El próximo miércoles, a lo sumo, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, José Mandalounis, presentará en el Tribunal Superior de Justicia su pronunciamiento sobre el pedido del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra para que la consulta revocatoria se pueda realizar sin recolección de firmas. Ibarra reivindicó su iniciativa porque “hay grupos políticos que buscan especular políticamente afectando la gobernabilidad”. Ese día el Tribunal se reunirá para analizar la incorporación de la revocatoria del mandato del vicejefe Jorge Telerman al plebiscito y también el miércoles comenzarán a llegar a la Legislatura las primeras normas relativas a la seguridad en los espectáculos públicos.
El jueves, el Tribunal pidió la opinión del fiscal general sobre este tema, que en los hechos implica abordar una zona gris en la Constitución porteña. Su artículo 67 y su ley reglamentaria establecen que un plebiscito revocatorio debe ser instrumentado con las firmas de 560 mil electores, el 20 por ciento del padrón. Pero en este caso es el mismo jefe de Gobierno cuyo mandato se pone en juego quien acepta someterse por voluntad propia a la consulta.
El miércoles el Tribunal, integrado por los jueces Julio Maier, Luis Lozano, José Casas, Alicia Ruiz y Ana María Conde realizará un plenario para analizar el pedido de un particular para que el vicejefe de Gobierno sea incorporado al plebiscito. En ámbitos judiciales se indica que tras recibir la opinión de Mandalounis, el Tribunal podría emitir su decisión a última hora o convocar a otra reunión plenaria para jueves o viernes.
En declaraciones periodísticas Ibarra insistió en que “algunos grupos políticos estaban interesados en afectar la gobernabilidad” y que “si es la sociedad la que dice que no debo seguir, no me quedo un segundo más, pero que sea la sociedad, no un grupo político o un grupo de legisladores; esto es lo que busco con el referéndum”.
Con respecto al debate en la Legislatura, Ibarra aseguró que “había algunos legisladores que querían que diera explicaciones, pero a otros sólo les interesaba la luz de las cámaras, hacer un discurso, irse y dejar semivacío el recinto”. “Parecía que el jefe de Gobierno tenía que dirigir las ambulancias, controlar en persona las puertas de seguridad, mirar las etiquetas de los matafuegos y además apagar las bengalas”, señaló.
El jefe de Gobierno aseguró que la seguridad en los locales bailables no estaba en la agenda de los legisladores ni de la política. “En noviembre de 2004 fue el entonces ministro de Seguridad a la Legislatura y sobre seguridad en los boliches no hubo una sola pregunta.” Sobre su responsabilidad en la tragedia de Cromañón señaló: “Hay dos situaciones, la culpa personal y de sentimientos, y otra es la culpa política. En términos personales, tengo no sólo angustia, dolor, sino también sentimientos cruzados de culpa, todo eso ocurrió en la ciudad. Desde lo jurídico o lo penal no, en absoluto, pero eso será una decisión judicial”.
En otras declaraciones, Ibarra destacó “el compromiso con la gobernabilidad”, por parte del ex presidente Eduardo Duhalde, quien calificó de “digna y valiente” su decisión de convocar al plebiscito. Y también negó que hubiera un distanciamiento del gobierno nacional. “No sólo lo tuve informado, sino que estuvo cerca de todo lo que ocurrió en la post tragedia”, indicó.
En este sentido, a su regreso del Sur, adonde acompañó al presidente Néstor Kirchner, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, respaldó la iniciativa del plebiscito porque “resuelve una problemática”, ya que “todo el mundo se arroga representaciones”. El ministro advirtió que si la Justicia prueba que en el boliche Cromañón se pagaron coimas a policías, los culpables de darlas y recibirlas deben “ir presos”.
También la procuradora del gobierno de la ciudad, Alejandra Tadei, respaldó la iniciativa de Ibarra y añadió que, por una cuestión ética, si el jefe de Gobierno “pierde el referéndum” ella “renunciaría en ese mismo momento”.Ibarra fue muy crítico con Mauricio Macri de quien señaló que “perdió la oportunidad de presentarse como estadista, dejando de lado especulaciones y tironeos políticos ante la tragedia”. Y sobre Raúl Castells, quien amenazó con quemar las urnas en el plebiscito, afirmó que “es profundamente antidemocrático porque quieren reemplazar la opinión de la sociedad y se ponen como sus voceros, ya sea con una manifestación, con una declaración o con un corte de calles”.
Por otra parte, el miércoles el gobierno propondrá que se modifique la normativa sobre seguridad en los recitales en vivo con una batería de medidas que enviará a la Legislatura. Serán las primeras repercusiones en este plano de la tragedia en Cromañón que provocó primero un recambio en el área de Seguridad y un afinamiento en las inspecciones y luego una presentación de dos días del jefe de Gobierno ante la Legislatura.