Opinion
Por Mario Wainfeld

Carlos y Miguel Belizán, padre e hijo, estuvieron presos más de tres años por un crimen que no cometieron. Los acusaron por homicidio y violación de una mujer. Quedaron detenidos durante el proceso hasta que el Tribunal Oral de La Matanza decretó su inocencia. Las supuestas, inconsistentes, pruebas en su contra fueron desvirtuadas prestamente. Sin embargo, un juez de primera instancia y la Cámara le denegaron pedidos de excarcelación. El abogado de los Belizán, Miguel Verri, (según informó en Página/12 el jueves el periodista Pedro Lipcovich) explicó que “en los operadores del sistema penal bonaerense está establecida la tendencia a que, cuando hay una persona imputada de homicidio, todas las cuestiones se esclarezcan en el juicio oral”. Un mal rebusque, agrega este cronista, para ahorrarse presiones mediáticas que suelen ser muy insistentes en relación con ciertos delitos que conmocionan mucho a las gentes del común, como lo son las violaciones y los secuestros.
Los Belizán contaron con la solidaridad de su familia y de sus empleadores. Los parientes los bancaron y los patrones sufragaron los gastos de su defensa. Ahora los reincorporarán al Mercado Central, donde trabajaban cuando los arrestaron. Aun en la desdicha, sus prójimos no los dejaron solos, lo que torna aún más pertinente lo que se dirá en el párrafo que viene.
La amplia cobertura periodística que tuvo su absolución hizo diluviar severas críticas sobre los errores judiciales. Lo que no se dijo tanto es que, si se hubiera evitado la detención de los acusados, lo sucedido hubiera sido infinitamente menos grave. Lo que transforma el error judicial (siempre cuestionable) en pesadilla es que los Belizán estuvieron encarcelados. Presos sin condena, suele decirse. En verdad, fueron condenados sin sentencia. Muchos argentinos lo son, en buena medida porque jueces de instancias inferiores no quieren asumir los eventuales costos de dejarlos en libertad y porque la administración de justicia es muy porosa a las presiones sociales que condenan o absuelven con pasmosa velocidad y en marcada lejanía respecto de las garantías legales.
Sólo un enorme esfuerzo de abstracción y descompromiso intelectual o político puede desvincular el caso Belizán de lo que viene ocurriendo en estos días con Omar Chabán, a quien la Cámara Penal decidió excarcelar mientras dura su procesamiento. No se trata, para nada, de sugerir que las dos situaciones son iguales. Sí de asumir que la prisión sin condena es una excepción que debe calibrarse con enorme cautela.
Pocos han mentado el tema, ni por asomo algún dirigente político dijo algo al respecto.

