Con un límite de dos horas para exponer su defensa, Juan José Galeano tuvo que ir directo al grano. Pidió la nulidad de su juicio político con el argumento de que el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín en la causa AMIA no fue ilegal porque estaba habilitado por un decreto secreto. Sin embargo, según dictámenes que figuran en los expedientes del fiscal Alberto Nisman, del juez Claudio Bonadío y de la Unidad de investigación del atentado del Ministerio de Justicia, tampoco se respetó esa normativa de carácter reservado ni otras públicas. Ya el año pasado el Tribunal Oral 3 sostuvo que no se pagó por información sino para armar una pista falsa “al servicio de políticos inescrupulosos”.
Galeano entró a la audiencia de ayer decidido a provocar. “Buen día, saludable jury”, dijo. Después protestó por la restricción que el jurado dispuso para su exposición. También cuestionó al abogado Beinusz Szmukler, quien ejerce la acusación junto con la diputada Marcela Rodríguez (ARI). “No debería estar aquí”, disparó contra el consejero.
Al declarar, el juez suspendido se refirió al famoso pago a Telleldín, que es el tema de mayor peso entre los quince cargos que hay en su contra. Con algunos argumentos similares a los que usó el año pasado ante el Consejo de la Magistratura, Galeano esgrimió que la entrega del dinero al armador de autos truchos fue secreta pero lícita. Y dijo que un decreto reservado, el 2025/94, “les daba legalidad a los pagos que se hacían en el marco de la investigación”.
El juez señaló que en realidad no conocía esa norma, pero supo que el titular de la Unidad AMIA, Alejandro Rúa, había avisado sobre su existencia a Nisman, fiscal de la causa sobre el atentado. “Van a tener que dar explicaciones sobre por qué no informaron”, advirtió. Según allegados a la investigación, esa documentación estaba en su propio expediente en el año 2000 y en 2001 la tuvo el Tribunal Oral 3. Rúa declara hoy en el jury.
Según figura en distintas actuaciones ligadas al atentado, en noviembre de 1994 el Gobierno firmó el decreto 2023, que disponía la creación de un fondo de recompensa de dos millones de pesos para quienes aportaran datos o documentación que ayudaran a esclarecer los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Especificaba que la Secretaría de Seguridad debía ser quien pagara con el visto bueno del juez. El mismo día se firmó el decreto secreto 2025 que establecía que el fondo funcionaría como las erogaciones reguladas por la ley de fondos reservados. La reglamentación de ese procedimiento estableció un registro para asentar todos los movimientos de dinero y dispuso que en cada operación se labrara un acta.
Contra aquellas disposiciones, las pruebas en manos de la Justicia y el mismo fallo del juicio oral muestran que el pago a Telleldín se hizo desde la SIDE y no desde la Secretaría de Seguridad; la operación no fue registrada ni se labró ninguna acta; recién en 1997 (cuando se hizo público el video de la negociación del juez con Telleldín) Galeano incluyó un incidente sobre recompensa en el expediente; el pago no tuvo carácter de recompensa por una información sino que se hizo para comprar una declaración que inculpara a los policías bonaerenses. A pesar de todo, el juez insistió ayer con que el decreto secreto implica que “se caen” su enjuiciamiento y la sentencia oral.
“Es al revés, esto agrava su situación”, sostuvo Szmukler. “Ante el Consejo de la Magistratura había dicho que el pago se arregló según el fondo de recompensa y no fue así. Además –dijo–, un juez no se puede amparar en una norma secreta que no fue publicada.”