El directorio de Electricité de France aprobó ayer la venta del 65 por ciento del paquete accionario de Edenor al grupo argentino Dolphin por 100 millones de dólares, hecho que consolida el esbozado proceso de traspaso de empresas privatizadas a manos locales. Los franceses conservarán al menos por cinco años una participación del 25 por ciento en la compañía, aunque degradados a la categoría de “asesores técnicos”, perdiendo el estatus original de “operador”, papel que acentúa la responsabilidad en la suerte del servicio y de la empresa. El comprador, un fondo administrado por Marcelo Mindlin, tendrá como prioridad reestructurar la pesada deuda de 540 millones de dólares, tarea para la que tiene una ventaja: él mismo figura entre los acreedores. El cambio de gerenciamiento acerca las posibilidades de cerrar con el Gobierno un acuerdo de renegociación contractual similar al que ya rubricaron Edesur y Edelap.
Uno de los confesos propósitos de EDF es disminuir su exposición en la Argentina, ya que aquellas millonarias obligaciones en moneda dura ponen a la firma gala en una posición incómoda a la hora de buscar su propia venta. Al menos por ahora, su retirada no sería drástica, ya que conservará varias de las gerencias técnicas que hoy ocupan sus hombres, algo que Dolphin se ocupó de subrayar a través de un comunicado como una presunta “ratificación de confianza en el futuro del país”.
Claro que los franceses hacen esa apuesta desde un más cómodo rol de asesores, lo que abre una incógnita acerca de cómo cumplirá Edenor la exigencia impuesta por el marco regulatorio de tener un operador técnico, que no sólo aporte la pericia necesaria para administrar el servicio sino que tenga imputabilidad en caso de una eventual deficiencia grave. Para Dolphin esto no es problema, ya que el managemet estará en mano de los argentinos que van a ocupar lugares claves en el directorio, empezando por el área financiera y comercial.
Cuando el ente regulador y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia avalen la operación, Mindlin iniciará formalmente el proceso de reestructuración de la deuda con los fondos (presuntamente buitres) a los que debe la distribuidora y con quienes ya tomó un contacto preliminar. Para ello, cuenta con una ventaja indiscutible que, para el mercado, le ha dado también preeminencia respecto de otros potenciales compradores: EASA, sociedad madre controlante de Edenor, le debe a él mismo unos 90 millones de dólares.
Con esta operación, Dolphin tendrá participación en los tres segmentos del negocio eléctrico, ya que en la actualidad tiene el 7,35 de Hidroneuquén, controladora de la usina Piedra del Aguila, y el 32,5 por ciento de la transportadora Transener. Como la legislación actual impide tener el control en más de un área, el fondo argentino desistirá de aumentar su capital en esta última empresa, abriendo las puertas para que la estatal Enarsa pueda concretar su sueño de asociarse en el manejo de esa compañía cuando Petrobras se desprenda de parte o todo su paquete.
Justamente, su intervención en Transener le dio una buena expertise a la hora de renegociar pasivos, aunque el propio Mindlin reconoce que resultará difícil replicar en Edenor el esquema que logró con la transportadora, por el que se consiguió una quita cercana al 50 por ciento y plazos de pago que se extienden hasta el 2016. Cuando termine este proceso y las acciones se revaloricen, la intención es que Edenor también pueda cotizar en Bolsa.
Más allá del lastre financiero, las condiciones generales de la distribuidora eléctrica no parecen demasiado desalentadoras. Según asegura la compañía, a pesar de las restricciones en el plan de obras, en 2004 habría tenido el mejor registro en la calidad de la prestación, medido por la baja frecuencia de los cortes. Pero lo más prometedor son los términos de la renegociación del contrato, que Mindlin estaría dispuesto a firmar en las condiciones propuestas por la Unidad de Renegociación, y que son iguales a las que ya aceptaron otras distribuidoras. Según esas pautas, la sociedad en la que los trabajadores tienen el 10 por ciento a través del programa de propiedad participada podría tener en el corto plazo un aumento del 23 por ciento en el Valor Agregado de Distribución, que se traduce en un aumento del 15 por ciento en las tarifas de usuarios no residenciales y en un incremento de más de 200 millones de pesos anuales en la caja de la compañía.
A esto se sumaría un nuevo incremento el año próximo, para cuando se aliste la denominada “revisión tarifaria integral”. Entre una y otra suba podría haber otro retoque, ya que la propuesta oficial incluye una cláusula por “mayores costos”, reaseguro muy importante para preservar la salud del negocio de las privatizadas y que ha sido reclamado por las empresas.
La otra gran incógnita a develar es qué hará EDF con su multimillonaria demanda presentada ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, ante el cual reclamó a la Argentina por los perjuicios que le habría ocasionado la pesificación y congelamiento de sus tarifas. Para firmar un nuevo contrato debería deponer la demanda, aunque sea en los términos más light de suspender ahora y renunciar el año próximo, como Edelap y Edesur. O bien Mindlin debería aceptar la denominada cláusula de indemnidad, que lo obligaría a pagar a su socia EDF una eventual indemnización, en caso de que hubiera un laudo a favor.