Límites

La crónica de la misma semana registró el crecimiento del asedio a Chabán. Algunos familiares de las víctimas de Cromañón, con cobertura y apoyo logístico mediático, hicieron invivible su permanencia en la casa de su madre en San Martín. No era un lugar ilógico para que morara un ciudadano excarcelado que tiene embargados sus bienes de resultas de su eventual responsabilidad patrimonial respecto de víctimas y deudos. Sin embargo, los familiares hostilizaron a Chabán tornando insoportable su presencia.
Algo que no hicieron jamás los organismos de derechos humanos con los genocidas que moran en sus casas sea por falta de acusación o por gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.
Ansiosos por no quedar de punta con el clima de opinión, el intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, el ministro de Seguridad Bonaerense, León Arslanian, las autoridades provinciales bregaron para que Chabán dejara ese vecindario, urbano y céntrico. Funcionarios electos que juraron cumplir la Constitución se despreocuparon alegremente de la legalidad de su actitud, privilegiando la ávida búsqueda de aprobación colectiva.
El empresario se mudó a una isla del Tigre, lugar obviamente menos gregario, pero también entonces surgieron voces que objetaron su nuevo hábitat. Una truchada de los amigos de Chabán, que engañaron a los dueños de la casa en el Tigre, precipitó una nueva mudanza. El punto ahora no es saber dónde se mudará Chabán, sino si es válido impedir que se cumpla la decisión judicial que dispuso su excarcelación mientras dura el proceso.
Esa resolución, como cualquier acto de un poder público, es discutible. El autor de estas líneas cree que es errada y así lo escribió en más de una oportunidad. Pero esa discrepancia, que cuenta con muy alto rating, no priva de legalidad (ni autoriza el desacato) a un fallo dictado por jueces competentes, en la doble acepción del término. Juan Carlos Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori tienen facultades para decidir como lo hicieron y son magistrados probos, de formación superior a la media. Cualquiera puede controvertir un posible “exceso de garantismo”; “dogmatismo” o “falta de percepción de las consecuencias sociales del fallo”, como hicimos quienes lo criticamos.
Es interesante señalar que el excitado acoso a Chabán, que parece procurar hacer imposible una decisión judicial, no cuenta con el aval unánime de los familiares de las víctimas. Varios hicieron pública su discrepancia con ese proceder por entender que puede perjudicar su propia causa. Pero en la corporación política, de cara a elecciones cercanas, nadie osa cuestionar o tematizar ningún gesto de los familiares de las víctimas. Así sea de una minoría entre ellos, así sean controversiales. Un populismo de opinión tiñe los discursos públicos, algo nada deseable en un sistema político corroído.
Ricardo López Murphy denuncia dictadura porque un puñado de militantes de izquierda se moviliza en su contra. Pero no tematiza que un grupo de ciudadanos impida que se cumpla una decisión judicial. De cualquier modo, la derecha argentina nunca fue muy refinada en materia institucional. Y, por lo demás, la excarcelación de Chabán le es un boccato di cardinale. Para ese sector el tema es pura sencillez, lo de siempre, “jueces que defienden los derechos humanos de los delincuentes”.
El brete por la liberación de Chabán debería ser mayor para políticos garantistas. Se dice “debería” porque, cabe reconocer, Aníbal Ibarra, Elisa Carrió, el gobierno nacional en su conjunto (aunque hay funcionarios que formulan críticas por lo bajo, jamás on the record) lo han resuelto con excesiva rapidez, como quien desata un nudo gordiano. Han acompañado, sin matices, las posturas de los familiares (incluidos los más agresivos), evitando cualquier diferenciación o análisis. Tesitura que se conservó aun en casos de acción directa, agresión física incluida, contra un ciudadano que sigue siendo inocente hasta que una decisión firme consagre lo contrario.
El firmante de esta nota no cree que Chabán sea inocente. Chabán no le resulta un personaje simpático, que estimule la solidaridad o la emulación. Señalarlo parece a esta altura de la argumentación una necesidad discursiva, difícil de eludir. Pero esa salvedad es, en algún sentido, una claudicación. Todas las personas que habitan este suelo tienen los mismos derechos y los pareceres (personales o masivos) sobre sus condiciones carecen de entidad para despojarlas de la igualdad ante la ley, piedra basal de un régimen republicano.
No hay trazas de impunidad en la causa Cromañón. En estos días se ha dicho lo contrario e incluso se ha osado comparar la situación con la privación de justicia que sufrieron las víctimas del terrorismo de Estado. Es una demasía que no tiene ancla en la realidad.
El expediente tramita ante la Justicia con relativa celeridad. Los damnificados actúan en su legítimo rol de querellantes.
En una decisión inédita y polémica, el gobierno nacional subviene a los gastos que les insume la querella penal. Según el decreto 525 de mayo de 2005, reglamentado por la resolución 846, el subsidio alcanza a mil pesos mensuales por núcleo familiar. El beneficio se extendió a familias de “víctimas” en general, lo que derivó en un aluvión de reclamos tal que el Gobierno piensa en la semana próxima limitarlo a las familias de “víctimas mortales”.
El Estado nacional se ha hecho cargo de muchas necesidades de los damnificados. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, atiende sus reclamos en reuniones semanales, todos los lunes.
Huelga decir que no hay con relación a la tragedia de Cromañón una ley de autoamnistía como las que dictaron los militares en 1982. Ni obediencia debida, ni punto final que intenten poner fin a la búsqueda de verdad y justicia. Los derechos de los perjudicados, pues, no han sido interferidos por acción estatal alguna.
Las autoridades han tenido una actitud encomiable en la escucha, la contención y la satisfacción de necesidades prácticas de las víctimas, que los deudos también lo son. La administración de justicia funciona sin cortapisas. Así las cosas, cotejar las circunstancias con el terrorismo de Estado es un sinsentido que nadie debería enunciar.

Una cuestión capital

Las responsabilidades por el incendio serán un punto esencial en la campaña electoral en la Capital. Los familiares de las víctimas vienen realizando reuniones con los principales candidatos del distrito, procurando definiciones. En especial, les piden que insten a los legisladores porteños que les responden a votar afirmativamente el juicio político a Aníbal Ibarra, una vez que se pronuncie la Comisión investigadora parlamentaria. Esta debe expedirse el 19 de julio y se descuenta que su dictamen será muy severo con el jefe de Gobierno. Lo que aún no se ha decidido es si habrá dictamen único y si éste sugiere la promoción del juicio político contra Ibarra. La comisión no está obligada a proponerlo, aunque el clima imperante induce a pensar que lo hará.
El tema fue conversado con Kirchner el jueves en la Casa Rosada. Fuentes oficiales aseguran que el Presidente no contestó a ese reclamo, aunque sí objetó por violatorio de la institucionalidad el reclamo de intervención federal al distrito formulado por algunos asistentes.
Carrió, confirmó su vocero a este diario, también se encontró con familiares, comprometiéndose a que el ARI apoyará el juicio político si la comisión (que tiene un integrante de su partido, Fernando Cantero) así lo propone. Mauricio Macri dialoga con mucha frecuencia con los deudos, en especial con Iglesias. Allegados al empresario comentan que no está decidido a promover el juicio político, llagado por el descrédito que le produjo su torpe ofensiva antiibarrista de enero. Pero, conociendo el paño, es dable augurar que no dejará de embestir contra el jefe de Gobierno.
Rafael Bielsa aún no fijó cita con los familiares, pero se manifestó dispuesto a recibirlos cuando se lo soliciten.
El escenario de un juicio político montado por un legislativo desprestigiado en medio de una campaña nacional asoma como posible. No parece que sea lo mejor que pueda ocurrir, aunque luce entre factible e inevitable. Quizá sea funcional a las fuerzas opositoras, en especial al macrismo ávido de la aprobación de “la gente”... y de tomar por asalto un gobierno que las urnas le birlaron.
Una posible crisis institucional sin correlato en el clima social porteño es un tópico que dará que hablar. A cuenta de un debate complejo, valga anticipar que impresiona a primera vista la imposibilidad de dirigentes políticos de primer nivel de debatir algunas de las premisas de las víctimas de la tragedia. Como ocurriera con Juan Carlos Blumberg, nadie se atreve a cuestionar la validez de lo que dicen ciudadanos legitimados por el dolor.

