Después de casi catorce años, el ex gobernador de Río Negro Horacio Massaccesi fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia Federal lo encontró culpable del delito de malversación de caudales públicos en la figura de peculado, por haber incautado 16,6 millones de pesos del Banco Central. Massaccesi apelará el fallo.
El episodio juzgado ocurrió el 4 de julio de 1991, cuando el gobernador retiró dinero de la bóveda del banco de la provincia –aunque los fondos pertenecían al Central– para pagar los sueldos de los empleados públicos.
En su defensa, Massaccesi argumentó que debió tomar esa decisión por la demora de la Nación en enviarle la cuota en concepto de coparticipación federal. En aquellos días el gobernador mantenía una disputa con el ministro de Economía Domingo Cavallo; estaban además por realizarse las elecciones provinciales en las que Massaccesi buscó su reelección como candidato del radicalismo.
Para retirar los fondos, el gobernador dictó un decreto-ley por el que incautó los fondos del Banco Central que estaban puestos en custodia en una bóveda del subsuelo del edificio del Banco Provincia de Río Negro, en General Roca, por un acuerdo de guarda firmado entre la entidad nacional y la provincial.
La condena fue dictada por la jueza federal de Roca, María del Carmen García. Alcanzó además al diputado nacional y entonces ministro de Gobierno, Fernando Chironi, quien fue castigado con dos años de prisión en suspenso, y a Raúl Di Nardo, quien ocupó la cartera de Economía en esa época. Roberto Rapazzo Cesio y Ricardo Sarandría, director ejecutivo del banco provincial y ministro de Salud, respectivamente, fueron condenados a dos años de cárcel en suspenso e inhabilitación.
En su resolución la jueza opinó que hubo “la intención y el conocimiento ínsito en cada uno de los sujetos en procura de hacerse de fondos que no pertenecían al erario provincial, que sabían que les era ajeno”. Massaccesi anticipó que apelará la condena. “El fallo es inadecuado porque las figuras de la malversación de caudales y peculado suponen que se usaron los fondos para beneficio propio, pero ya se sabe que nosotros tomamos la plata para pagarle a los empleados”, sostuvo.
El ex candidato a presidente dijo, de todas formas, que la sentencia no los sorprendió. “Esperaba algo así”, declaró en una entrevista radial, “dado que la jueza trabajó siempre con esta intención”.
El ex gobernador Pablo Verani, quien en 1991 era vicegobernador, y el ex fiscal de Estado Pedro Casariego, actual integrante del Tribunal de Cuentas provincial, también se encuentran procesados en esta causa, aunque no quedaron comprendidos en el fallo de la jueza García.