Eduardo Enrique Massera, hijo del Almirante Cero, fue detenido ayer por orden del juez federal Sergio Torres. El arresto se debe a la participación del primogénito de Emilio Eduardo Massera en las maniobras vinculadas al robo de bienes de personas secuestradas en la ESMA: su nombre figura en la mayoría del paquete accionario de la sociedad Misa Chico, que “adquirió” las tierras de Chacras de Coria que pertenecían a los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini y Horacio Palma. El magistrado también dispuso el arresto de cuatro represores que formaron parte de trama financiera del mayor centro clandestino de detención de la Marina.
Massera junior, que no es militar, se enteró de que lo buscaba la Justicia luego de que la policía allanara su casa. Unas horas después se presentó en el juzgado de Torres acompañado por el defensor oficial Gustavo Kollman. Pasó la noche en el departamento central de policía y hoy será indagado por el juez, quien lo acusa de extorsión y asociación ilícita, delitos que en este caso están vinculados a la desaparición de personas.
La investigación que involucra a Eduardo Massera se inició a partir de la desaparición de Conrado Gómez, secuestrado el 10 de enero de 1977 en su oficina. Sus captores vaciaron la caja fuerte y además de plata se llevaron escrituras y documentos relativos a sociedades y propiedades del abogado. Sumaron al botín el Ford Fairlane bordó de Gómez.
Entre el 11 y 12 de enero fueron detenidos en Mendoza Cerutti y Masera Pincolini. Palma, el último de los socios de Cerro Lago, propietaria de las tierras en Chacras de Coria, fue secuestrado en Hurlingham. Todos fueron llevados a la ESMA.
Los terrenos de Cerro Lago pasaron a ser propiedad de Will-Ri SA, integrada por los represores Francis Whamond, Jorge Radice y Alejandro Spinelli, bajo los alias de Federico Williams, Juan Héctor Ríos y Felipe Pagés. A su vez, ellos las vendieron a Mario Alberto Cédola, contador naval y ex director del Registro Nacional de Buques, y a la actual jueza Emilia Martha García, cuya hermana estuvo detenida en la ESMA. Los lotes mendocinos llegaron a manos de la familia Massera a través de una nueva “transacción comercial” entre Will-Ri y Misa Chico. Esta última sociedad estaba presidida por Pedro Añon, quien encabezó el Partido por la Democracia Social, agrupación con la que Massera intentó incursionar en política. El 90 por ciento de las acciones de Misa Chico pertenecían a Eduardo Enrique Massera y Carlos Massera, hijo y hermano del dictador. Este último falleció. Torres convocó a Añon y otros integrantes de la sociedad para que declaren como sospechosos pero por el momento no ordenó sus detenciones.
Massera padre no rendirá cuentas por estos hechos ante la Justicia porque fue declarado "incapaz". Pero el juez estableció que “miembros del grupo de tareas de la ESMA de manera coordinada, sistemática y permanente y con la cooperación de otras personas ajenas a dicha estructura, luego de privar de la libertad a diversas víctimas, mediante distintos métodos extorsivos se apoderaban ilegítimamente de los bienes de éstas para luego iniciar una compleja madeja de maniobras tendientes a ocultar el origen ilícito de los mismos, logrando el reingreso de los bienes ilegalmente despojados al patrimonio de los investigados o de personas vinculadas con ellas con el fin último de obtener un lucro indebido”.
Junto con el primogénito de Massera, Torres ordenó arrestar a los represores Jorge Enrique Perren, Pablo Eduardo García Velazco (alias Dante), Alberto Gómez Menotti (alias Gato) y Carlos José Pazo. Todos ellos fueron parte de la trama financiera montada en la ESMA paralelamente a la estructura represiva. Los tres primeros participaron en el robo de las tierras mendocinas, mientras que el último está acusado de los desapoderamientos de los inmuebles que pertenecieron al desaparecido Jorge Carlos Muneta y a la ex detenida Nilda Actis y otro de la calle Besares, que actualmente figura a nombre de Berta Radice, hermana del represor. Torres investiga los robos a los desaparecidos de la ESMA en una causa que abrió especialmente para ese fin luego de que la Cámara Federal señalara que se debía profundizar en el funcionamiento de una organización destinada a enriquecer a Massera y a sus secuaces de la ESMA a costa de los desaparecidos. Varios ex detenidos aportaron indicios sobre operaciones que los marinos canalizaban a través de una inmobiliaria que funcionaba en el barrio de Belgrano, destinada a vender propiedades con ayuda de documentación falsa elaborada en los sótanos de la ESMA. Actis, por ejemplo, relató que al poco tiempo de su secuestro fue llevada a su casa para que retirara la escritura de dos departamentos en La Plata y luego la condujeron a una oficina donde tuvo que firmar dos poderes autorizando la venta de las inmuebles. Además habló de una oficina donde se realizaban actividades vinculadas con la refacción de viviendas que habían sido dañadas al secuestrar a sus habitantes. El juez también vinculó en estas maniobras a otros miembros de la patota de Massera como Radice y Jorge Eduardo Acosta, que ya están presos.