EL PAíS
› SI FALLA EL REFERENDO DE IBARRA
Pensando el plan B
Si no llegan a juntar las 520.000 firmas necesarias –y será difícil que lo logren–, en el ibarrismo están planeando una consulta popular no vinculante, que no necesita firmas.
› Por Santiago Rodríguez
En el gobierno porteño ya están pensando en un plan alternativo por si no juntan las firmas para realizar el referendo de revocatoria de mandato de Aníbal Ibarra: hacer una consulta popular –un plebiscito, que no es obligatorio, al que puede convocar el Ejecutivo por propia decisión– el mismo día de las elecciones. Aunque así se asegurarían una masiva presencia de votantes en el cuarto oscuro, la idea presenta dificultades que ya son objeto de análisis en Bolívar 1, como que la continuidad o no de Ibarra en su cargo se convertiría automáticamente en tema central de la campaña. Pero de acuerdo con las encuestas que manejan los ibarristas, peor sería el escenario en caso de que el ex fiscal no se sometiera al pronunciamiento del electorado. Esos sondeos indican que la mayoría de los porteños lo vería como otra promesa incumplida de la vieja política y que se produciría una fuerte caída en la imagen de Ibarra.
La búsqueda de una alternativa al referendo no implica que Ibarra se haya resignado a dejar de juntar las 520 mil firmas que la Constitución local establece. Por el contrario, el jefe de Gobierno impartió días atrás a su tropa la orden de seguir movilizándose con ese objetivo.
En cumplimiento de esa directiva, los ibarristas –quienes cuentan ya con 170 mil avales– prometen a partir de la semana que viene “saturar las calles” con mesas para juntar firmas. Aseguran, incluso, que está previsto que los propios miembros del gabinete de Ibarra salgan de recorrida por la ciudad para “explicar a la gente de qué se trata el referendo y los motivos por los cuales se convoca a la consulta”.
Después de una primera avanzada, el propio Ibarra se involucra en forma directa y se pone al frente de la campaña. Eso le aconsejaron sus colaboradores más cercanos, en función de las últimas encuestas que llegaron a sus manos. Los sondeos los realizó la consultora Nun-AdroguéCaruso –que desde hace años aporta periódicamente información al gobierno porteño– y revelan que sobran porteños dispuestos a firmar a favor de la realización del referendo, pero hay que salir a buscarlos.
De las 400 personas consultadas por la encuestadora, el 63 por ciento dijo estar de acuerdo con el referendo y el 45 por ciento respondió que firmaría para que se pueda realizar. Trasladado ese porcentaje al padrón, quiere decir que hay casi 1.200.000 porteños que darían su aval a la convocatoria de Ibarra; o sea, más del doble de los necesarios.
“La cuestión sería irremediable si sólo tuviéramos 400 mil personas dispuestas a firmar. Lo que demuestran los números –analizan quienes le sugieren al jefe de Gobierno asumir mayor protagonismo– es que no tenemos un problema estructural, sino de logística.”
La misma encuesta proporcionó una serie de datos a partir de los cuales los ibarristas montarán su operativo de “saturación”, como que la disposición a respaldar el plebiscito asciende al 63 por ciento entre las mujeres, al 60 entre los que aprueban la gestión de gobierno y al 70 entre quienes tienen una imagen positiva de Ibarra. Las nuevas mesas no estarán instaladas en cualquier lado, sino en los barrios en los que siempre ha hecho sus mejores elecciones.
En el gobierno porteño consideran que Ibarra debe ponerse a la cabeza de la recolección de firmas, aun a riesgo de que al final no consiga reunir las necesarias. Ese análisis no está desvinculado de la alternativa en la que ya piensan por las dudas no sea posible hacer el referendo.
El plan B consiste en realizar una consulta popular junto con las próximas elecciones. El discurso apuntará a instalar la idea de que los porteños no firmaron porque en última instancia no les interesa plebiscitar la gestión, pero que aún así Ibarra considera imprescindible ser sometido a su escrutinio. Lo que advierten los estrategas ibarristas es que cuantas más firmas se hayan juntado, mayor será la fortaleza de la convocatoria.
