El Gobierno creó un nuevo Consejo Consultivo de políticas sociales, organismo que, con la participación de representantes empresariales, de centrales sindicales, organizaciones piqueteras y la Iglesia, se ocupará del diseño y la implementación de los planes de asistencia. En los últimos tres años funcionó un Consejo similar con el programa Jefes de Hogar. La novedad es que ahora ampliará sus funciones a la totalidad de los planes sociales. Tal extensión, sin embargo, surge rodeada de polémica, ya que los representantes piqueteros que participaron del Consejo advirtieron que “no sirvió para nada”. Consideran que el organismo “estuvo pintado” y dio una engañosa imagen de participación democrática.
El nuevo Consejo se creó mediante el decreto presidencial 15, del pasado 12 de enero. Según el texto oficial, trabajará bajo la órbita de la ministra Alicia Kirchner, junto a sus pares de Trabajo, Salud y Educación, para orientar el uso de los 6800 millones que este año se destinarán a los sectores empobrecidos. “Un espacio de participación activa de la sociedad civil”, definieron en Desarrollo Social, que profundizará la experiencia iniciada con el Plan Jefes.
Pero Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), dijo que el Consejo, en sus casi tres años de años de existencia, “fue una pérdida de tiempo porque las decisiones se siguieron tomando en otro lado”. Para el dirigente piquetero, que integró el organismo desde el momento de su creación, “era un lugar donde se charlaba de política y algunos se ponían de fiscales, pero lamentablemente no resolvió ninguna situación. El Consejo debía controlar el Plan Jefes y es lo que menos que hizo. No porque sus integrantes no quisieran, no era culpa de ellos sino que no les permitían hacerlo. Se decidía en otro lugar. Por eso no sirvió para nada”.
Alderete consideró que, además de ser ineficaz como mecanismo de control, el Consejo no funcionó para orientar políticas. Así, durante el 2004 se subejecutaron 1600 millones de pesos en el área social sin que sus integrantes discutieran el tema. “Se enteraron por los medios de que esos fondos no habían sido utilizados”, aseguró.
¿Se debatió en el Consejo sobre la universalización de la ayuda social?, le preguntó este diario “Sí”, dijo Alderete. “Había acuerdo en que el plan Jefes debía ser universal, pero eso jamás se pudo concretar”.
El referente señaló que la CCC dejó de ir a las reuniones hace tres meses “porque no tenían razón de ser. Había buena intención de los que lo formaban, pero no teníamos instrumentos para actuar”.
Su opinión podría leerse como una crítica de la oposición. Pero también Luis D’Elía, titular del sector piquetero kirchnerista cuestionó el funcionamiento del Consejo. “Fue bastante improductivo”, definió.
“Nosotros nos cansamos presentar junto a la CCC denuncias sobre irregularidades, particularmente de lo que sucedía en las intendencias del interior, sobre todo de las provincias más feudales. Jamás tuvimos ninguna respuesta. El Consejo tenía cierto sesgo corporativo. Solamente eran escuchados los reclamos de Cáritas o de los sectores agroexportadores a través de la Sociedad Rural, que todo el tiempo se quejaba de las retenciones. Con las organizaciones sociales, en cambio, hubo mucha discriminación”.
El Consejo comenzó a trabajar en abril de 2002, durante la gestión de Eduardo Duhalde, cuando el plan Jefes, con la distribución de dos millones de subsidios, frenó el estallido social. Ese megaprograma iba a ser administrado por Consejos de gestión y control. El Consejo Nacional se integró con la Unión Industrial, la Asociación de Bancos de la Argentina, Cáritas, la Sociedad Rural, la CGT, la AMIA, las iglesias evangélicas, el Foro del sector Social y las dos organizaciones piqueteras mencionadas.
A criterio de D’Elía, las funciones “de control y gestión” se transformaron en “consultivas” para finalmente diluirse. Las críticas deldirigente incluyeron a los Consejos consultivos municipales, que según D’Elía se transformaron en “cotos de caza de los intendentes”.
El decreto debe ser reglamentado, momento en que se definirá concretamente qué organizaciones van a integrarlo. En Desarrollo Social señalaron que la convocatoria tomará como base a las organizaciones del Consejo actual. Se descuenta que el grueso aceptará continuar. Con respecto a los dos sectores piqueteros, en la CCC no parecía haber un clima favorable, mientras que la FTV la intención es permanecer. En relación con el resto de las agrupaciones de desocupados es muy difícil que quieran entrar. En 2002 lo rechazaron al considerar que sería improductivo. Lo más probable es que ahora mantengan tal posición.