Un secretario penal de San Isidro fue sorprendido en la noche del martes mientras irrumpía en depósitos de seguridad donde se guardan pruebas decisivas de algunos de los casos más resonantes de los últimos tiempos. Se encontraron puertas violadas, candados forzados pertenecientes a juzgados, tribunales orales y fiscalías en las que ese secretario no trabajaba y ahora se lo investiga por el robo de pruebas como pistolas o armas usadas en crímenes, sobres que contenían el nombre de testigos de identidad reservada, pericias clave, elementos de las escenas de homicidios o secuestros y otros elementos que todavía no se han podido determinar. El caso que tiene en vilo al inmenso edificio de los tribunales de San Isidro está a cargo del fiscal Martín Mateo, quien no ordenó la detención del secretario porque, según afirmó un allegado, todavía no está determinado exactamente qué robó. Varios jueces están reclamando la detención del secretario y el allanamiento de su casa, mientras que los titulares de un tribunal oral dispusieron su inmediata suspensión.
Tras una investigación que empezó en enero, el martes fue sorprendido in fraganti el secretario penal José Luis Boero mientras se llevaba una valija de lo que se conoce como “las jaulas”, un depósito enrejado, dividido en numerosos compartimientos y en el que los juzgados, fiscalías y tribunales orales guardan pruebas de máxima importancia en los expedientes que llevan adelante.
Boero se metió en las jaulas fuera del horario de tribunales, pero como ya se habían detectado robos de pruebas y había una orden de investigar esos robos, lo sorprendieron en un momento en el que estaba dentro de una jaula a la que se había metido por un boquete. La situación era tan irregular que al secretario lo tuvieron que sacar por el boquete, porque obviamente no tenía la llave. Los policías, un juez y un fiscal que estuvieron presentes en ese momento se encontraron también con otras dos puertas abiertas, de las que Boero tenía las llaves sin explicación alguna, ya que no pertenecían al juzgado y al tribunal oral del que es secretario.
En la fiscalía de Mateo, donde mantienen absoluta reserva sobre el caso, admitieron anoche que es cierto que hay candados y puertas violadas correspondientes a varios juzgados y fiscalías, en ninguno de los cuales trabaja Boero. Admitieron también que ya está claro que faltan pruebas del caso del Escuadrón de la Muerte de Don Torcuato, en el que fue imputado un grupo de oficiales de la Bonaerense de la Comisaría Tercera de Tigre y del Comando de Patrullas de Tigre, encabezados por el sargento Hugo “Beto” Cáceres, que fusiló a José Nuni Ríos y está sospechado de haber asesinado a otros cinco menores de familias humildes en una especie de “operación limpieza” de un grupo parapolicial.
Boero es secretario en el juzgado de transición que encabeza Eduardo Lavenia y también en el Tribunal Oral número 7 integrado por el propio Lavenia, María Coelho y María del Carmen Tizato. Este tribunal dispuso la inmediata suspensión del secretario y habrá que ver qué sucede con el juzgado de transición que cuenta con 14 denuncias en su contra, básicamente porque se perdieron causas en algún cajón y luego los defensores de los imputados pidieron la prescripción.
La superintendencia del edificio de Tribunales está a cargo del presidente de la Cámara de Apelaciones, Luis Cayuela, a quien le llegaron en enero las primeras denuncias de faltantes de pruebas importantísimas. En la investigación del caso fue acompañado por el también camarista Fernando Maroto. Una hipótesis fuerte era que los autores de los robos vestían uniforme, ya que los elementos sustraídos se referían a causas en que los imputados eran policías. Cayuela pidió entonces que se instalaran cámaras de seguridad, pero se argumentó que no había presupuesto. La alternativa fue establecer un libro de entradas y salidas de las jaulas, con certificación de horario. Ello demostró que mientras Boero estaba de licencia –prácticamente todo el mes de mayo– no hubo faltantes, mientras que antes de esa fecha sí existían denuncias por desaparición de elementos judiciales. Boero se reintegró a su cargo el martes y ese mismo día ingresó a las jaulas en el horario inhabitual. Tras una advertencia de la oficial de la Bonaerense a cargo de la custodia, se hizo el procedimiento para atraparlo in fraganti.
Según la fiscalía, el secretario no fue detenido hasta ahora porque no está claro qué elementos estaba a punto de llevarse. Boero argumentó que buscaba una cédula verde, pero su excusa resultó poco creíble. El gran problema es que muchos juzgados, fiscalías y tribunales orales no tienen un inventario exacto de lo que allí se guardaba y es muy posible que tarden algunas semanas en verificar los faltantes. Por de pronto, ya hay un juzgado que le informó al fiscal Mateo las evidencias que fueron sustraídas y que corresponderían justamente al caso del Escuadrón de la Muerte.
Sin embargo, varios magistrados consultados por este diario afirman que seguramente hay pruebas valiosas que fueron sustraídas y también evidencias de hechos de gran repercusión:
- Se menciona el caso Conzi, el empresario gastronómico que persiguió y asesinó a Marcos Schenone.
- También del llamado caso Witis, en el que el joven músico Mariano fue asesinado por policías que supuestamente lo creyeron un ladrón.
- Hay referencias también a faltantes en el caso de la banda de secuestradores VIP, liderada por Raúl “Chirola” Monti, imputados por el asesinato de Juan Manuel Canillas.
- Se dice que faltaría algún sobre en el que constaría la identificación de uno o más testigos de identidad reservada.
- También habría desaparecido algún arma utilizada en un delito.
- Se trata de saber si faltan asimismo pericias de importancia.
Por supuesto que el fondo de lo que se investiga es si el secretario no sustraía pruebas a cambio de un dinero pagado por los interesados en que esas pruebas se pierdan.