María Romilda Servini de Cubría intenta reconstruir la última hora de gobierno de Fernando de la Rúa y su entorno. Así, en los próximos días, según fuentes judiciales, serían citados a declarar dos de los funcionarios del gobierno caído de la Alianza: en este caso el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el ex ministro de Turismo, Hernán Lombardi. Ambos habrían presenciado una reunión en la Casa Rosada, previa a la renuncia presidencial, en la que se habría discutido sobre los asesinatos de manifestantes que ocurrían afuera de la residencia, a apenas unas cinco cuadras. Con ello la investigación busca determinar hasta qué punto el gobierno saliente, aún en el poder hasta la hora en que fueron asesinadas ocho personas en los alrededores de la Plaza de Mayo, hizo o dejó de hacer para ocasionar esas muertes.
Los testimonios de los dos ex funcionarios serían la primera andanada de declaraciones que los últimos habitantes radicales de la Casa de Gobierno deberán dar ante la jueza y los fiscales. Mientras la investigación sobre los hechos del 20 y del 29 de diciembre –cuando el cacerolazo terminó con el Congreso incendiado y una paliza a varios policías– avanza reconstruyendo qué fue lo que en el medio del caos ocurrió en las calles, por otra parte se intenta determinar qué era lo que en el mismo momento, y horas antes, ocurría en las oficinas del poder tambaleante. Servini apuntó desde el primer momento de su investigación a determinar de quién fue la responsabilidad de los homicidios que precedieron a la renuncia de De la Rúa. Es por ese motivo que el ex presidente, su ministro del Interior, Ramón Mestre; su secretario de Seguridad, Enrique Mathov; y el entonces jefe de Policía, Rubén Santos, no pueden salir del país hasta que sus situaciones judiciales se aclaren.
Las preguntas que los fiscales tienen para hacerle a Rodríguez Giavarini y Lombardi tienen que ver sobre todo con su presencia en una reunión clave que hubo en la Casa Rosada justo antes de que el helicóptero de las fotos volara con De la Rúa dentro. Los fiscales y la jueza quieren saber si existió –y cómo fue– una discusión entre el ex secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, y el hijo presidencial Antonio de la Rúa a raíz de las muertes que se estaban sucediendo en Avenida de Mayo y cerca del Obelisco. La pregunta que los investigadores se hacen es primero si hubo una orden de aniquilamiento que provocó que centenares de balas de calibre 12, y 9, fueran disparadas por la policía, apuntando además a matar a quienes se manifestaban cerca de la Casa de Gobierno. De hecho, uno de los datos más simples pero relevantes de la causa que investiga Servini es el horario en que los heridos y los muertos ingresaron a los hospitales de la ciudad a los que los llevaron ambulancias del SAME y autos particulares.
En casi todos los casos, esos ingresos fueron entre las 16.30 y las 17.30, con lo cual las bajas comenzaron a producirse a casi una hora de que el presidente renunciara y durante ese lapso de tiempo. Los hombres que murieron bajo las balas policiales estaban en la zona de Avenida de Mayo, poco antes de Tacuarí; en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en la calle Chacabuco y la avenida, frente al banco HSBC; en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bernardo de Irigoyen, y a un costado del Obelisco. Los heridos también cayeron en varios lugares de la zona. Esto significa que debió haber un acuerdo preestablecido, un plan para matar con balas y no para reprimir con perdigones de goma, consideran los investigadores.