Entre el referendo de revocatoria y la consulta popular hay diferencias sustanciales. El primero no sólo requiere para su realización el aval del 20 por ciento del padrón electoral, sino que es obligatorio y su resultadoes vinculante. El segundo es un mecanismo constitucional previsto para que el Ejecutivo interpele a la ciudadanía sobre “decisiones de sus respectivas competencias” y el electorado no está obligado a participar.
Un problema no menor que enfrentan los ibarristas para llamar a la consulta popular es encontrar una pregunta concreta para hacer, que evite que la convocatoria sea declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de la ciudad. En todo caso, lo que está en discusión es la continuidad o no de Ibarra después de la tragedia de República Cromañón y eso en sí no es un acto concreto de gobierno. Los hombres de Ibarra no olvidan que en marzo de 1999 los supremos tildaron de improcedente una consulta popular que el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa pergeñó para que los porteños votaran en contra de la posible rereelección de Carlos Menem y anularon su decreto de convocatoria.
Esa fue una de las razones por las cuales Ibarra no llamó de entrada a una consulta popular, pero no la central: aunque resultaba más complejo, eligió el camino del referendo para que fuese obligatorio votar. Una escasa participación daría pie a una interminable discusión sobre la legitimidad del resultado del plebiscito y aun cuando se impusieran aquellos que quieren que siga al frente de la ciudad, no le sería de utilidad para su objetivo de relegitimarse políticamente.
Más que la posibilidad de que los porteños no se detengan frente a las boletas por sí o no a la continuidad de Ibarra, a los ibarristas los inquieta el modo en que la campaña electoral podría impactar en la definición de su destino. No por nada, su plan original contemplaba que el referendo debía hacerse a más tardar en junio para no mezclar los tantos.
Una opción para seguir manteniendo los asuntos por carriles separados sería adelantar las elecciones de legisladores y hacer la consulta popular ese día. Ibarra puede fijar la fecha que quiera para la renovación de la Legislatura, pero sus asesores descartan prácticamente esa jugada porque saben que no recibirían otra cosa que críticas. “Eso sólo nos conviene a nosotros –explican– y a los que están colgados sin un candidato a diputado fuerte. Desde el macrismo, el ARI y el kirchnerismo saldrían a matarnos.”
Puestos a analizar que la consulta coincida con la elección de diputados nacionales, los ibarristas no llegaron a una conclusión terminante. “Lo seguro es que obligaríamos a todos a hablar del tema”, sostienen y, basados en las encuestas, agregan que “habría que ver qué dicen”.
Según los datos que manejan, la percepción que tienen en la jefatura de gobierno es que a ningún candidato le será fácil hablar contra Ibarra. La encuesta a la que se remiten afirma que el 66 por ciento de los porteños votará por su continuidad, pero eso no es todo. Entre los que anticipan que elegirán a Rafael Bielsa como diputado, el 84 por ciento respalda a Ibarra, quien obtiene también el apoyo del 63 por ciento de los seguidores de Elisa Carrió. De los votantes de Mauricio Macri, el 55 por ciento considera que el jefe de gobierno no debe ser desplazado y lo mismo opina el 48 por ciento de los fieles a Luis Zamora.
Por más dudas que tengan, los estrategas del ibarrismo no ven hoy alternativa mejor que llamar a una consulta popular si no logran hacer el referendo. Están convencidos porque el 55 por ciento de los porteños que sondearon creen que Ibarra saldrá perjudicado si no revalida su título. Casi la mitad de los que se pronunciaron así advirtieron que “no tendrá el apoyo popular que necesita para gobernar” y otro tanto fue terminante: utilizaron frases como “no va a cumplir con su palabra” o “pasará a la historia como un político mentiroso más”.
La conclusión que en el gobierno porteño escucharon de boca de sus consultores fue clara: “O se les ocurre algo de la misma magnitud que tuvo la convocatoria al referendo o están en serios problemas”. La iniciativa le dio a Ibarra el oxígeno que necesitaba cuando la tragedia de República Cromañón lo puso contra las cuerdas, pero ahora amenaza con convertirse en una trampa a la que debe encontrarle una salida.