La jueza lo anticipó cuando procesó a Omar Chabán. Y todo indica que empieza a avanzar más allá del excéntrico empresario. De hecho, ya tiene en su escritorio el pedido del fiscal del caso y de algunos querellantes para que cite a declaración indagatoria a los integrantes del entorno de Chabán, como así también a miembros del grupo Callejeros que tocaban la trágica noche del incendio del 30 de diciembre. Por el estricto secreto de sumario no trascendió quiénes serán los nuevos acusados, pero Página/12 pudo saber que no serán funcionarios, al menos en lo inmediato.
Esto se desprende del diálogo que mantuvo ayer la magistrada con un grupo de familiares que acudió a su juzgado. “Quería verle su cara porque desde que murió mi hija usted es la cara de la Justicia”, le dijo la madre de una de las víctimas de Cromañón a Crotto. “Estamos cansados de la connivencia entre la Justicia y el poder político”, le confesó un padre que habló en representación del grupo. Todos hicieron hincapié en la necesidad de que la investigación alcance también a los funcionarios, que en general tienen un “paraguas” en estos casos, y a las responsabilidades del Estado frente al hecho. El grupo integrado por Benicia Gómez, Jorge Luis Orrego, Jorge Luis De Olivera, Raúl Noboa, Miguel Angel Barbalace, Ada Sirlin, Mario Cwierz, Susana Mediavilla, Emiliano Navarro, Emanuel Burset, Liliana Garófalo y Ricardo Diez, entre otros, acudió acompañado por los abogados María del Carmen Verdú, Marcelo Parrilli y Rubén López Santos, quienes se presentaron para ser admitidos como otra querella unificada, luego de que la jueza los incluyera en un grupo más grande de víctimas que encabeza el abogado José Antonio Iglesias.
Los letrados consideraron que al unificar a los querellantes la magistrada violentó sus derechos, y argumentaron que no coinciden con “las imputaciones realizadas, las figuras legales aplicables y el análisis de la autoría y responsabilidad” de los hechos que hizo Iglesias. Por lo tanto, al no existir “coincidencia de intereses” quieren actuar por vía separada. Verdú aclaró a este diario que a ellos se sumarán otros abogados que representan a más familiares, y mencionó a Daniel Stragá, Edgardo Soares, Martín Alderete y Claudia Ferrero, entre otros. En el escrito que presentaron ayer indicaron que Crotto se apuró a unificar las querellas, antes de los plazos previstos, y advirtieron que hay muchas causas en las que existen gran cantidad de querellantes, incluso más que en ésta. También expresaron que están acostumbrados a trabajar en equipo porque han tenido experiencia en otras “megacausas” tales como ESMA, la masacre del 20 de diciembre de 2001, y los asesinatos en el Puente de Corrientes, entre otras. En diálogo con este diario, Verdú comentó que pudo confirmar que las únicas imputaciones concretas contra funcionarios han sido planteadas por el grupo de querellantes que ella integra.
Tal como explicó este diario en su momento, los investigadores están cerrando el círculo del entorno de Chabán, y, aunque no descartan avanzar hacia los funcionarios, por ahora lo vienen postergando. Mientras la jueza planea ampliar la acusación contra el empresario por los más de 800 heridos del caso, el fiscal Juan Manuel Sansone habría pedido que se cite a declaración indagatoria a nuevos imputados. Estas personas serían el hermano del detenido, Yamil Chabán, y su jefe de seguridad, Raúl Villarreal. Según la agencia Télam, también serían llamados inspectores municipales que permitieron al boliche seguir funcionando a pesar de que no tenía habilitación y algún policía que habría recibido coimas. Además, podrían ser convocados miembros del grupo Callejeros, o los responsables de la seguridad de la banda, quienes eran los encargados de los cacheos antes del ingreso al local y permitieron que muchos invitados especiales entraran sin ser revisados, según el testimonio de los sobrevivientes que declararon en el expediente. El abogado Iglesias presentó ayer en el juzgado una copia de la versión taquigráfica de las explicaciones que dio el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra en la Legislatura. “No hace faltar hurgar demasiado para ver que hay una admisión de culpa”, dijo el letrado. Sin embargo, consultado por Página/12, consideró “prematuro” pedir la indagatoria de Ibarra. La otra presentación fue de María Cristina Quevedo, madre de Jackeline Santillán, quien pidió que sean llamados a declarar Rodrigo Cozzani, jefe de la División Control Integral de Establecimientos Comerciales, del Gobierno porteño, y Marcelo Grosman, quien fue director del proyecto Estudio Abierto de esa administración.