Se habló mucho, hubo versiones, enfrentamientos y desmentidas. Sin embargo, hasta ahora ningún dirigente de primera línea había admitido en voz alta lo que Felipe Solá, gobernador bonaerense e integrante de la comitiva presidencial, dijo ayer, antes de subir al avión: que el Gobierno estudia anular la privatización de Aguas Argentinas. “Existe la posibilidad de que se rescinda el contrato”, aseguró Solá. Y hasta se animó a imaginar cómo sería el día después: “Tendríamos una empresa mixta entre la Nación y la provincia”, proyectó el gobernador. E insistió: “Nosotros creemos que se puede hacer”.
Solá formuló estas declaraciones ayer, antes de abordar el vuelo de retorno a la Argentina, en diálogo desde Francia con el programa Buenos días Buenos Aires, que se emite por Radio Provincia.
Sus palabras son importantes por tres motivos: es un dirigente de primer nivel, que últimamente sintoniza bien con Néstor Kirchner; participó de la visita a Francia, durante la cual la situación de la empresa privatizada fue el tema central, y está directamente involucrado en el asunto porque Aguas Argentinas, controlada por la firma francesa Suez, provee el servicio a 17 distritos del conurbano bonaerense, además de la Capital Federal.
Además de anunciar que “existe la posibilidad” de que se anule el contrato, Solá sostuvo que una empresa estatal permitiría garantizar inversiones que hoy la concesionaria francesa se niega a concretar. Después, el gobernador se quejó: “Hemos recibido unas exigencias que no estamos dispuestos a soportar, ni como gobierno nacional ni como gobierno provincial. La empresa francesa pretende que se pesifiquen sus deudas con el Gobierno, que se le dé un seguro de cambio que ningún argentino tiene frente al dólar y también que se aumenten las tarifas”, sostuvo Solá. Y agregó: “Durante estos años no existió desde los organismos de control la rigurosidad necesaria para que el consumidor argentino, en muchos casos una persona humilde, estuviera defendido. A raíz de eso, la empresa hizo inversiones sólo en aquellos lugares en donde estaba segura de que iba a poder cobrar la tarifa. Sin embargo, obtuvo ganancias importantes, muy importantes”.
Para poner en números la evaluación de Solá, conviene repasar el informe de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios Deuco, recogido por el Etoss, el ente de control del agua, y publicado por este diario. Allí se indica que, aunque en los pliegos de privatización no se habían previsto aumentos, entre 1993 y 2003 la tarifa subió un 88 por ciento (de 14,56 pesos a 27,4 para la media residencial). En la misma línea, las obligaciones contraídas en la privatización hablaban de una inversión de 2202 millones de pesos durante esos diez años, pero la empresa cumplió con sólo el 60 por ciento (1342 millones).
En cuanto a la cobertura del servicio, el informe indicó que la red debería llegar al 88 por ciento según los pliegos originales y hoy alcanza al 79: hay 1.032.000 habitantes del área concesionada sin cloacas y 800 mil sin agua potable. Algo similar ocurre con el tratamiento de las aguas servidas (el compromiso indicaba que a esta altura la cobertura debería alcanzar al 74 por ciento y apenas llega al 7). Finalmente, aunque el contrato comprometía a la empresa a garantizar 10 metros de columna de agua, en muchos lugares, especialmente en el conurbano, nunca se registró ese nivel.
El Gobierno maneja estos datos desde hace tiempo. Y, aunque el punto de partida de la renegociación puede situarse mucho antes, el tema llegó al primer lugar de la preocupación oficial con la multa de 2 millones de pesos aplicadas por el Etoss y, sobre todo, con la visita a Francia. El jueves pasado, en el Elíseo, el presidente francés Jacques Chirac le dijo a Kirchner que la negociación por la privatización del agua era apenas “una piedra en el zapato”. Al día siguiente, Kirchner participó de un encuentro con los principales empresarios franceses, entre los que se encontraba Yves Thibault de Silguy, uno de los directivos de la empresaconcesionaria Suez, a quien le respondió con ironía cuando habló de su amor por Argentina. “Hay amores que matan”, fue la respuesta. Thibault de Silguy sorprendió en esa reunión señalando que, “si el gobierno argentino quiere renacionalizar el servicio, puede hacerlo”.
Poco después, el Presidente desmentía declaraciones del ministro de Economía, Roberto Lavagna, que había insinuado a una radio francesa la posibilidad de un aumento en la tarifa de agua del 16 por ciento.
Las declaraciones de Solá, entonces, no se producen en cualquier momento, sino en el último día de una gira en la que hubo muchos temas en carpeta –la interna del PJ bonaerense, las inversiones de otras empresas–, pero en la que la situación de Aguas Argentinas estuvo en el centro de la escena. Desde antes de partir, el Gobierno venía analizando qué hacer con la concesión. Como informó Página/12 el domingo pasado, la Rosada maneja una encuesta sobre las privatizaciones que indicaría un respaldo a la reestatización. De acuerdo con estos números, un 70 por ciento dijo aprobar la privatización de los teléfonos, porcentaje que se invierte para el caso del agua. Del mismo modo, la alternativa sintoniza con la evaluación oficial (positiva) sobre la reestatización del Correo, la segunda privatización anulada por la Casa Rosada. “Tiene superávit; la estampilla está a 75 centavos y no se destruyó a los correos privados”, es la síntesis oficial.
Claro que no todos piensan lo mismo. En voz baja, Lavagna sostiene que no está tan convencido sobre la conveniencia de rescindir el contrato de Aguas Argentinas y preferiría llegar cuanto antes a un acuerdo con Suez. Su evaluación se hace extensiva al Correo, cuyos números lee de manera diferente: el ministro dice que la empresa es superavitaria y funciona bien porque no está amortizando capital ni realizando inversiones significativas.
Al margen de las diferencias, lo cierto es que tanto Kirchner como el encargado de negociar las privatizaciones, Julio De Vido, analizan como una posibilidad cierta la rescisión del contrato de Aguas Argentinas. Y que Solá, involucrado directamente en el tema, lo admitió ayer por primera vez. Habrá que esperar para ver si se trata de un capítulo más de esta larga historia o la decisión definitiva de un gobierno que se hartó de los abusos de las privatizadas.