Mar 01.02.2005

EL PAíS  › OPINION

Las claves del desafío

› Por Martín Granovsky

Con su convocatoria a que los porteños decidan si quieren o no revocar su mandato, Aníbal Ibarra dobló la apuesta del macrismo y construyó el escenario que conoce bien: otro plebiscito.
En boca de sus asesores más cercanos, la convocatoria es parte de lo que ellos venían llamando en la última semana “relegitimación” de Ibarra. Se trataría de un chapuzón de opinión pública que refrescara la capacidad del jefe de Gobierno de llegar al 2007 con capacidad de gobernar.
Como lo admitió el propio Ibarra, el referéndum es técnicamente discutible. El artículo 67 de la Constitución porteña señala claramente en su primera frase que la iniciativa de revocar un mandato corresponde a los ciudadanos. Dice “el electorado” y no “el jefe de Gobierno”.
Si el tribunal superior de la ciudad no admitiera otra interpretación que la literal, Ibarra debería formar ya mismo un comité para juntar firmas y pedir un referéndum obligatorio. No hay duda de que podrá reunirlas: se sumarán las propias a las que ya están juntando, por ejemplo, algunos familiares de las víctimas de Cromañón. Según la Constitución, cuando están reunidas las firmas hay 90 días de plazo para la convocatoria.
Los ibarristas dicen confiar en el resultado del referéndum. Calculan que los votantes de centroizquierda se alinearán por fuerza con ellos, espantados otra vez ante el posible crecimiento de Mauricio Macri.
Ibarra ganó las dos veces luego de un plebiscito implícito.
En la primera, en el 2000, polarizó fuerzas con la fórmula Domingo Cavallo-Gustavo Beliz. Y sacó mucha ventaja. Lo que aún era la Alianza de frepasistas y radicales obtuvo el 49,4 por ciento contra el 33,1 del cavallismo. Fueron 16 puntos de diferencia.
Volvió a presentarse, ya con la Alianza destruida, en el 2003. Esa vez no pudo ganar en la primera vuelta de agosto (que fue de Macri, con 37 contra 33,7 por ciento) pero sumó en el ballottage de septiembre los votos que habían ido a Luis Zamora y terminó triunfando por 53,5 contra el 46,5. Fue clave el apoyo de Kirchner, que había asumido en mayo, y el de Elisa Carrió. Así, Ibarra recogió en la ciudad el fruto de una coalición de hecho que se hubiera dado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2003 y que la huida de Carlos Menem impidió presenciar. Anoche, el vocabulario del ibarrismo estaba formado por palabras que comienzan en re. Además de relegitimación, reformulación.
“Teníamos que reformular, asumiendo los errores”, dijo un funcionario de Ibarra a Página/12. “Y si reformulamos, ¿por qué no ahora? Tenemos que mejorar la seguridad en la ciudad, tenemos que trabajar más todavía con los familiares de las víctimas de Cromañón y tenemos que repensar el espacio de centroizquierda en la ciudad porque no hay un sistema de partidos nuevo.”
Con la decisión política de ayer, Ibarra asume un riesgo alto. Nadie tiene asegurada la victoria.
Una variable es cómo juega la lejanía cada vez mayor respecto del desastre del 30 de diciembre.
La otra es la cercanía a las elecciones parlamentarias de octubre, un tema que sin duda formará parte de una negociación política con el kirchnerismo. Porque también para el Presidente el riesgo es alto, más aún si se tiene en cuenta que Carrió no apoya más a Ibarra.
Una tercera variable, relacionada con el punto anterior, es la agenda. ¿Será un temario centrado en la política nacional, lo cual es conveniente para Ibarra por el eventual traspaso de popularidad del Presidente? ¿Estará marcada por una masacre que costó casi 200 muertos? Y si sucede lo último, ¿Ibarra logrará escapar de acusaciones por fallas en el control que quedarán cada vez más claras por la investigación judicial? ¿O, también a partir de la cantidad obscena de muertes, querrá y podrá desplegar un plan sensato y real de controles y normas?
La primera sesión de la Legislatura fue nula en ideas concretas.
Hay una que surgiría de la propia revisión de Ibarra. Dijo: “¿Por qué no hay personal del comienzo al fin del espectáculo para garantizar que no hay esa irresponsabilidad criminal de cerrar una puerta de emergencia?”. Y completó: “Me hago cargo, porque las normas no mandan a que eso se realice. Es una responsabilidad de todos los que tenemos responsabilidades institucionales. También de ustedes, señores legisladores y señoras legisladoras”.
Sólo como ejemplo, hay otra idea concreta recomendada ayer en este diario por Alberto Ferrari Etcheberry: que todas las puertas, comunes y de emergencia, de los sitios donde hay más de 50 personas, abran para afuera. La discusión del viernes en la Legislatura y el conocimiento público de los hechos de Cromañón dejaron en claro que el problema no es sólo el mecanismo de inspecciones o la honestidad de los supervisores municipales. Es evidente que sólo puede haber control al azar, porque sería absurdo creer que existen estructuras de gobierno capaces de impedir la infracción más pequeña en el último quiosco de Buenos Aires. El error de fondo en el caso del boliche es que el azar no puede ser un criterio de eficacia cuando se da la excepcionalidad, quizás única en un solo día, de que se reúnen más de mil personas en un solo lugar y en una sola noche. Hasta la suerte necesita conducción.
Ibarra dijo que quiere quedarse al frente del gobierno para asumir la responsabilidad por Cromañón, que en su caso es al mismo tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Incluye las causas de la tragedia, que si se hace caso a los indicios de la Justicia llegan a funcionarios de su propio gobierno, y la forma de minimizar hacia adelante la chance de un desastre igual.
Hasta ahora el jefe de Gobierno parece haber apelado a una fórmula doble. Por un lado, como anoche, concentra personalmente la política. Por otro lado, como ocurrió con la designación de Juan José Alvarez al frente de la Secretaría de Seguridad, delega un área en la que pudo haber intervenido personalmente sin que hubiera sonado extravagante. El mismo Ibarra puso al vicejefe de Gobierno Jorge Telerman a cargo de la Secretaría de Promoción Social –una virtual intervención luego de la salida de Rafael Romá–, se supone que porque buscaba levantar el perfil de decisión política del área.
Si el cambio planteado incluyera la inversión de esa fórmula, Ibarra podría convertir Cromañón, que él mismo definió como el producto de “un fracaso”, en la oportunidad de ejercer una de las únicas dos reparaciones que corren por cuenta de un Estado. La primera es hacia atrás: la reparación material a los familiares de las víctimas. La segunda, hacia adelante: la asunción de responsabilidades bajo la forma palpable de normas sencillas y controles estrictos, no sólo en boliches sino también en transporte, vivienda o alimentación. Es una dimensión que requerirá mucha energía personal, no delegada, de Ibarra, porque, lo diga o no una encuesta, 192 muertos marcan una agenda. La paradoja será que cuanta más energía ponga en la gestión diaria, menos energía tendrá Ibarra para la campaña por la revocación de su propio mandato y, luego, la segunda campaña para triunfar en el referéndum. Una paradoja, sin embargo, aparente: es posible pensar que sólo ganará la revalidación si distribuye su energía de un modo cotidiano, cercano a los vecinos. Un modo, aunque parezca pasado de moda, municipal.

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