La SIDE envió a la Justicia sus archivos de inteligencia sobre los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los documentos ya están en el Tribunal Oral Nº 7 a disposición de los abogados de las víctimas y de los acusados. Sin embargo, fueron enviados con restricciones para su uso que contradicen el sentido de un juicio oral y público, básicamente, porque la información –según la SIDE– deberá mantenerse en secreto. Los abogados se quejaron de que podrán leerla, pero no usarla para interrogar a los testigos, ni mencionarla en las audiencias, ni en los alegatos. “¿Para qué serviría entonces su desarchivo?”, preguntó ayer Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Sobre esta base, los querellantes plantearon a los jueces que levanten tales limitaciones.
Los documentos fueron desarchivados mediante un decreto presidencial a fines de mayo. Los datos, explicó a Página/12 el abogado del CELS, sólo podrán ser vistos por los letrados acreditados en la causa, quienes no podrán sacar fotocopias ni tomar notas, según les informó el tribunal. En el momento en que vean el material se labraría un acta, advirtiéndoles sobre la obligación de guardar en secreto aquello que conozcan. “Estas restricciones son incompatibles con el decreto de Kirchner que ordenó la apertura de los archivos”, consideró Borda.
Ayer, al dar a conocer estas condiciones, los jueces Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán mencionaron los artículos 16 y 17 de la ley de Inteligencia. Allí se establece que los documentos de la SIDE tengan una clasificación (como secretos, confidenciales, reservados o públicos) que debe mantenerse aun en el caso de ser enviados a la Justicia. “Las autoridades judiciales” y las “personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información (...) deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad”, dice la ley. La violación de este deber es considerado un delito.
El planteo a los jueces para que la información sea de uso público tuvo la adhesión del fiscal Bernardo Schell e incluso la del defensor del principal acusado, el comisario Alfredo Fanchiotti. Los jueces darán a conocer su respuesta en la audiencia del próximo lunes.
Sobre el contenido de los archivos no trascendió prácticamente nada, sólo que el material consta de unas 150 fojas. Nadie sabe cuál es su valor en el esclarecimiento del caso. De todas formas, los abogados quieren leerlo para estructurar las preguntas que les harán Eduardo Duhalde y sus ex colaboradores, quienes deben comenzar a declarar el 7 de julio.
Duhalde, el entonces secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, quien fue su par bonaerense Luis Genoud y los antiguos jefes de la SIDE, Carlos Soria y Oscar Rodríguez, son los principales funcionarios citados. En los tribunales no se descarta que algunos de ellos pidan ser interrogados por videoconferencia en lugar de concurrir personalmente. Sin embargo, voceros judiciales comentaron que personal de la custodia de Duhalde visitó en los últimos días el tribunal para organizar los preparativos.