Boggiano se lleva uno

Ya que de juicios políticos hablamos, valen la pena unos apuntes sobre el de Antonio Boggiano. El magistrado se defendió con arrogancia que seguramente no ha de servirle de mucho. El Gobierno, como el personaje de una tragedia, se ha resignado a seguir adelante el procedimiento en su contra. Es de toda coherencia que así lo haga, pero en el Ejecutivo había cundido una ráfaga de realpolitik, que propugnaba dejar en paz a Boggiano, el más presentable y el más transigente de los ex automáticos menemistas. El trámite lo accionó Ricardo Falú, diputado kirchnerista que se tomó a pecho su rol, sin percatarse de que en la Rosada primaba el afán de gobernabilidad sobre la congruencia.
Una vez puesta en acción la maquinaria, el Gobierno no pudo ser incoherente con sus acciones previas. Se trata de una situación políticamente estimulante, pues revela que nadie es dueño de sus logros institucionales de los que puede llegar, en el buen sentido, a ser prisionero. Enhorabuena.
Las malas ondas de muchos ocupantes de la Rosada y zonas de influencia hacia Falú son patentes. Una consecuencia previsible es que el tucumano quedará afuera de las listas de candidatos a diputados nacionales de su provincia. El gobernador José Alperovich es un fervoroso (a fuer de reciente) converso a la nueva política y aborrece a Falú. Desde Balcarce 50 nadie moverá un dedo para defender a un diputado que se tomó en serio una valiosa consigna inicial del actual gobierno. Boggiano, como ordenan los códigos de cualquier soldadesca, habrá de caer pero se llevará consigo a uno de sus adversarios.

Faltan juicios

Ya recorrimos un virtual juicio político y otro en trance, mentemos algunos que están faltando. El Gobierno sigue moroso en hacer avanzar la depuración del fuero federal de la Capital, colectivo que corporiza una vera afrenta al prestigio del Poder Judicial.
Para colmo de males, el Consejo de la Magistratura ha sido tremendamente moroso en el trámite del juicio a Juan José Galeano y ahora corre contrarreloj, pues tiene un plazo límite para sentenciar. Si se llega a él sin sentencia, caduca el pleito, lo que equivale a una absolución. Con escaso decoro, pero estando en su derecho, Galeano hace tiempo para lograr zafar, en pos de beneficiarse con la ineficiencia de sus juzgadores.
Los restantes federales siguen viviendo y coleando, aunque en oficinas del Gobierno se acumulan elementos en su contra. A dos años vista, la depuración del fuero ya es una deuda de un gobierno que inició su cometido con mayores bríos higiénicos que los que demuestra hoy día.
Rodolfo Canicoba Corral, por caso, acumula carpetas con datos consistentes acerca de un dudoso incremento patrimonial y es lapidado por su (in)actividad de un año en la prosecución de la causa AMIA. Su accionar, dictamina la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, “tiene las mismas características perjudiciales para la investigación que el cuestionado accionar desplegado por el entonces juez Galeano”. Pero Canicoba sigue indemne.
Meses atrás, ese magistrado tuvo en sus manos una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra uno de los funcionarios más cuestionados y cuestionables de este Gobierno, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. La desestimó con toda presteza. Astutos y vivarachos, los jueces federales cambian de monta, pero saben demostrar que conservan poder de fuego. Y tienen reflejos astutos cuando les es necesario demostrarlo.

Casi todas las voces, casi todas

Las instituciones nativas a veces semejan estar a merced de las termitas. Nada da la traza de ser consistente o seguro. Una opinión pública crispada, “la gente”, condiciona a niveles indeseables las acciones de Gobierno y oposición.
La campaña electoral, de momento, parece corroborar lo peor de ese estado de cosas. Una vasta, ecuménica, pobreza discursiva, imputaciones cruzadas, “títulos” para los medios buscados con saña tenaz en detrimento de la profundidad o los contenidos, son ahora el mínimo común denominador a casi todas las voces, casi todas. Es una pena, en un país donde casi todo está por hacerse y mucho quedaría para decirse.