Mientras Juan Pablo II agonizaba, el Vaticano anunció la aceptación de la renuncia del obispo de Resistencia, Carmelo Juan Giaquinta. Esto sugiere que la posición firme pero mesurada del Poder Ejecutivo desarmó a los grupos ultramontanos de la Iglesia que procuraban escalar un conflicto de creciente intensidad con el gobierno argentino. Junto con la aceptación de la renuncia, el Vaticano transmitió al gobierno un pedido de disculpas al presidente Néstor Kirchner por las frases destempladas de Giaquinta, quien la semana anterior opinó que “la locura vuelve a regular las relaciones del Estado con la Iglesia” como en tiempos de Juan D. Perón y se preguntó si la Argentina es una democracia o se gobierna con “la ley del chicote”. Ese regreso al ’55 (la carrera de Giaquinta prosperó bajo el amparo de los obispos antiperonistas Fermín Lafitte y Juan Carlos Aramburu), cayó tan mal en el gobierno como en el Episcopado, que se siente tan poco representado por esa voz como por la del obispo castrense, Antonio Baseotto. Las disculpas a Kirchner fueron presentadas por el Nuncio Adriano Bernardini al Secretario de Culto, Guillermo Oliveri. Ambos funcionarios acordaron el miércoles 30 que no habría información oficial sobre lo conversado, como forma de suavizar la situación creada por la agresiva posición de Baseotto, quien confesó en público su deseo de arrojar al mar al ministro de Salud. Bernardini informó que la renuncia sería aceptada el sábado 2 de abril, pero la inminencia de la muerte del Papa obligó al adelanto, por temor a que la resolución se dilatara hasta la elección de un nuevo monarca, ya que nadie más puede decidir sobre una renuncia. El Vaticano también reiteró que Baseotto será trasladado pronto a Roma, cosa que el Nuncio ya le había anticipado al canciller Rafael Bielsa. La sede romana percibió que si sostenía una posición intransigente el gobierno denunciaría el tratado de 1957, ampliado en 1996, que creó el Obispado Castrense. A cambio de la continuidad de esa estructura, sobre cuya utilidad expresaron reparos incluso el obispo de Neuquén Marcelo Melani y el Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, el Vaticano admitiría que además de católicos hubiera capellanes protestantes, musulmanes y judíos, como ocurre en el servicio religioso de las Fuerzas Armadas de países no confesionales.

Una señal política

El retiro de los obispos a los 75 años fue implantado por el Concilio Vaticano II hace cuatro décadas pero su aplicación es flexible. La norma canónica establece que al llegar a esa edad los obispos deben presentar la renuncia, pero el Papa no tiene plazos para aceptarla. Por ejemplo, Antonio Caggiano recién se retiró a los 86 años y Raúl Primatesta a los 79; el todopoderoso cardenal Joseph Ratzinger, quien sigue al frente del Santo Oficio, cumplirá 78 dentro de dos semanas. El cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, tiene 77. Lo más notable en el caso de Giaquinta es que recién dentro de tres meses llegará a la edad límite. El obispo permanecerá en su sede como administrador apostólico hasta el nombramiento del sucesor, lo cual indica que la renuncia sólo tiene una razón política.
El gobierno había retirado el acuerdo a Baseotto como obispo castrense. La duda expuesta por Navarro Valls sobre la existencia de libertad religiosa en la Argentina era disparatada. De hecho, la única duda al respecto planteada en noviembre de 2000 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refería al “trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la Iglesia Católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Ese artículo, que desde 1994 tiene rango constitucional, afirma que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley.”
Lejos de pedir explicaciones, Roma las ofreció, con la remoción de Giaquinta y el pedido de disculpas a Kirchner. También dijo que la Iglesia desactivaría la marcha en adhesión a Baseotto que organizaban para el jueves algunas damas y caballeros nostálgicos de la dictadura militar. Así fue. Las relaciones parecen regresar al curso normal del que las sacaron los exabruptos de Baseotto y Giaquinta. Sólo un papa argentino podría introducir un elemento de fricción, si el rescate de los militares de la dictadura se convirtiera en política vaticana según el deseo apenas velado del diario que lidera la oposición.

