Cualquiera que repase la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), organismo oficial, podrá encontrar los siguientes datos: el 40 por ciento de los argentinos son pobres, el 50 por ciento de los empleos son “informales” (en negro) y sus ingresos son 50 por ciento más bajos que en la economía formal y al final del primer trimestre de 2005 el 25 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) figuraba desempleada o subempleada. Uno más, esta vez de fuente sindical: sumando los afiliados a la CGT y a la CTA, sólo dos de cada diez trabajadores están sindicalizados. Como es obvio, esta información está disponible al público y, sin embargo, los consejeros del Salario, el Empleo y la Productividad tomaron sus decisiones sobre el piso mínimo de la remuneración mensual como si fuera otra la situación general.
Suponiendo que sean extremas las versiones opositoras que aseguran que sólo uno de cada cinco trabajadores obtendrán el salario mínimo dispuesto por acuerdo mayoritario del Consejo, con la oposición de la Sociedad Rural y la CTA, aun así es razonable pensar que los beneficiarios reales no serán la mayor parte de la PEA. Por otra parte, el mínimo dispuesto está distante todavía de cubrir los requerimientos de consumo por encima de la línea de pobreza, de acuerdo otra vez con los cálculos oficiales del Indec. Para decirlo de un modo directo, la convocatoria al Consejo y sus decisiones parecen mejor dispuestas a cubrir los gestos electoralistas de la temporada antes que a realizar un paso efectivo hacia la redistribución de ingresos en el país, a estabilizar la jornada de ocho horas de trabajo o a incentivar la creación de nuevos empleos.
Es claro que en la dinámica de la reactivación económica hay sectores de la producción que necesitan tener tranquilos a sus trabajadores y, en esos casos, ese mínimo ya está cubierto y hasta superado. La representante del gremio de Sanidad en el triunvirato de la CGT, Susana Rueda, en frontal disputa con Hugo Moyano por el futuro control de esa central, sostiene que si los patrones cumplieron con los aumentos dispuestos por decreto del Gobierno en los meses anteriores, quienes podrían recibir el salario mínimo acordado ya lo estaban cobrando, y los que no seguirán ausentes en el reparto.
La oposición de la CTA, que exigía más salario y otros beneficios, y las reyertas disparadas en el interior de la CGT dejan la impresión de que no hay motivos para el brindis en el ámbito sindical. Es cierto también que las disputas cegetistas tienen rasgos típicos de las tensiones domésticas en el peronismo cada vez que sus diferentes sectores buscan lugar propio en las listas electorales. Esta vez, además, los que empujan son más numerosos y más vigorosos los empellones, ya que se amplió la oferta de candidatos. Las fracturas en el peronismo bonaerense, los múltiples afluentes del llamado “kirchnerismo independiente”, la transversalidad o frente cívico que pretende cooptar votos no peronistas, la voluntad presidencial de plebiscitarse y los oportunistas que nunca faltan, propician una abigarrada maratón de postulantes.
La historia de la CGT, por otra parte, demandaría mucho espacio sólo para contar la sucesión de fisuras y rompimientos en el último medio siglo, desde la “Revolución Libertadora” en 1955, determinadas casi siempre en razón de sus relaciones con el gobierno de turno, no importa si era civil o militar. Desde que fueron concebidos por el coronel Perón, los sindicatos reclamaban la condición de “columna vertebral del Movimiento” y durante décadas su peso específico era suficiente para inclinar la balanza política. Durante los años del terrorismo de Estado, no obstante, dejaron pasar sin resistencia la violación de los derechos humanos, pese a que sus víctimas, según las dramáticas estadísticas de la Conadep, eran delegados sindicales de fábrica y militantes del peronismo. Sin entrar en los detalles, terminaron de perder tal condición de privilegio en los años ’90, con el menemato, cuando los grupos económicos concentrados, llamados “el mercado”, le arrebataron a la política los atributos de la administración del Estado.
En sus años de auge, los fondos sindicales más de una vez funcionaron como “caja negra” para algunas actividades partidarias, pero al declinar su rol en el Movimiento, algunos de sus dirigentes más importantes siguieron el poderoso influjo del mercado y pasaron, como le gustaba decir a modernizadores menemistas, de proletarios a propietarios. Crearon empresas propias o se hicieron de acciones en actividades del Estado que fueron privatizadas en el ámbito laboral, desde servicios médicos a seguros, y en los servicios públicos. Esos dirigentes, hoy en día, defienden intereses mayores a los de corte político estricto.
Por uno u otro motivo, los sindicalistas así concebidos resultaban apropiados para los empresarios, sobre todo los de gran porte, que los defendieron cada vez que otras tendencias pretendían construir alternativas desde el pie. Según testimonio de Víctor De Gennaro, titular de la CTA, hasta el momento son los patrones los mayores enemigos de la democracia sindical dado que habilitaría la existencia legal de más de una representación por actividad. Este año, sin embargo, dentro de una semana para ser precisos, en la sede europea de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se tratará la situación argentina en materia de libertad sindical, por decisión concertada de las dos centrales mundiales de trabajadores (CIOSL Y CMT), en la misma asamblea donde el ministro Tomada, representante gubernamental, espera ser nombrado presidente de esa rama en la dirección del organismo internacional.
Cada uno de estos actos son pasados por el filtro de los intereses electorales nacionales. En realidad, toda actividad del Gobierno, declaración, gesto o silencio están dirigidos con toda la precisión posible hacia octubre, midiendo sus repercusiones en número de votos para el plebiscito. Desde la Casa Rosada miran con desconfianza todo lo que malquiste la buena voluntad de los votantes y, por el contrario, es bienvenido todo lo que agregue, por lo general sin mirarle los dientes a caballo regalado. A pesar de la popularidad del presidente Néstor Kirchner y de la primera dama, las encuestas de opinión funcionan a diario como la sensación térmica, sobre todo en Capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde el peronismo atraviesa turbulencias de diversa intensidad.
Debido a esas circunstancias, las protestas y disidencias, aunque sean justificadas, desatan malos humores en los círculos áulicos del oficialismo, aunque la impaciencia tiene frenos suficientes como para renegar de la represión a docentes y estatales en Neuquén, desde donde el gobernador Sobisch, con actos de mano dura, espera convertirse en la esperanza blanca de los conservadores nacionales, dado que López Murphy-Macri tendrán pliegues de blandura en busca del votante radical extraviado, sobre todo entre porteños y bonaerenses.
Lo más probable es que, por el momento, los ciudadanos estén más atentos al bolsillo que a los banderines de la política. Al parecer, ni los adoloridos juramentos de Blumberg atraen multitudes, a pesar de que la inseguridad urbana sigue figurando en las encuestas como la segunda preocupación de los habitantes en centros de intensidad demográfica. Da la impresión de que la mayoría de las personas está a la espera de ingresar en el círculo virtuoso del ministro Lavagna, ese del mayor consumo y otros mayores (producción, empleo, productividad, etc.), aunque por ahora son más los que esperan que los que pudieron entrar. Parece repetirse en grande lo que acaba de suceder en Mar del Plata, donde mil jóvenes respondieron a un aviso que ofrecía diez empleos de bajos salarios.