El jefe de contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiusso, acusó a Juan José Galeano de “armar un final” para la causa sobre el atentado a la AMIA. El agente dijo que el juez ordenó el pago ilegal de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara a policías bonaerenses en base a una hipótesis falsa. Fue el único testigo de la central de espías que aceptó contestar preguntas en el juicio político al magistrado. Hugo Anzorreguy, uno de los más esperados, se negó a declarar. Ayer terminó la rueda de testigos y el 14 de julio será el día de los alegatos. La sentencia será a comienzos de agosto.
El relato de Stiusso fue demoledor para Galeano. Contó ante el jurado que entre 1995 y 1996 el juez entregó a la SIDE un papel con la teoría de la conexión local del atentado, pero el área a su cargo “no aceptó llevar adelante la hipótesis policial”. “No cerraba con las investigaciones que se habían hecho, no había pruebas”, dijo. Explicó que “una investigación no se hace en base a una hipótesis sino a las pruebas”. “No se puede armar un final para que coincida con el principio”, señaló al ilustrar posibles mecanismos de manipulación de la causa. Del pago a Telleldín para que acusara a los policías bonaerenses dijo que se enteró después. “El pago lo ordenó el juzgado”, aseguró. Cuando se concretó intervenía la Sala Patria de la SIDE.
Según Stiusso, pese a que existían elementos para profundizar la pista siria “no había interés” del juez. Recordó que en el FBI “se sorprendieron porque (Alberto) Kanoore Edul no estaba preso”. Sobre ese empresario había dos datos: el camión que dejó el volquete frente a la AMIA minutos antes del atentado pasó inmediatamente después por un predio a metros de su domicilio y, además, se registró un llamado de su celular a la casa de Telleldín el mismo día que se desprendió de la Trafic. El agente relató que, pese a los reclamos de la SIDE, Galeano tardó años en entregar las agendas secuestradas de Kanoore Edul. “Enviaron todas menos la que tenía a (Moshen) Rabbani”, un agregado cultural iraní sospechado. También sostuvo que el juzgado intervenía teléfonos sin orden formal.
Entre otros detalles –muchos coincidentes con los que expuso en el juicio oral por el atentado–, Stiusso dijo que participó de una reunión en la que Galeano le pidió a Carlos Soria, cuando estaba el frente de la SIDE, que cerrara los sumarios contra los espías Patricio Finnen y Alejandro Brousson para que no ventilaran la historia del pago ilegal a Telleldín. Esos dos ex agentes de la Sala Patria, igual que Héctor Maiolo, fueron al juicio pero se negaron a contestar preguntas del jury. Usaron el mismo argumento que Anzorreguy, su antiguo jefe, que huyó rápidamente: que preferían no hablar por temor a autoincriminarse en la causa penal que instruye el juez Claudio Bonadío sobre las irregularidades en el expediente AMIA. Algunos dijeron que ni siquiera recordaban dónde habían trabajado. Aunque esta vez no habló, el año pasado, ante el Tribunal Oral 3 el ex “señor cinco” reconoció el pago ilegítimo.
Los ex legisladores de la comisión bicameral de seguimiento de la investigación, César Arias y Raúl Galván, respaldaron a Galeano ante el jurado. El ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra dijo que, junto con otros especialistas, hizo un dictamen sobre obstáculos (vinculados con la actuación, por ejemplo, policial) que aparecían en la causa AMIA a pedido de la DAIA, pero no apuntaban a evaluar la conducta del juez. De los juristas firmantes de ese informe aún deben declarar por escrito el juez de la Corte Raúl Zaffaroni y el ministro bonaerense León Arslanian. Para Galeano ya empieza la cuenta regresiva.