Eduardo Enrique Massera, hijo del “Almirante Cero”, se negó ayer a prestar declaración ante el juez federal Sergio Torres puesto que, adujo, ya ha sido juzgado y sobreseído en una antigua causa instruida por el ex juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby. Massera, detenido desde el martes, participó en las maniobras de desapoderamiento de los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma, propietarios de valiosos terrenos en la localidad mendocina de Chacras de Coria.
En 1981, dichos terrenos pasaron a formar parte del patrimonio de Misa Chico, sociedad que integraban Eduardo Massera (h) y el capitán de corbeta Carlos Alberto Massera, hermano del almirante. No era casual: para esas fechas el “negro” Massera había dejado su cargo en la junta militar y preparaba su desembarco en la política a través del Partido por la Democracia Social (PDS). Se evalúa que el argumento esgrimido por el defensor oficial Gustavo Kollman será desestimado por Torres: considerará que nunca antes fue indagado por los hechos que se le imputan y acerca de ellos sólo prestó declaración informativa.
Massera hijo es un abogado dedicado a las finanzas. Junto a su hermano fundó la financiera Xanexva y participó luego en puestos gerenciales del Banco Comafi. Pese al paso de los años, la oscura red formada por Xanexva, propiedades inmuebles, astilleros como Domecq García y Astilsur o el curioso Banco de Ultramar todavía no ha sido desanudada. Eran piezas que cimentaban las enormes aspiraciones políticas y de ascenso social del almirante y sus beneficios se derramaron en módicas cuotas sobre la soldadesca que lo secundó. Sin embargo, sería injusto afirmar que esas prácticas fueron patrimonio exclusivo de los marinos: altas jerarquías del Ejército también participaron del pillaje a gran escala, según puede deducirse, por ejemplo, de los expedientes que recuerdan lo ocurrido con las Bodegas Calise. Es que las Fuerzas Armadas y sobre todo Massera se habían lanzado a la caza del dinero producido por el secuestro de los hermanos Born, una fortuna de 60 millones de dólares que los Montoneros no tuvieron necesidad de negociar. “¿Cuánto vale mi vida? –preguntó Jorge Born a sus captores– ¿Sesenta millones de dólares?”. Sus interlocutores no podían creer lo que escuchaban: “Nosotros no pensábamos pedir más de diez”, relató hace tiempo un ex oficial montonero a este diario.

La quimera del oro

Esa obsesión guió los pasos de los miembros de los grupos de tareas que a primera hora de la mañana del 10 de enero de 1977 irrumpieron en los dos pisos que el abogado Conrado Gómez, ex abogado de presos políticos, colaborador de Montoneros, bon vivant y amante de los caballos de carrera había comprado sobre la calle Santa Fe. Los marinos tenían la certeza de que Cerro Largo, la sociedad integrada por el anciano empresario bodeguero Victorio Cerruti, padre de Juan Carlos Cerutti, ex subsecretario de gobierno de Martínez Baca y militante de la Tendencia, Gómez y el contador Horacio Palma, era una de las coberturas que legalizaba los dólares obtenidos por la organización guerrillera. En las oficinas de Gómez fueron detenidos, asimismo, dos militantes de la estructura de finanzas de la organización. Al día siguiente, otra patota naval llegó a la casa de Hurlingham en la que residía el contador Palma con su mujer y sus hijos; al amanecer del 12 de enero repitieron el procedimiento en Chacras de Coria, primero en la casa del anciano Cerruti y minutos después en la de su yerno, Omar Masera Pincolini. Las familias de Cerruti y Masera Pincolini, al igual que las de Gómez y Palma, no volverían a saber de ellos. Allí se inicia una historia sórdida, fraguada en los sótanos de la ESMA e instrumentada en los cuartuchos de “los Jorges” (el teniente –y contador– Jorge Radice, alias Ruger, y capitán Jorge Acosta, alias “el Tigre”). Con ellos trabajaron buena parte de los oficiales de la ESMA y una nube de contadores y escribanos ligados por profesión o por vocación a la Armada. Uno de ellos, Horacio Sosa Moliné, fallecido justo a tiempo para permitir que buena parte de las responsabilidades se descargaran sobre su nombre, fue el artífice de los protocolos que facilitaron los primeros tramos del despojo. Con él colaboraron el escribano de Prefectura Oscar Maglie, el contador –compañero de colegio de Rubén Chamorro– Horacio Cédola y la abogada Emilia Martha García, hermana de una polémica sobreviviente de la ESMA. La jueza García fue accionista y síndico de Wil-Ri, la sociedad fantasmal que reemplazó a Cerro Largo, luego de que sus verdaderos titulares fueran obligados a firmar la cesión de tierras valuadas entonces en 12 millones de dólares en los subsuelos de la ESMA. El pedido de juicio político a García fue fondeado por el Consejo de la Magistratura. Cuando en 1981 el ex almirante dejó la junta militar, creyó llegado el momento de disfrutar de sus bienes; Wil-Ri se transformó en Misa Chico, integrada por su hijo mayor Eduardo, su hermano Carlos y Pedro Añón, presidente del PDS. El domicilio de la sociedad era Cerrito 1136, el mismo que Massera (h) dio como localización de su estudio al Colegio de Abogados. En 1983, abortados los sueños políticos y ante la inminencia del Juicio a las Juntas, los Massera consideraron conveniente proteger los terrenos de Chacras de Coria de cualquier intento de restitución. Con la ayuda de Guardia de Hierro traspasaron los bienes a sociedades llamadas Huetel, Enori y A&B. Es verdad que, como afirma ahora Massera (h), la cuestión fue investigada por Ricotta Denby y revisada por el juez Nelson Jarazzo en una parodia de instrucción donde los peritos calígrafos certificaron que las firmas de Gómez, Cerutti y Palma “no habían sido obtenidas bajo presión”.
“Ser el hijo del ex almirante Massera no implicó que yo haya estado vinculado a sus actividades”, dijo en su declaración Massera hijo. Y agregó: “Es un insulto a mi inteligencia pensar que he sido titular de bienes mal adquiridos (sic) por la Escuela de Mecánica de la Armada (...) tendría que ser un bobo para hacer esto”. Quizá sentirse omnipotente sea una bobada.