“Las Fuerzas Armadas deben dar cumplimiento a su misión constitucional en total subordinación a las autoridades elegidas por el voto popular, en respeto absoluto a las libertades fundamentales y en el marco de los valores y principios de la democracia y del estado de derecho.” Las palabras del ministro de Defensa, José Pampuro, tuvieron anoche como destinatario un auditorio repleto de uniformes en la Casa Amarilla. El run run del cierre de las jornadas sobre Valores y Principios de la Profesión Militar –organizado por la Armada y Defensa– especulaba sobre cuántos serán citados para dar explicaciones sobre su participación en la represión ilegal tras la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad mientras los expositores elogiaban el fallo y desgranaban los avances en la doctrina internacional sobre el respeto a los derechos humanos.
“Este seminario muestra la intención del almirante (Jorge Godoy) de debatir sobre el pasado, separar la paja del trigo y poner a la Armada proa al futuro”, sintetizó un oficial. Minutos antes, el propio Godoy había hecho una minuciosa síntesis –de catorce carillas– de lo dicho por los panelistas durante las cuatro jornadas en la que rescató que “la actuación de las Fuerzas Armadas debe estar en todo momento encuadrada dentro de los principios que emanan del estado de derecho, de la primacía de la dignidad de la persona humana y el respeto a sus derechos, así como del respeto y la defensa de la soberanía del pueblo” y señaló que “la educación en derechos humanos debería ser una prioridad en todos los niveles educativos, incluida, por supuesto, la educación militar”.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, centró su exposición en “El Pacto de San José de Costa Rica y la ética militar”. “Las Fuerzas Armadas son parte integrante del Estado y, por lo tanto, tienen la obligación de respetar la dignidad del ser humano”, explicó y señaló que “cuando hablamos de un código de ética, hablamos de conductas correctas, aceptables. Los derechos humanos marcan un mínimo de las conductas éticas. Los derechos humanos son como la red de protección de los circos: ningún ser humano puede caer por debajo de ella”. Cantón reivindicó el fallo de la Corte Suprema porque “las leyes de punto final y obediencia debida son incompatibles con la vigencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
A su turno, el general consejero del Tribunal Superior de Justicia de España, Agustín Corrales Elizondo, quien participó en la redacción del Estatuto de Roma, que regula el funcionamiento del Tribunal Penal de Justicia Internacional, también elogió la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, porque implica “la aplicación específica del derecho internacional de derechos humanos que prioriza a las víctimas y la defensa del valor justicia” y pronosticó que “es previsible que se reabran investigaciones de presuntos delitos y que éstas se llevarán a cabo con prudencia y respetando la presunción de inocencia”. Corrales Elizondo consideró que, a partir del fallo, decaerán los fundamentos para abrir juicios a los represores argentinos en el exterior. El militar español destacó que la conformación de la Corte Penal Internacional “es un avance aunque no encuentre en esta primera fase el apoyo de las grandes potencias como Estados Unidos: es un símbolo y como tal puede imponerse aun a los que los desprecian”.
El amplio auditorio de la que alguna vez fuera la casa del almirante Guillermo Brown estaba repleto de uniformes. Todos parecían escuchar con atención, pero al momento de las preguntas repitieron casi los mismos interrogantes que signaron el primer encuentro:
- ¿Qué hace la CIDH sobre los derechos humanos en Cuba?
- ¿Por qué se consideran delitos de lesa humanidad los actos del terrorismo de Estado y no los de los terroristas?
- ¿Todos los países de América latina adhieren al Pacto de San José de Costa Rica?
Cantón dijo que en el informe anual de la CIDH incluyeron un capítulo en el que señalan que “no puede haber protección a los derechos humanos sin democracia y en Cuba no hay democracia” y precisó que “Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe son las grandes ausencias en el Pacto de San José de Costa Rica”. Sobre los delitos de lesa humanidad coincidió con Corrales Elizondo en que no todos los delitos que afectan la integridad de las personas son de lesa humanidad, sino sólo aquellos que son cometidos por el Estado que debe ser el garante de la integridad del ser humano. El tenor de las preguntas puso, como en el primer día, en evidencia la necesidad de continuar con jornadas como las que concluyeron ayer.