El represor Juan Carlos Rolón, miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, quedó ayer en libertad. La Cámara de Casación decidió concederle la excarcelación porque el marino estaba detenido sin condena desde agosto de 2001. Rolón está procesado en la causa en la que se investiga la desaparición y apropiación de bienes de Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. “Queda claro que el fallo de la Corte Suprema no implica que automáticamente se acabó la impunidad, sino que ahora vamos a ver cómo actúan los distintos jueces. Es cierto que la prisión preventiva tiene que ser de carácter excepcional, pero si estos casos no son la excepción, entonces la excepción no existe”, señaló Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Rolón fue detenido el 16 de agosto de 2001. El juez Sergio Torres y la Sala II de la Cámara Federal rechazaron su pedido de excarcelación. Pero la Sala Tercera de la Cámara de Casación, integrada por Angela Ledesma, Guillermo Tragant y Eduardo Riggi, consideró que “la prórroga del encarcelamiento preventivo es de interpretación restrictiva y tiene carácter excepcional” y que la Cámara Federal no hizo referencia a “circunstancias concretas que justifiquen la prolongación de la detención” sin condena por más de tres años. Si la medida no se revierte y no es arrestado en otra causa, Rolón seguirá en libertad hasta el juicio oral.
“Es una decisión nefasta y una prueba de que la impunidad no se arregla con la Corte”, señaló Federico Gómez, hijo de Conrado y querellante en la causa. Su abogado, Eduardo Barcesat, aseguró que “apelará” la medida.
Entre los argumentos expuestos para pedir la liberación del represor, la defensa de Rolón aseguró que el acusado nunca intentó fugarse, “la colaboración permanente que ha demostrado para la investigación, su honorabilidad, su condición de oficial de la Armada Argentina y el contenedor y homogéneo grupo familiar que tiene en su haber, que lo aleja de querer huir."
La honorabilidad de quien secuestró, torturó e hizo desaparecer a cientos de personas es, al menos, dudosa. Sobre su pertenencia a la Armada, Yanzón dijo que sería una razón para rechazar su pedido ya que se trata de “la pertenencia a estructuras de poder que han obstaculizado la acción de la Justicia y siguen sin dar información sobre lo ocurrido”.
Más allá del caso puntual de Rolón, que salió ayer luego de depositar una fianza de diez mil pesos, los organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación acerca de que este hecho se convierta en un precedente que permita la liberación de los más de cien represores presos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De hecho, en esta misma causa, ya existen pedidos en ese sentido de otros dos integrantes del grupo de tareas de la ESMA, Jorge “El Tigre” Acosta y Jorge Rádice, y de Eduardo Massera, el hijo del Almirante Cero.
La mayoría de los represores actualmente detenidos no está preso hace más de tres años, plazo que la Cámara de Casación consideró “razonable” para mantener la prisión preventiva. Por lo tanto, en principio, no se debería prever una liberación en masa de acusados por crímenes relacionados con el terrorismo de Estado. Sin embargo, podría ocurrir que algunos jueces no tengan en cuenta ese período de tiempo. Organismos de derechos humanos desconfían de las decisiones que pueda tomar la Cámara de Casación, ya que ese tribunal –aunque una sala diferente a la que decidió la excarcelación de Rolón– paralizó parte de los expedientes en los que se investigan los crímenes de la ESMA, Primer Cuerpo de Ejército y la desaparición de la familia Poblete. Luego, los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos recusaron a toda la Cámara por haber suscripto un convenio con la Armada para que todos los empleados del fuero federal puedan utilizar los servicios del comedor y gimnasio del Edificio Libertad.