Cuatro contactos

La relación con una potencia algo más terrenal que el Vaticano también ocupó la atención del gobierno. Los vicepresidentes Dick Cheney y Daniel Scioli se reunieron el 7 de febrero en la Casa Blanca; los ministros de Defensa Donald Rumsfeld y José Pampuro, en Buenos Aires el 22 de marzo; los presidentes George W. Bush y Néstor Kirchner conversaron por teléfono el 29 y los cancilleres Condoleezza Rice y Bielsa se encontraron en Washington el 31. En los cuatro casos, la invitación al diálogo correspondió a la parte estadounidense. La uniformidad de los respectivos temarios tampoco deja dudas sobre la intención del gobierno norteamericano, aunque hubo matices específicos en cada caso. El esquema común incluyó una valoración positiva sobre la evolución de la economía, una felicitación por el rol de la Argentina en Haití y en Bolivia y una inquietud por lo que Washington considera agresividad y armamentismo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En los matices está toda la diferencia. Scioli destacó el rol de “contención” de la Argentina respecto de Venezuela y también se reunió con el senador demócrata Christopher Dodd, quien dijo que Bush exageraba con Venezuela. Pampuro reiteró el concepto de la contención, pero luego de declararse preocupado por la compra de armas, lo cual motivó el fastidio de Kirchner y la aclaración ministerial sobre el derecho de un país soberano a tomar ese tipo de decisiones. Cuando el presidente de Estados Unidos se refirió al tono agresivo de Chávez y la compra de armas, el presidente argentino respondió que “con el gobierno democrático de Venezuela” era necesario bajar el tono y buscar niveles de convivencia institucional. Ese es el nudo del problema: Washington intenta desconocer su carácter democrático y así deslegitimarlo.
Condoleezza Rice dijo que a veces Chávez cruzaba lo que llamó “la delgada línea roja” y mencionó los “insultos” a Bush y “medidas antidemocráticas” como la ley de prensa y aquella que prohíbe a las ONG recibir financiamiento desde el exterior. Bielsa aconsejó no confundir a un militar populista con un líder comunista como Fidel Castro. Sobre las expresiones del venezolano respecto de Bush, sostuvo que si le responde un director de departamento no hay escalada ni riesgo. Admitió que las restricciones a las ONG no eran aceptables pero sobre la ley de prensa (que impone penas de hasta dos años y medio de prisión efectiva por faltarle el respeto a una interminable lista de funcionarios) afirmó que era defensiva y no ofensiva, ya que Chávez recién la promulgó después de ocho años de recibir todo tipo de agresiones por parte de medios que llegaron a recomendar que había que “apuntarle a la verruga y hacer fuego”. El canciller recordó que el gobierno de Estados Unidos apoyó el golpe promovido en 2002 por los medios venezolanos. “Era una situación confusa”, explicó Rice. Bielsa mencionó un discurso pronunciado por Chávez esta semana, en el que dijo que no quería pelearse con Estados Unidos.
–Son palabras, desdeñó Rice.
–Como sus opiniones sobre Bush –replicó Bielsa.
Sobre la compra de armas, Bielsa dijo que con el petróleo cerca de 60 dólares el barril y el Plan Colombia en sus fronteras, era un reflejo natural en un líder cuya referencia son las Fuerzas Armadas. “ Pero esto no significa que vaya a generar un conflicto con Colombia ni exportar la revolución bolivariana.” Ante la insistencia de Rice en las relaciones con Castro, Bielsa replicó que “como todo militar va a ir tan lejos como se lo permita su retaguardia. Kirchner y Lula no lo van a acompañar muy lejos si va en la dirección que ustedes temen”. También defendió las “profundas relaciones políticas y económicas, oficiales y extraoficiales, formales e informales. de la Argentina con Venezuela. El gobierno argentino, agregó, está comprometido con Chávez, pero de una manera madura, crítica. En el momento del plebiscito, Kirchner no le dijo “hacé lo que te parezca, sino atenete a las urnas”. Lo mismo dijo Bielsa respecto de Bolivia. “Nuestro límite es la estabilidad subcontinental. Bolivia es la rodilla de América del Sur. No es sólo gas para nosotros. La desestabilización de Bolivia implicaría la presión de tres millones de bolivianos sobre Jujuy y Salta.” Bielsa no hablaba por sí solo. En contra de lo que aparenta creer Estados Unidos, nadie en América Latina piensa que Chávez esté pensando en cortar la provisión de petróleo a Estados Unidos, armar a las FARC o ir a la guerra con Colombia.

