban en los campos de concentración de la dictadura. El Ministerio de Justicia a cargo de Eduardo Di Rocco anunció el “relevo” como consecuencia del desorden, falta de mantenimiento y de comida en la cárcel de Campana. Según el responsable de la política penitenciaria, Carlos Rotundo, la falta de medicamentos denunciada por los presos obedecía a que “estaban escondidos”. En cambio el gobierno del ingeniero Felipe Solá ignoró por completo el episodio más grave, documentado con las fotos que se publicaron el domingo pasado en esta página, de presos heridos en forma deliberada por los guardias con disparos de sus escopetas, como criminal festejo de Navidad. Esas heridas se infectaron por falta de atención. El caso fue consignado en varias actas por el defensor general de Campana, Gabriel Ganón y la defensora de San Isidro, María Dolores Gómez, quienes notificaron de la aberrante situación a la Suprema Corte de Justicia provincial y a la Procuración provincial. Hasta ahora no se conoce ninguna acción dispuesta por esos organismos, la amplia mayoría de cuyos miembros fueron designados por el actual mandatario provincial y por su antecesor, Eduardo Duhalde. El preso enfermo de sida que estaba en la cárcel al cuidado de dos compañeros de cautiverio desde esta semana descansa en paz. En las cárceles bonaerenses es asesinada una persona por semana, lo cual equivale a un Cromañón cada cuatro años.
Según Rotundo, en una cuarta parte de los penales bonaerenses se comprobaron “anomalías graves”, que caracterizó como de “desorden generalizado y suciedad”. Esta benévola visión se complementó con la noticia de que en Campana “los medicamentos no faltaban. Estaban escondidos en un cuarto”. Pero no dijo por quiénes, con qué propósito ni qué sanciones se aplicaron (si es que alguna) contra los responsables. Según la Orden del Día mencionada, los responsables adscriptos a la Dirección de Seguridad ni siquiera fueron puestos en disponibilidad simple, que es la medida más elemental cuando se inicia un sumario administrativo. Rotundo cuantificó entre ocho y diez las cárceles provinciales en las que se detectaron problemas graves. Pretendió que las restantes veintinueve o treinta y uno estarían en condiciones normales. Al referirse a la mala alimentación constatada Rotundo la atribuyó a “la falta de transparencia y a los hechos de corrupción en el Servicio Penitenciario Bonaerense”. La falta de transparencia no se aplica al caldo magro con verduras mal cortadas, algún hueso y grasa que se sirve a los presos. Conviene recordar que el SPB fue intervenido por el gobierno provincial hace nueve meses, por lo cual es responsable directo de los hechos que Rotundo menciona. Según el funcionario “la corrupción es una práctica de muchos años, que resulta muy difícil” modificar. El interventor que no pudo con la corrupción es el abogado Ricardo Héctor Cabrera, a quien el gobierno acaba de proponer como juez de sentencia en Lomas de Zamora, pese a que tiene media docena de causas judiciales abiertas, todas por amenazas y coacción agravadas, en las fiscalías 1, 6 y 7 de La Plata. Las denuncias fueron presentadas por personal penitenciario. Hasta fin de mes, Rotundo está en forma personal a cargo de la jefatura del SPB.

Regalo de Reyes

El problema no es la obvia dificultad en desarraigar la corrupción y la violencia que imperan en las cárceles bonaerenses, sino que nada indica que exista la decisión de hacerlo. En la primera semana de enero el gobierno anunció varios éxitos en el supuesto combate contra la corrupción, ocurridos en las cárceles de Florencio Varela, Sierra Chica, Bahía Blanca y General Alvear. En esos casos, “se retiraba mercadería de la cárcel, aparentemente para comercializarla, y se adulteraban los libros de entrada y salida de mercadería”. Esa práctica ya había sido denunciada por un antecesor de Rotundo, Juan Manuel Casolatti, pero a raíz de ello fue separado del cargo que ocupaba en la denominada “Secretaría de Derechos Humanos” de la provincia, cuyo titular, Remo Carlotto, le había prohibido que se presentara ante la Justicia para no perjudicar al gobernador.
Según la información oficial, el jefe de la Unidad Penal 24 de Florencio Varela y cinco guardiacárceles fueron separados de sus cargos y pasados a disponibilidad por vender 150 kilos diarios de pan horneado por los presos. El pan estaba destinado a las cuatro cárceles de la zona, pero en realidad se vendía en panaderías. El Ministerio de Justicia presentó lo sucedido como un éxito de la intervención, cuyos inspectores descubrieron la camioneta que cada mañana pasaba por la cárcel a retirar el pan. Las autoridades de la cárcel dijeron que se trataba de una donación para un hogar infantil, pero no tenían la documentación respaldataria y el lugar era inexistente. En una revisión posterior, los interventores encontraron en depósito aceite, harina, arroz y otros alimentos, que deberían haber sido consumidos por los prisioneros. Medidas similares se anunciaron en Sierra Chica y Bahía Blanca.
El robo de alimentos en Sierra Chica fue denunciado a mediados del año pasado por colegas de los agentes penitenciarios involucrados. En la Orden del Día del 22 de junio de 2004 consta que fueron puestos en disponibilidad simple, de acuerdo con el artículo 24, inciso a, del decreto 9578/80 aún vigente. Ese texto sancionado durante la dictadura militar dice que la disponibilidad simple es la situación del personal que no presta servicio efectivo mientras espera que se le asigne otro destino. Durante ese lapso sigue cobrando sus haberes. Al inspector mayor Juan Orlando Martínez Gómez, separado entonces de Sierra Chica, el nuevo destino que le asignaron fue nada menos que la dirección de la Escuela Superior de Estudios Penitenciarios. La misma disponibilidad simple, a la espera de un nuevo destino, es la que se aplicó ahora a los funcionarios separados de Sierra Chica y Florencio Varela. Ni siquiera se les aplicó el inciso d. del mismo artículo, por el cual hasta que se resuelva el sumario administrativo no cobran el sueldo. Con los anuncios de relevos y disponibilidades se intenta calmar el escándalo que constituye la situación en las cárceles bonaerenses, mientras al mismo tiempo se protege a los responsables con traslados a otros cargos donde seguirán su carrera sin ningún contratiempo.