Siete militares retirados y un ex policía uruguayo acusados de participar en el asesinato de María Claudia García Iruretagoyena no podrán salir de su país. El juez Gustavo Mirabal ordenó el cierre de las fronteras para esos represores luego de que el presidente Tabaré Vázquez le informara que la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman no estaba comprendida dentro de la Ley de Caducidad, que impide el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La medida del juez uruguayo abarca a los militares Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, Antonio Rodríguez Buratti, José Gavazzo, Ricardo Arab y Manuel Cordero –actualmente en Brasil–, y al policía retirado Ricardo Medina. Todos habían sido ofrecidos como testigos por el abogado de la familia Gelman, José Luis González, y todos están involucrados en la desaparición y asesinato de María Claudia. De hecho, según reveló el senador Rafael Michelini, Medina habría sido el autor material del homicidio. El legislador citó como fuente de ese dato al ex presidente Jorge Batlle, por lo tanto, González espera que en un futuro cercano Batlle también sea convocado por el magistrado.
“Estamos muy satisfechos porque el juez adoptó esta resolución inmediatamente después de recibir el expediente del Poder Ejecutivo. Creemos que el juez es consciente de que los tiempos en este tipo de situaciones son diferentes. En temas relacionados con los derechos humanos no se puede esperar”, señaló a Página/12 González.
El representante de Gelman agregó que Mirabal también pidió informes a otros juzgados respecto de los avances realizados por la comisión que dirige el Equipo Argentino de Antropología Forense, que está realizando excavaciones en búsqueda de restos de desaparecidos.
“La prohibición de salir del país se adoptó porque se interpretó que, si bien están ofrecidos como testigos, pueden transformarse en indagados en la primera citación y así el juez evita que se escapen”, señaló Raúl Olivera, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical uruguaya PIT-CNT. En el caso de Cordero, que está en Brasil, el represor sería arrestado si intenta ingresar a su país.
Las repercusiones políticas sobre el nuevo rumbo que Vázquez está imprimiendo a los juicios sobre violaciones a los derechos humanos no se hicieron esperar. La ministra de Defensa de Uruguay, Azucena Berrutti, aseguró que, “si los militares son citados a declarar, irán a declarar de acuerdo con lo que dispongan los señores jueces”. El comandante en jefe del ejército, Angel Bartolotti, se reunió con el presidente y reafirmó la subordinación de los uniformados a las decisiones del Poder Ejecutivo.
María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 junto a su esposo Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta. Tenía 19 años y estaba embarazada de ocho meses. Marcelo fue ejecutado y su cuerpo fue encontrado en Buenos Aires. La mujer fue llevada desde el centro clandestino Automotores Orletti a Montevideo, donde dio a luz. Pero todavía continúa desaparecida. Una investigación de Juan Gelman y su esposa Mara La Madrid permitió que la hija de María Claudia fuera encontrada en Uruguay: había sido entregada a un policía uruguayo.
Luego de una larga batalla judicial, Gelman y su abogado lograron la semana pasada que el caso se reactivara. El viernes, Vázquez excluyó el expediente del asesinato de la nuera del poeta del alcance de la Ley de Caducidad, una especie de punto final uruguayo.