Con la mayoría que el PJ tiene en la Cámara alta, el Senado aprobó anoche el proyecto oficial para la normalización del PAMI, la obra social de los jubilados. La iniciativa deberá ser discutida ahora en Diputados. Teniendo en cuenta los tiempos que el Congreso está mostrando en un año netamente electoral, y la oposición que la norma generó en los bloques de la oposición, esto podría ser algo no fácil ni rápido. Desde el justicialismo, la mendocina María Cristina Perceval destacó que “estamos hablando de un cambio en el marco legal del PAMI, no por la urgencia, sino por la responsabilidad de diseñar un marco sustentable”. La radical de Tierra del Fuego, Liliana Capos, el cordobés Carlos Rossi criticaron que el Ejecutivo se reservara el derecho de nombrar y remover a tres de los cinco miembros del futuro directorio de la obra social de los jubilados.
“Para los actuales administradores del PAMI, esta ley es un logro”, repetía anoche en los pasillos del Senado un miembro del organismo. Para explicarlo decían que desde que Graciela Ocaña arribó al instituto, su principal objetivo fue que la normalización debería ser por ley. También destacaban que se prohíbe el gerenciamiento o tercerización y que el 80 por ciento de los recursos se destinan directamente a la salud.
La fueguina Capos fue la primera que cuestionó que el Ejecutivo se reservara la mayoría del directorio del PAMI. “Mediante esta ley se quiere legitimar una intervención. Se quiere transformar al PAMI en un organismo que dependa del Ejecutivo”, comenzó la senadora radical.
En su artículo 8, el proyecto establece que, además de los tres directores en representación del Estado, lo hará uno por los jubilados y otro por las agrupaciones sindicales que están encuadradas en la CGT. En el caso de los directores que lleguen a este puesto en representación de los jubilados, y el de los gremios de la CGT, durarán cuatro años en sus funciones. Los directores que representen al Estado permanecerán en su cargo “mientras dure el mandato de quien los ha designado”. Es decir, mientras dure el mandato del titular del Ejecutivo. Perderán su cargo “por razones de mérito, oportunidad o conveniencia”.
El proyecto establece que tanto el presidente como el vice del PAMI serán designados por el Ejecutivo “entre los directores que representen al Estado”. También se define que, “en caso de empate, el voto del presidente vale doble”. Otro de los puntos criticados por la oposición fue que el contralor del organismo lo hiciera una sindicatura creada especialmente para esta tarea: la Sindicatura General del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Para explicar la fuerte participación del Ejecutivo en el directorio, en el PAMI ponían el acento en que “precisamente fue el Estado el que concurrió en el salvataje de la deuda que crearon distintas administraciones”. Todavía queda un largo camino para la normalización. Entre otras cosas, el debate en Diputados.