La secuencia empieza con la gente que pasa días pidiendo que se vayan los ministros de la Corte Suprema. El presidente Eduardo Duhalde apenas asume amaga con desplazarlos. Veinticuatro horas más tarde parece ablandar su apuesta. El nuevo ministro de Justicia, Jorge Vanossi, los visita ayer a la mañana en son de paz. Sus Señorías, casi simultáneamente, intentan arrebatar por medio de un “per saltum” 38 expedientes en los que el juez Martín Silva Garretón había abierto las puertas del “corralito” de cientos de ahorristas del Banco Ciudad. La intención es reforzar las restricciones bancarias. El mensaje de los supremos al Gobierno no tiene demasiadas vueltas: “Hoy por ti mañana por mí”, diría.
Dos secretarios de la Corte llegaron ayer al juzgado de Silva Garretón exhibiendo un oficio que exigía 30 recursos de amparo que habían sido resueltos a favor de los demandantes. Los 8 restantes los solicitaron verbalmente. Se trata, en su mayoría, de plazos fijos, cajas de ahorro y depósitos judiciales –como indemnizaciones por despidos– que oscilan entre 30 mil y 150 mil pesos.
El paquete requerido incluía la causa iniciada por la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, quien hace una semana obtuvo un fallo positivo que benefició a todos los porteños que tuvieran pesos o dólares atrapados en cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos. Entre esos casos, hay algunos trágicos como el de una familia que necesita el dinero para la operación de esófago de un hijo. Y otros patéticos, como el de un hombre al que le robaron 500 pesos en la calle, la policía detuvo al ladrón y la plata quedó incautada en el banco.
–De acá no se llevan nada. Si quieren, insístanle el lunes al juez que me reemplace durante la feria, yo ahora estoy muy ocupado –les dijo Silva Garretón a los emisarios del alto tribunal.
La notificación cortesana invocaba presentaciones que hicieron ante el alto tribunal el Banco Ciudad y el propio Banco Central (BCRA), que cuestionó específicamente el fallo correspondiente a la Defensoría. Oliveira había pedido a la Justicia, además, que se “acredite el incumplimiento del Central” de la resolución que autoriza a los porteños a rescatar sus ahorros y “la aplicación de una multa al presidente de la entidad, Roque Maccarone por incumplimiento” de lo dispuesto por el juez.
El intento de la Corte de saltear las instancias judiciales intermedias, recurriendo a su herramienta jurídica predilecta para saciar al poder político, quedó abortado de momento. Pero el tribunal volvería a la carga la semana próxima, cuando a Silva Garretón lo subrogaría la jueza Liliana Heiland, que aceptaría entregar las correspondientes carpetas.
Los jueces de la Corte ya sentaron un precedente para tener a mano avalando el “corralito”. Resolvieron obligar al camarista civil Claudio Kiper a devolver 200 mil dólares que había retirado del Banco Ciudad. Fue una semana atrás en una acordada que celebraron mientras en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, una multitud convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas, pedía la renuncia de todos ellos.
Es evidente que la Corte, aunque en aquella oportunidad falló sobre un caso puntual, pretendía poner coto a las medidas judiciales favorables a miles de ciudadanos. Pero Silva Garretón, que acumuló más de 5000 expedientes, no cambió de criterio. Siguió sosteniendo, como en su primera resolución que favoreció a la diputada del Frente para el Cambio Alicia Castro y que luego trasladó a los 10 millones de agremiados en la CGT y la CTA, que la restricción para sacar la plata del banco es inconstitucional.
El Gobierno necesita sostener el “corralito” y restringir al máximo la salida de pesos para que, en cuanto se levante le feriado cambiario, no haya una corrida que dispare el precio del dólar y se desestabilice todo. El sistema financiero, además, presiona para evitar que siga el drenaje de depósitos de los bancos, aunque sea en los niveles mínimos actuales. Los cortesanos se preparan para fallar sobre el fondo del asunto de un momento a otro y poner fin a las medidas judiciales que autorizan los retiros sin restricciones. La primera señal la dieron ayer con el reclamo de 38 casos.
En el BCRA se quejan “porque las medidas de Silva Garretón generaron un caos total”, señaló un vocero. Relató que algunos bancos decían tener a sus gerentes escondidos por temor a la presión de la gente quería cobrar como fuera, entre otros escándalos.
“Voy a pedir el juicio político a la Corte Suprema, además de todas las veces que ya lo pedí”, anunció la defensora Oliveira. Y acusó a los ministros de estar “probablemente negociando si se quedan o si se van”.