Aníbal Ibarra tuvo que aclarar nuevamente que no piensa renunciar a su cargo, al compás de las versiones sobre la posible intervención de la ciudad de Buenos Aires y su eventual procesamiento por la tragedia de República Cromañón. En el gobierno porteño sostienen que esas hipótesis no tienen asidero y aseguran que forman parte de una campaña política de desestabilización, que en público atribuyeron directamente a Mauricio Macri y a sectores de la izquierda, pero que en privado les imputan también a operadores del vicepresidente Daniel Scioli e, incluso, a algunos kirchneristas. “Vamos a dar pelea con todo lo que haya”, se le escuchó decir por estos días a Ibarra, y quienes lo conocen interpretan que ese “todo” podría incluir desde una modificación de su gabinete hasta la convocatoria a una consulta popular. Los pocos que están al tanto de sus planes anticipan que –alrededor del 20 de junio– habrá novedades al respecto.
Aunque en menor medida, la situación en la que hoy está Ibarra es la misma que vivió en los primeros días de enero, cuando la crisis política en que quedó sumido como consecuencia del incendio del boliche de Once llevó a que se hablara en forma recurrente de la posibilidad de su alejamiento de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Entonces salió de esa encrucijada por medio de la convocatoria al referendo de revocatoria de mandato. Aquella fue una buena jugada para sacar el debate del ámbito político y trasladarlo al conjunto de la sociedad, pero quedó inconclusa: aun cuando todas las encuestas indicaban que el electorado votaría a favor de su continuidad y así conseguiría relegitimarse en su cargo, Ibarra no logró reunir después las 520 mil firmas necesarias para llevar su caso a las urnas.
Sin relegitimación por vía electoral, ahora Ibarra aparece otra vez sujeto a los vaivenes del efecto Cromañón: la tragedia volvió a las primeras planas por la decisión de la Justicia de otorgarle la excarcelación a Omar Chabán y aparecieron nuevamente las dudas acerca de su futuro. Las especulaciones van de la mano de los rumores sobre la intervención del distrito y su posible procesamiento, que en el gobierno porteño vinculan con “operaciones políticas” en las que inscriben también los conflictos —que en las últimas semanas– tuvieron por escenario a las escuelas y a los hospitales de la ciudad.
En la denuncia pública de la situación Ibarra ve un buen antídoto para frenar el desgaste al que se ve sometido a diario. Por eso salió en persona a decir que existe una campaña para “cargarse” a su administración y señaló que por más que “algunos deben soñar” con su renuncia, esa salida ni siquiera está en sus planes. Está convencido de que la sociedad no quiere que se vaya y su propósito es “transparentar” que la idea de su alejamiento está siendo fogoneada sólo desde la política para recrear un clima de inestabilidad institucional, similar al de la semana anterior a su interpelación en la Legislatura.
Ibarra apuntó sin rodeos contra Macri y lo acusó de haber sido “el primero” que trató de desestabilizarlo. A su alrededor afirman tener indicios de que el macrismo “está operando a través de sus segundas líneas”. Como ejemplo, citan el caso de la legisladora Soledad Acuña, a quien responsabilizan de haber alentado el conflicto en el Hospital Moyano.
Si bien Macri es y será su blanco predilecto –también el presidente Néstor Kirchner puso al empresario en su mira a partir de su alianza con Ricardo López Murphy–, Ibarra no cree que sea el único que le está jugando en contra. El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, fue claro esta misma semana, cuando remarcó que “algunos sectores de la izquierda dogmática y trasnochada generaron algunos niveles de conflictividad en la ciudad en los últimos días”.
Los funcionarios porteños no tienen dudas de que detrás de las protestas por el estado edilicio de las escuelas hay una “mano política” que pretende sacar provecho. Así explican la participación en la toma de colegios de la Federación Universitaria de Buenos Aires –comandada por una alianza entre el PO y el MST– y también la clausura del Normal Nº 9 dispuesta por el juez Roberto Gallardo. “Si a las escuelas de la ciudad hay que clausurarlas porque se vienen abajo, al resto del país poco menos que habría que cerrarlo”, razonan y se preguntan también “dónde están los docentes que, si todo es un desastre como se pretende hacer ver, no salen a denunciarlo”.
La misma intencionalidad le otorgan en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad a las versiones sobre el eventual procesamiento de Ibarra y a la intervención del distrito –que surgieron en paralelo al pedido en ese sentido, que los familiares de las víctimas de Cromañón, le hicieron al ministro del Interior– Aníbal Fernández. En ese caso, indican que “hubo operadores de Scioli” que trabajaron para instalar el tema. Con un posible desembarco del vicepresidente en la ciudad por vía de una intervención o del adelantamiento de las elecciones, ya se había especulado en los días posteriores al incendio del boliche de Once y en aquel momento se relacionó con esa idea a los kirchneristas provenientes de Santa Cruz.
“Además de que no hay ninguna situación de conmoción que lo amerite, para el gobierno nacional la intervención es un negocio chino que automáticamente lo llevaría a perder las próximas elecciones: los porteños no toleran la ruptura de la institucionalidad y acá hay actores políticos diferentes a los del interior, que van a oponerse a un avance en ese sentido”, reflexionó un ibarrista ante Página/12 y anticipó que si el tema sigue en el tapete, el mismo Ibarra instalará el debate el respecto para obligar a Macri, a Elisa Carrió y a los demás dirigentes del distrito a romper el silencio, que hasta ahora mantienen. Similar fue su análisis frente a la hipótesis de un adelantamiento de las elecciones con un agregado: “El que lleva todas las de ganar en ese escenario es Macri.”
Si esta semana resultó ajetreada para Ibarra, no menos lo serán las que vienen. Así como señalan que “todos están esperando ver cómo evoluciona la causa” de Cromañón, también en el Gobierno de la Ciudad aguardan tener claro qué rumbo toma para actuar en consecuencia. No es caprichoso que Ibarra prepare alguna alternativa en busca de mayor oxígeno político y la anuncie allá por el 20 de junio con alguna variante: para esa fecha se estima que el juez Julio Lucini ya le habrá tomado declaración indagatoria y estará decidiendo su situación procesal.