Durante más de dos horas, el ministro de Educación, Daniel Filmus, estuvo ayer analizando con dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) los borradores del proyecto de ley de financiamiento educativo que el presidente Néstor Kirchner prometió al inaugurar las sesiones legislativas el 1º de marzo pasado. La coincidencia básica es la necesidad de incrementar la inversión consolidada –Nación y provincias–, después empiezan las diferencias: el Gobierno aspira al 6 por ciento del Producto Bruto Interno mientras que el gremio plantea ese porcentaje como piso y, lo más complejo de resolver es cómo garantizar que un incremento de los recursos se destinen efectivamente a la educación.
“La ley de financiamiento educativo se centra en dos ejes principales: mejorar los niveles de inversión en educación y generar los recursos para lograr condiciones de igualdad”, dijo Filmus y explicó que “actualmente, la proporción promedio de inversión en educación es del 22 por ciento para la Nación y del 78 por ciento para las provincias. Se prevé que la inversión aumente al 40 por ciento para la Nación y quede el 60 por ciento para las provincias”.
El diputado nacional Claudio Lozano, economista de la CTA, señaló que hay dos cuestiones básicas que se analizaron: primero que el Fondo de Incentivo Salarial Docente (Fonid) se garantice por cuerdas separadas de una ley de financiamiento, es decir que los más de 1200 millones de pesos anuales que insume el pago de un plus salarial no sea reabsorbible en la nueva ley. Segundo que los fondos vayan efectivamente a la educación mediante un mecanismo que les otorgue el estatus de fondo nacional. Este punto no es de sencilla resolución teniendo en cuenta el carácter federal del país y que las escuelas son gestionadas directamente por las provincias.
Los dirigentes ceteristas, encabezados por Hugo Yasky, se entusiasmaron después de la entrevista que mantuvieron hace quince días con el presidente Néstor Kirchner. La semana pasada, Filmus conversó largamente con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sobre la viabilidad de la ley de financiamiento. En rigor, la aspiración de llegar a un 6 por ciento del PBI ya figura en la Ley Federal de Educación sancionada en 1993 que preveía cumplirla en el ’98. Ahora el Presidente propuso el mismo objetivo para el 2010. Al ritmo de crecimiento actual, esto supondría un incremento de la inversión de 24 mil millones de pesos para el año del bicentenario.
Según los plazos que estableció el propio Gobierno, este año tendría que sancionarse la ley de financiamiento, pero los temas abiertos son más que complejos. Lozano le comentó a este diario que “el Gobierno está tomando como torta los recursos coparticipables, lo cual significa que deja fuera de discusión todo lo que recauda por el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones –dos de las principales fuentes de recursos del actual superávit– y esto además de achicar la torta traerá más discusiones con las provincias, que van a quejarse por un trato inequitativo”.