Cuba no

Funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos transmitieron al gobierno argentino una evaluación muy positiva de la conversación con Bush, con una sola excepción: la referencia al gobierno de Venezuela como democrático. En cambio, no mostraron preocupación por la planeada visita de Kirchner a Cuba. Si tuviera tiempo para recibir a algún disidente, sería óptimo, arriesgaron, sin mayor énfasis. Lo único que les preocupa hoy de Cuba es el financiamiento que afirman le provee Chávez. El Consejo de Seguridad Nacional encabezado por Stephen Hadley dejó saber al gobierno que no teme nada por el apoyo que Chávez pueda dar a organizaciones de Brasil, la Argentina, Chile o Uruguay, pero sí a las de países con gobiernos débiles como Bolivia, Perú y Ecuador. La semana pasada, el diario Miami Herald publicó un artículo de uno de sus especialistas militares, Joseph L. Galloway. Rumsfeld quiere unas Fuerzas Armadas “proactivas, que puedan despachar pequeños equipos a enseñar técnicas de contrainsurgencia a los ejércitos de países hostigados y ayudarlos a sobrevivir”, dice. El corresponsal recuerda que esos grupos de asesoramiento y asistencia militar, ya fueron enviados a los lugares calientes del mundo entre las décadas de 1950 y 1970 para entrenar y armar a los ejércitos de naciones inseguras asediadas por insurgentes, que eran o comunistas o sus aliados. Luego del mal final en Vietnam, “evitaron misiones semejantes por temor a verse empantanados en guerras civiles”. Es decir que las denominadas “nuevas amenazas” son en realidad muy viejas.
La referencia a aquellos episodios de medio siglo atrás no es ociosa. En 1961 los débiles gobiernos de la Argentina y Brasil estaban jaqueados por la insurrección castrense alentada desde Washington. Los presidentes Arturo Frondizi y Janio Quadros recibieron al ministro cubano de industria Ernesto Guevara e intentaron una mediación con el gobierno estadounidense de John F. Kennedy con el propósito de impedir una polarización que incendiaría a todo el continente. Ambos fueron derrocados poco después y la región padeció tres décadas de violencia y sufrimiento. Hoy la situación es incomparable. Los gobiernos de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comparten una visión política. Kirchner, Lula, Ricardo Lagos, Tabaré Vázquez son presidentes fuertes. La oposición política no es significativa y las respectivas Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. Tampoco hay grupos que crean en las posibilidades de la lucha armada para la toma del poder. A pesar de la profunda crisis social, el futuro no puede adivinarse leyendo la prensa de aquellas décadas irrepetibles.

Junio y noviembre

En junio sesionará la asamblea general de la Organización de Estados Americanos. En noviembre los presidentes se reunirán en Mar del Plata. El secretario general interino de la OEA, el funcionario del Departamento de Estado Luiggi Einaudi impulsa la reforma de la Carta Democrática que la OEA aprobó nada menos que el 11 de setiembre de 2001, de modo que la falta de independencia de la justicia o las restricciones a la libertad de expresión descalifiquen como democrático a un gobierno electo por el voto popular. Pero en la última Asamblea General de la OEA, en Quito, se aprobó la propuesta de Venezuela de sancionar una carta económico-social. Los países sudamericanos y México propusieron como presidente del grupo de trabajo a cargo de su elaboración al embajador de Venezuela. El gobierno de Chávez sostiene que la carta democrática expresa el Consenso de Washington y ya presentó un primer borrador de carta social, grávido de consignas antiimperialistas. El muy diplomático embajador de los Estados Unidos, John Maisto, hizo saber que si ese texto prospera, será el acta de defunción de la OEA. Lo más probable es que ambas tentativas se neutralicen recíprocamente: ni Estados Unidos aceptará la carta social, ni los países latinoamericanos admitirán que se relativice la carta democrática. Menos polarizados parecen los prolegómenos de la cumbre de Mar del Plata. Su lema, propuesto por la Argentina es “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”. Sin embargo, en un seminario preparatorio realizado en Washington, Canadá y Estados Unidos sostuvieron que la mejor manera de crear trabajo es flexibilizar la legislación laboral, una posición que ninguno de los gobiernos del Cono Sur aceptará.