“No sólo no se ha violado el derecho político del actor sino que la Cámara de Diputados de la Nación cumplió con una obligación internacional, derivada del deber de respeto y garantía de los derechos humanos”. Con este fundamento, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, consideró que los legisladores tomaron la decisión correcta cuando en 1999 decidieron impedir que el dictador Antonio Domingo Bussi –que actualmente está preso– asumiera su banca.
“El juicio ético realizado por ese cuerpo legislativo respecto de Antonio Domingo Bussi no se fundó en condiciones ‘políticas’ sino que tuvo el debido sustento objetivo en normas positivas constitucionales y por ello, resultó adecuado a estándares constitucionales”, afirmó el procurador en el dictamen que envió a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal deberá ahora definir la situación. Si bien el período en el que Bussi habría sido diputado ya está cumplido, el caso permitirá conocer la posición de la Justicia sobre la posibilidad de que el Congreso excluya a quienes son susceptibles de un “reproche ético incompatible con el requisito de idoneidad necesario para el acceso a la función pública”.
Esta causa fue iniciada por Bussi después de que no pudo asumir como diputado en 1999. En esa oportunidad se suspendió su incorporación a la Cámara para analizar las impugnaciones que habían sido presentadas debido a su responsabilidad en secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura. También hubo cuestionamientos referidos al ocultamiento de bienes en sus declaraciones juradas, que después fueron dejados de lado. El 10 de mayo de 2000, con el voto de 181 legisladores, su expulsión quedó confirmada. La banca fue ocupada por otro candidato de su partido, Fuerza Republicana.
Bussi acudió a la Justicia, y aunque en un principio la jueza María Servini de Cubría y la Cámara Electoral señalaron que se trataba de una “cuestión política no justiciable”, la Corte opinó diferente, lo que obligó a tomar una decisión sobre el tema de fondo.
La Cámara Electoral, entonces, hizo lugar al planteo del represor. Señaló que Bussi estaba habilitado para ejercer el cargo para el que había sido electo ya que se habían “constatado en la etapa correspondiente de registro de candidatos y oficialización de listas los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo sin que su candidatura recibiera objeciones u oposición de alguna agrupación política”. Los jueces argumentaron que el Congreso sólo podía revisar si los títulos y diplomas de los candidatos electos fueron emitidos por la autoridad competente, pero no podía ejercer un examen similar al que hace la Justicia.
Righi se opuso al criterio de ese tribunal. Sostuvo que “el control de la Justicia Electoral no obsta a que la Cámara de Diputados, en ejercicio de la atribuciones que le confiere la Constitución Nacional, emita un juicio sobre la idoneidad de aquellos que pretendan su incorporación a ese cuerpo legislativo”. Y agregó que “el disvalor que se desprende del hecho de haber formado parte de ese gobierno (de facto) con un cargo de máxima responsabilidad, permite razonablemente afirmar un reproche ético incompatible con el requisito de idoneidad necesario para el acceso a la función pública”.
Después de que la Cámara de Diputados lo rechazara como miembro, Bussi no se dio por vencido. En 2003 fue electo intendente de San Miguel de Tucumán, pero tampoco llegó a asumir: fue arrestado por la Justicia a pedido del juez español Baltasar Garzón. Esa detención duró poco, pero también su libertad. El dictador volvió a prisión por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. Los crímenes del represor abarcan una larga lista. Sólo mientras fue interventor de Tucumán tuvo a su cargo al menos 17 centros clandestinos de detención.