Fue un golpe de efecto. A un mes de la tragedia de Cromañón y cuando todos esperaban sólo la confirmación o no de su presencia en la Legislatura, salió a jugar una baraja fuerte: “Quiero que la ciudadanía decida a través del voto obligatorio y vinculante si debo continuar o no como jefe de Gobierno”. Aníbal Ibarra había tomado la decisión apenas una hora antes del anuncio, en una reunión cerrada con dos de sus más estrechos colaboradores y después de una consulta con el gobierno nacional. Para el ibarrismo, la apuesta parece la forma de capear la crisis “institucional” que juega la gobernabilidad desde la Legislatura. Y la forma de terminar, según dijeron ayer, con la “corporación política” que sigue “lejos de la ciudadanía”.
La decisión de Ibarra fue una sorpresa incluso para buena parte del gabinete, que desde temprano buscaba canales de negociación con la Legislatura para “pactar reglas” para la segunda parte de la interpelación que se inicia esta tarde.
Durante casi todo el día, las negociaciones encaradas principalmente con el macrismo no dieron resultados: Ibarra no estaba dispuesto a presentarse en el recinto para que se repitan las escenas del viernes pasado, dijeron las fuentes consultadas del gobierno porteño. Para hacerlo, esperaban pacientemente el resultado de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que ayer a la tarde encabezó el macrista y vicepresidente de la Legislatura, Santiago De Estrada. Allí se reunieron varios de los jefes de los 20 bloques de diputados para pautar cómo sería la sesión hoy, evaluar posibilidades, atender las propuestas de los sectores que aún impulsan un pedido de “juicio político” y analizar cómo, cuántos y quiénes serían los familiares habilitados para ingresar al recinto. Desde temprano hubo sectores de la oposición que presionaron para elevar el número de los 40 familiares que ingresaron con acreditaciones la semana pasada. En esa complicada trama de negociaciones legislativas se hallaba Laura Moresi, la diputada del ibarrismo que se encargó de llevar adelante la dura pero endeble posibilidad de acuerdos.
Mientras esa reunión avanzaba, Ibarra fue definiendo su participación y la opción de la consulta popular. Se reunió de 3 a 6 de la tarde con su gabinete, entre ellos con Juan José Alvarez, reciente ministro de Seguridad. Cuando la reunión terminó, aún no habían decidido qué harían. Recién con el regreso de Laura Moresi a la Jefatura de Gobierno y una súbita reunión entre Ibarra, Jorge Telerman y Raúl Fernández se tomó la decisión final del plebiscito. En el análisis de los íntimos, sería el único modo de campear lo que –suponen– será la sesión de esta tarde: “Los legisladores ya mostraron el viernes que no hay una preocupación por la verdad sino de un recambio político –especulan–. El viernes barajaban como únicas posibilidades las tres opciones de salida: o intervención federal o juicio político o revocación de mandato”.
En ese contexto, Ibarra convocó a los medios para adelantarse. La conferencia de prensa se hizo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Poco después de las 19.30 empezó: “Los convoqué para trasmitirles que voy a concurrir a la Legislatura para contestar a todas las preguntas y dar las explicaciones que resulten necesarias”, arrancó. Recordó, de todos modos, que el viernes pasado ya las había dado: “Durante diez horas contesté las preguntas de veinte bloques, de todas las que hicieron los 20 presidentes de bloques aunque durante la última hora y media –subrayó– hubo sólo discursos y no preguntas”.
Aunque a lo largo de la conferencia nunca mencionó al “macrismo” en persona, las referencias a los diputados alineados con el presidente de Boca Juniors se encontraban en cada uno de los meticulosos párrafos pronunciados. Consideró la “dilación” de la sesión anterior como “una manipulación de los dolores de los familiares de las víctimas y de la sociedad”. Pero ante la disyuntiva de ir o no ir, decidió anunciar que lo haría esforzándose por separarse de las especulaciones políticas: “La dimensión de la tragedia –dijo– hace que no deba evitarse cualquier prueba que pueda entenderse como especulación política”. “Por los familiares –agregó–, voy a ir al recinto.”
Palabras más, palabras menos, allí puso un solemne primer punto final. Cuando nadie lo esperaba, dijo: “Ahora tengo que hablarles de otra cosa”. Y lentamente avanzó sobre la inédita propuesta del plebiscito. Para hacerlo se corrió prolijamente de los “legisladores” –a los que sus voceros más tarde considerarían como “parte de la vieja corporación política”– para encuadrarse del lado de la “ciudadanía”.
“Yo estoy acá por los que me eligieron. Es un honor gobernar con el aval de la gente y es un deshonor hacerlo sin ese aval. Yo no estoy aferrado a ningún sillón, y como no pierdo de vista la dimensión de lo que pasa, quiero –expresó finalmente– que la ciudadanía decida si debo continuar como jefe de Gobierno.”
Cuando tuvo que explicar los motivos, optó por anclarlos en Cromañón y alejarlos de las sangrantes internas políticas: “Yo lo necesito porque existió la tragedia y existieron los muertos después de la tragedia de Cromañón”. Habló de “una necesidad de todos” y de “que nada puede seguir igual después de la tragedia de Cromañón”. Y que ese aval “será un producto que dé la ciudadanía” y no “un partido político”. Recién cuando el anuncio fue tomando forma, se refirió suavemente a los “grupos políticos que pretenden reemplazar a los ciudadanos”. En esa línea, dijo que “vivimos operaciones políticas de las más bajas a partir del 30 a la noche. No sé si me conviene o no me conviene; la verdad, no me importa”.
La realización o no del plebiscito vinculante no dependerá de una votación en la Legislatura. Sí en cambio, del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad (ver aparte). De todos modos, aclaró que si esa instancia no avanza “voy a ponerme a la cabeza de la recolección de firmas” para alcanzar el 20 por ciento del padrón que exige el artículo 67 de la Constitución porteña a fin de iniciar el proceso de “revocación del mandato”.
Raúl Fernández fue, durante la tarde, quien tomó el guante de la interna política. Cuando Ibarra ya había desaparecido del Salón Blanco, mencionó los asuntos de la “politiquería barata”: “Con esta decisión se termina con el motivo de inestabilidad”, aseguró. Queda claro, dijo, “que el jefe de Gobierno pone su decisión a disposición de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires para terminar con la politiquería barata que se monta sobre los muertos, y es diferente que sea la ciudadanía quien decida si sigue el gobierno”.