El 26 de junio de 2002 dejó en claro que cada gran represión que ocurre en el centro político o que adquiere gran visibilidad reactiva en la sociedad argentina el recuerdo de la represión de los ’70. En este sentido, la masacre del Puente Pueyrredón marcó una momento de inflexión en la historia política reciente, respecto de los modos de concebir la represión desde el aparato del Estado, en relación a los sectores movilizados.
Recordemos que los hechos ocurridos en Avellaneda constituyeron un ensayo planificado desde el poder, destinado a quebrar la organización de los movimientos sociales. Lo dicho está lejos de ser una visión conspirativa. Basta con leer el informe previo de la SIDE, así como las declaraciones de distintos funcionarios y gobernadores, que venían haciendo reclamos disciplinadores, planteando en algunos casos la necesidad de intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Ahora bien, al descubrirse la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, la sociedad argentina reaccionó en bloque, viendo en aquellos hechos una suerte de actualización de metodologías de aniquilamiento, propias de los años del terrorismo de Estado. Así, una de las consecuencias de estos hechos mostró el potencial movilizador y solidario que posee la memoria de la gran represión.
Sin embargo, sería hora de relativizar los “triunfos de la memoria”, pues lo que los asesinatos de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán mostraron es que, de aquí en más, cualquier ensayo abierto de aniquilamiento físico deberá evitar la hipótesis de la “visibilidad” o la “centralidad”, si no quiere enfrentar el repudio y la resistencia generalizada de la sociedad. Por ende, que tres años después nos solidaricemos con las víctimas de estos hechos no debería servir para denegar u ocultarnos la existencia de episodios fuertemente represivos que continúan ocurriendo hoy, sobre todo en las provincias periféricas, lejos de los flashes y las cámaras, y persistentemente acompañados por la silenciosa judicialización de los conflictos sociales. Como sociedad, esto nos llevaría a indagar de manera más honesta sobre las diferentes modalidades represivas instaladas en la última década, y aún vigentes.