Los músicos de la banda Callejeros perdieron a varios de sus seres queridos en el incendio del 30 de diciembre. Eso los colocaría en posición de víctimas, y por lo tanto, en condiciones de actuar como querellantes en la causa judicial. Sin embargo, ayer la jueza María Angélica Crotto rechazó esta pretensión que habían planteado sus abogados. Si bien aún no lo hizo, éste sería un claro indicio de que la magistrada evalúa acusarlos como responsables de la tragedia, junto al detenido empresario Omar Chabán, su entorno y, eventualmente, a funcionarios de control. Otra evidencia de que Crotto iría en tal sentido fue su decisión de decretar la inhibición de los bienes de los integrantes y del representante del grupo. Los abogados de Callejeros apelaron ayer el rechazo de la jueza.
Al impedirles a los músicos ser querellantes, Crotto argumentó que “no se puede determinar por el momento el carácter procesal que eventualmente podrían adquirir los miembros de dicha banda”. El abogado Mariano Silvestroni, del estudio Virgolini-Maloneay que representa al grupo, expresó a Página/12 que “en ninguna parte de su resolución la magistrada manifestó su voluntad de imputarlos”. De todos modos, si no son querellantes tampoco quedarán en el expediente como meros testigos del hecho, y es fácil deducir que terminarán como acusados.
En el escrito de apelación al que accedió este diario, los abogados indicaron que “la invocación de un suceso hipotético y eventual no puede emplearse para denegar el ejercicio actual y concreto del derecho constitucional a la defensa en juicio”. A continuación pidieron a la Cámara del Crimen que les conceda la condición de querellantes por una serie de razones. En principio, indicaron que está acreditada su condición de damnificados “en razón del fallecimiento, como consecuencia del hecho investigado, de familiares directos”. Luego expresaron que “ningún elemento permite dudar de nuestra condición de víctimas”. En tal sentido, enfatizaron que “ningún integrante de Callejeros tuvo a su cargo el manejo de recaudos de seguridad exigidos al local, ni el cuidado de los eventuales focos de peligro que, a la postre, desencadenaron el hecho”. Por lo tanto, dedujeron que ninguno de los músicos puede ser responsable “ni civil ni penalmente”.
Los representantes de Callejeros dedicaron el resto de su presentación al tema de la seguridad. Cuando la banda se presentó en el juzgado pidiendo ser querellante, argumentó que Raúl Villareal –uno de los hombres más allegados a Omar Chabán y quien lo visita en la cárcel– era el jefe de seguridad del boliche y fue uno de los que cerró las puertas la noche trágica. Villareal, que trabaja con los hermanos Chabán desde la época de Cemento, lo negó y replicó que “toda la seguridad estaba a cargo de la banda, que contrató treinta personas, 25 masculinos y cinco femeninos (sic)”.
Por el contrario, los abogados de la banda sostienen que “una cosa es la seguridad del local, relacionada con la instalación y el mantenimiento de las medidas de seguridad reglamentariamente exigidas, y el manejo o el cuidado sobre los eventuales focos o situaciones de peligro que existen en todo local de este tipo, y otra cosa es la función de control que se lleva a cabo en todo espectáculo”. Agregaron que “es impensable que se delegue en una banda musical, que de manera contingente accede a tocar allí, la supervisión de las instalaciones permanentes de seguridad del local. Esto es responsabilidad del dueño”. En tal sentido, solicitaron que se llame a declarar como indagado a Villareal, una situación que los funcionarios judiciales ya están considerando.
En cuanto al “control”, los abogados de los músicos definieron que no significa la supervisión de la seguridad de las personas sino de “camarines para que no se robe ningún bien de la banda, de las entradas(corte de los tickets), armado de las filas en el exterior del local y vallado del escenario”. Según los letrados, de todos modos, ambas funciones de control y de seguridad fueron “supervisadas y pagadas por Omar Chabán”. Aunque admitieron que Callejeros participó de la elección de determinadas personas para el “control del público”, aseguraron que esto es “irrelevante” desde el punto de vista de las responsabilidades penales. Nada dice el escrito del estudio Virgolini-Maloneay sobre la cantidad de entradas vendidas ni sobre la tradición en el uso de pirotecnia en los recitales de la banda, como tampoco la actitud de no haber levantado el show ante un peligro que el propio líder había advertido.
Los empleados de Cromañón inclinaron la balanza en contra de Villareal, cuando le dijeron a Página/12 que “era quien daba las indicaciones a los cuatro encargados de seguridad del boliche”. Sin embargo, los investigadores ven en este cruce de acusaciones la evidencia de responsabilidades compartidas en todos los aspectos en cuestión. “En ese cruce los dos (Callejeros y Villareal) quedan en evidencia”, razonó ante este diario una alta fuente judicial.