La modificación de la Ley de Estupefacientes, a partir de la desfederalización de la jurisdicción penal, se debatía anoche en la Cámara de Diputados. Al cierre de esta edición, los legisladores analizaban si devolvían el proyecto al Senado para su sanción o lo dejaban empantanado con destino incierto.
La intención del gobierno de Felipe Solá es que los jueces de la provincia puedan intervenir en los delitos menores vinculados a la venta de drogas. En tal sentido, la diputada del ARI Marcela Rodríguez señaló el “riesgo de abrirle una nueva caja a la maldita policía bonaerense”.
Tras la exposición informativa del proyecto realizada por el diputado justicialista Guillermo Johnson, los legisladores opositores recordaron la opinión de expertos, tales como la camarista Lucila Larrandart, contraria a la iniciativa por poseer errores técnicos y, esencialmente, porque entienden que lejos de mejorar la persecución del narcotráfico va a entorpecerla, dado que las justicias provinciales están mucho más desbordadas que la federal. Rodríguez destacó la mala redacción del proyecto, que en uno de sus artículos establece que la competencia será local en los casos en que la droga se encuentre “fraccionada en dosis al consumidor”. Por lo tanto, argumentó: “Si agarramos a alguien con un kilo de cocaína pero en bolsitas, es menor y para la Justicia local”.
En varias oportunidades Solá dijo que el objetivo es que la gente tenga mayor número de ventanillas, y más cercanas, para denunciar casos de venta de drogas porque considera que la falta de infraestructura en la Justicia federal hace que “se deje de lado al chiquitaje” que “inunda de droga a nuestros pibes”. El gobernador graficó que “la señora con ojotas termina de hacer el puchero y va a vender marihuana como una forma de parar la olla”. Al argumentar su voto en contra, la diputada Patricia Walsh expresó que “a Solá debería preocuparle que “esa señora con ojotas, además de narco, sea pobre”. Por su parte, el socialista Eduardo García recordó que un senador expresó que “hay que pegarle al perro, para que aparezca el dueño”. Según García, “esto implica seguir castigando al consumidor, el eslabón más débil de la cadena, y nunca aparece el dueño”.